El segundo tribunal colegiado de Oaxaca resolvió en definitiva que los indígenas triquis de la comunidad de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, deben regresar a sus casas. La sentencia del amparo en revisión ya causó ejecutoria, por lo que autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a cumplirla y terminar con el desplazamiento forzado de que esas personas fueron víctimas desde hace cuatro años, afirmó el abogado Antonio Lara Duque.

La sentencia ratificó la determinación que en julio de 2023 emitió un juez de distrito en la que ordenó a los tres niveles de gobierno elaborar un plan de solución concreta, plazos definidos, con colaboración interinstitucional e intergubernamental para restituir los derechos de los afectados, una parte de los cuales fueron obligados a vivir en comunidades cercanas en la región triqui y otra en la Ciudad de México.

En conferencia, el abogado señaló que la restitución de derechos se debe realizar con pleno respeto a la cultura y tradiciones de los indígenas, garantizar la participación de representantes de la comunidad en el diseño del plan de retorno y llevar a cabo una serie de acciones, entre ellas, un censo de desplazados, su incorporación al Registro Nacional de Víctimas y que se les dé prioridad por sus condiciones de vulnerabilidad.

También se deberán aplicar medidas para garantizar que no se repetirán agresiones que los obliguen otra vez a salir de su lugar de origen.

El litigante enfatizó que el amparo en revisión 597/2023, les fue notificado el 4 de noviembre y con esta instancia se agotaron los mecanismos de impugnación. Las autoridades ya deben tener conocimiento de ello. No obstante, nadie se ha acercado a los indígenas triquis para informar el mecanismo a seguir para cumplir con la sentencia.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tuvo conocimiento del caso y emitió medidas cautelares que siguen sin cumplirse. Por el gobierno federal son responsables la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el comandante de la Guardia Nacional. Por el nivel estatal, el secretario general de gobierno y el munícipe de Santiago Juxtlahuaca.

Lara Duque puntualizó que aunque la demanda de amparo fue presentada por un grupo de los desplazados, la sentencia beneficia a la totalidad de la comunidad triqui de Tierra Blanca.