Los dueños de inmuebles destinados a uso habitacional cuyo valor catastral sea mayor a 4.5 millones de pesos deberán presentar ante la Secretaría de Administración y Finanzas, a más tardar el 30 de junio de este año, una declaración informativa sobre el estado que guardan los mismos, es decir, especificar si están habitados y la modalidad de ocupación.

Se trata de la nueva disposición que en diciembre del año pasado aprobó el Congreso capitalino en el artículo 132 del Código Fiscal, el cual, de acuerdo con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, tiene como propósito actualizar el pago del impuesto predial.

Ayer, en la Gaceta Oficial, la Secretaría de Administración y Finanzas emitió los lineamientos generales que regirán para la presentación de esta declaración informativa, la cual ha causado polémica tras los dichos de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes aseguran que esta medida pone en riego la propiedad privada, la seguridad y la intimidad de las personas, lo que ha sido rechazado por Morena.

Contrario a las declaraciones de los panistas, quienes señalan que los que no presenten esta declaración se harán acreedores a multas de hasta 10 mil pesos, los lineamientos especifican que no se aplicará ninguna sanción, e incluso en el formato se habilitará una opción para que los contribuyentes puedan manifestar su negativa a compartir la información solicitada.

En el formato se pide a los propietarios que especifiquen si el inmueble se encuentra ocupado, y de ser así, si es por el dueño, por familiares o amigos, y señalar si está prestado o rentado.

De acuerdo con diputados de Morena, esta disposición sólo involucra a 3 por ciento de las 2.5 millones de cuentas catastrales que existen en la Ciudad de México, es decir, alrededor de 75 mil inmuebles que tendrían un valor catastral mayor a 4.5 millones de pesos.

Se protegerán datos

La Secretaría de Administración y Finanzas aseguró que los “datos personales recabados serán incorporados, protegidos y tratados en sus sistemas conforme a las disposiciones fiscales y en materia de protección de datos personales.

En el documento explica que se consideraron los inmuebles de uso habitacional con ese valor porque representan una actualización menor en los registros catastrales frente al universo de los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial, y por ser en dichos inmuebles donde se presenta el mayor cambio de uso de suelo en la Ciudad de México.

En el Congreso capitalino, el PAN presentó una iniciativa para derogar dicha disposición al asegurar que ésta permitirá al gobierno imponer un comunismo autoritario de vivienda social para quitar sus propiedades a personas de clase media para regalarla a otras que no estudian ni trabajan, lo mismo que hicieron en Venezuela.