Ha pasado ya un año desde que Maha Schekaiban se vio forzada a alejarse de sus hijos por la batalla legal contra su ex esposo Bernardo Vogel, que aún no se ha resuelto. Ya pasaron los cumpleaños de mis cinco niños. Como tengo una orden de restricción no pude mandarles ni una felicitación ni un regalito. Cualquier intento de comunicación de mi parte me puede llevar a la cárcel, lamenta.

En febrero del año pasado, en pleno proceso de divorcio, Maha Schekaiban y Bernardo Vogel acudieron a la Fiscalía para Delitos de Violencia Intrafamiliar con un día de diferencia. Se hicieron acusaciones mutuas de episodios de violencia contra los cinco hijos de ambos.

En el trayecto judicial recorrido durante un año entre fiscalías y tribunales, las denuncias interpuestas contra Schekaiban por Vogel, empresario de la élite acerera con importantes nexos en la política y el poder mediático, avanzaron rápidamente. En apenas tres meses la carpeta se judicializó.

Por el contrario, las denuncias de ella contra Vogel no prosperan. La primera audiencia contra él fue programada para el 4 de diciembre. En cinco ocasiones se ha postergado.

Los abogados de Vogel son de los bufetes Román Salazar y Jaime Guerra y Asociados, defensores de importantes corporativos. En las diligencias lo representa Carla Pratt, abogada de Juan Vera Carrizal, culpable del intento de feminicidio con ácido sulfúrico contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos.

Jueces al mejor postor

La primera denuncia penal por violencia familiar extrema ocurrió el 22 de enero de 2024. En medio de una disputa familiar, Bernardo Vogel sujetó a su esposa e incitó a una de sus hijas a golpearla de tal modo que hasta se le desprendió la uña de un pie. Así se abrió la primera carpeta de investigación contra el ex esposo por maltrato físico y sicológico contra los menores (carpeta CI-FDIVF/75/UI/75/D000369/01-2024).

Al día siguiente, Vogel no llevó a sus tres hijas mayores a la escuela, sino a la Fiscalía para Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (FIDCANNA) para que denunciaran a su madre (carpeta CI-FIDCANNA/59/UI1C/D/00267/01.2024). La defensa sostiene que en sus declaraciones está clara la manipulación, la interferencia parental, la siembra de recuerdos falsos y las omisiones en la evaluación sicológica de las menores.

En sus demandas Maha Schekaiban refiere que episodios de los niños fuera de sí agrediéndola se repitieron, al grado de que la madre tenía que encerrarse en el closet. En varias ocasiones, Vogel violó la orden judicial de restricción (que puede ser causal de detención).

A raíz de la denuncia de la madre, el juez de lo familiar Juan Miguel Morales le había concedido la guardia y custodia el 15 de enero. Pero el 20 de febrero resolvió lo contrario, otorgando la custodia a Vogel, sin seguir el protocolo dictado por la Suprema Corte de Justicia y desconociendo la situación de interferencia parental. Es lamentable que haya jueces que resuelven a favor del mejor postor.

En medio de la disputa

Poco antes, el 14 de febrero, los Vogel se hicieron acompañar de un agente del Ministerio Público, una trabajadora social y tres policías. Con una orden de la fiscal para violencia intrafamiliar Rosalba Barrera hicieron que los cinco niños salieran de su departamento y de ahí se los llevaron al albergue de la agencia 59 de la fiscalía capitalina, donde los tuvieron retenidos durante dos días. Fueron horas traumáticas para los menores.

Maha denuncia que los Vogel pagaron por debajo de la mesa 100 mil pesos por cada niño para poder sacarlos de su casa. Y luego tuvieron que volver a pagar para que los entregaran. Finalmente quedaron en poder de los abuelos Vogel. Les han hecho creer que se los llevaron detenidos por culpa de su mamá.

El juez Morales había requerido del padre la entrega de los pasaportes de los niños para evitar que fueran sustraídos del país. Los chicos tienen doble nacionalidad, mexicana y estadunidense. Vogel sólo entregó los pasaportes mexicanos. El 23 de marzo los llevó de viaje a Los Ángeles. Esto también sería causal de detención.

Una vez que un juez determinó quitarle a la madre la guardia y custodia de sus hijos, el juzgado ordenó encuentros periódicos bajo supervisión en el Centro de Convivencias Familiares Supervisadas (Cecofam) de la fiscalía capitalina. Al primero, en abril, el padre no llevó a los niños. Al segundo, 29 de junio de 2024, Vogel llegó 40 minutos tarde. Lo ocurrido fue muy doloroso para Maha. En cuanto vieron a su mamá, las niñas y el pequeño no podían hablar sino a gritos, reclamándole a la mamá que les devolviera sus cosas y sus pasaportes, que están en poder del padre.

El menor no quiso ni voltear a ver a su mamá. Maha refiere que el pequeño es el más afectado y que desde que empezaron la crisis y la ruptura de la familia padece enuresis diurna, lo que provoca violentos regaños del padre, que ha evitado llevarlo a un terapeuta que diagnostique las causas.

Los especialistas del Cecofam que analizaron la sesión dictaminaron que la reacción de los menores frente a la mamá fue de una animadversión total sin ambivalencias y consiste en una prueba tangible de la interferencia familiar. Ordenaron de urgente resolución terapia para los cinco niños. El padre se ha negado.

La última vez que la madre los vio fue el 27 de agosto, durante la audiencia para ver la judicialización de la carpeta abierta por Bernardo Vogel en su contra (001/1255/2024). Fue presidida por el juez José Alfredo Sotelo, quien desechó todas las pruebas de descargo de la acusada, incluidos los videos que sostienen la acusación de interferencia parental, las declaraciones de testigos, las periciales y diversos dictámenes.

“Con frecuencia los niños repetían las mismas palabras en términos no usuales en el lenguaje infantil, como referir en cada una de sus declaraciones el mismo fraseo. Ejemplo: “Después del verano…”. El juez preguntaba a los niños si querían ir a vivir con el papá o con la mamá que como ustedes saben, está malita de la cabeza y del corazón. En su fastidio, una niña reaccionó: ‘Eso ya te lo dije ayer’, con lo que quedó en evidencia de qué manera ilegal el juez, el padre y los abogados se habían reunido con los niños un día antes para aleccionarlos.

La audiencia duró 22 horas. De 16 hechos de presunta violencia de parte de la madre, sólo se sostuvieron tres. La carpeta fue judicializada y a ella se le impusieron estrictas órdenes de restricción y la obligación de ir a firmar cada mes a Santa Marta Acatitla. Me advirtieron: una sola acusación de que intentaste comunicarte con ellos te lleva directo a la cárcel.

Maha denuncia que en la fiscalía nunca se le permitió a su defensora presentar datos de prueba contra el violentador. Ella solicita que se realice un dictamen del área de sicología del Centro de Investigación Victimológica de la fiscalía para determinar si el padre tiene perfil de persona generadora de violencia y si ella padece afección sicoemocional por los actos de violencia ejercidos por el ex esposo.

Al momento de judicializar la carpeta en contra de la ex esposa no se habían cumplido estas diligencias. Con ello se coarta mi derecho a justicia, a la debida defensa y a ser juzgada con perspectiva de género.