a reforma judicial, realizada bajo el supuesto no demostrado de una corrupción general en jueces y magistrados, y con la intención de lograr una nueva generación de juzgadores purificados a través del voto popular, bajo la premisa de que todos los candidatos a ser votados cumplen con el requisito de honestidad y capacidad, sigue sin ser convincente ante las problemáticas derivadas de las listas de candidatos para jueces, magistrados, ministros, consejeros e integrantes del tribunal de disciplina.

Ya desde los listados iniciales de recepción de solicitudes revisadas se documentó que muchos candidatos no reunían los requisitos indispensables para presentar petición. Ahora las listas de los posibles juzgadores a ser votados este año, siguen sin mostrar transparencia ante la repetición de varios candidatos para distintos puestos, como si hubiera una intención política de que obligadamente quedaran de una u otra forma dentro del aparato judicial, donde el tribunal de disciplina indirectamente realizará las funciones de señalar cuáles son los caminos idóneos bajo el supuesto respeto al interés público. El hecho de que varios candidatos sigan trabajando en el consejo de la judicatura federal, aparenta el ejercicio adelantado del tribunal de disciplina. A diferencia de los jueces y magistrados que rechazaron participar en la votación y renunciaron o se jubilaron, quienes desean participar, pero no laboran dentro de la judicatura u órganos jurisdiccionales federales, se encuentran en condiciones inequitativas respecto de quienes siguen en funciones, al no poder negociar políticamente aquellos desde una posición de poder, como sí tienen quienes siguen trabajando. Además, varios nombres son fácilmente asociables a los factores de poder detrás de la reforma (Zaldívar, etc.): amigos, parientes, exempleados o quienes son parte de ciertos grupos políticos al interior del partido oficial. También hay personas que aparecen en los listados y que han salido a aclarar que ni siquiera presentaron papeles: un desaseo también observable en la diferencia entre senado e INE. Hasta el momento sigue la percepción de que, más que limpiar una corrupción supuestamente orgánica, como si Zaldívar lo hubiera intentado, pero hubiera fallado (o querido fallar) al presidir la suprema corte de justicia de la nación y el consejo de la judicatura federal, en realidad se trata de una maniobra política para quitar obstáculos a un proyecto de país donde resulta más fácil remover adversarios que hacer bien las leyes y su aplicación para impedir que los jueces retarden transitoriamente su aplicación.

Parte de esta maniobra política puede advertirse en el hecho de que no se ha pagado la indemnización prevista en la reforma judicial para aquellos jueces y magistrados que, pudiendo haber participado en las votaciones decidieron no hacerlo: 3 meses de salario y 20 días de sueldo por cada año trabajado. Pago que debió hacerse antes de los largos trámites de jubilación y pensión. Si el impedimento para pagar son las suspensiones de amparos promovidos contra la reforma judicial, el consejo de la judicatura federal debería establecer la diferencia entre un derecho directamente surgido de la constitución federal (la impuesta supremacía constitucional) y la entrega de recursos regulares. La citada indemnización es un pago único, casi una promesa para convencer a los indecisos que valía la pena dejar el camino libre a los nuevos juzgadores afines a la 4t, pero, una vez obtenida la renuncia de esos juzgadores, casi como una burla, no habrá pago.

Si en otros temas, como la diferencia entre el tribunal electoral y la suprema corte sobre el cumplimiento de suspensiones, el presidente del senado estableció que lo que diga la corte es irrelevante, parece ser que ese desliz corresponde a la intención de la actual administración: hacer irrelevante el cumplimiento de las propias disposiciones constitucionales aprobadas por el partido en el poder siempre que sus destinatarios sean los jueces y magistrados que en el anterior sexenio causaron molestias a políticos y legisladores. Les resulta irrelevante cumplir su palabra con quienes les son ajenos.