La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que en la Cuenta Pública 2023 está pendiente aclarar el destino de 51 mil 900 millones de pesos; de ese monto, 80 por ciento corresponde a estados y municipios. Sólo del tercer informe parcial de la fiscalización de ese año, entregado ayer a la Cámara de Diputados, las irregularidades suman 43 mil millones, casi el doble que en el tercer informe de 2022, cuando ascendieron a 23 mil millones.

La oposición exigió al auditor que las observaciones de la ASF se traduzcan en acciones, y David Colmenares aseguró que ha hecho lo posible por prevenir irregularidades. Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México respaldaron al funcionario.

La ASF presentó a la Comisión de Vigilancia los resultados de mil 623 auditorías realizadas a los tres poderes, organismos autónomos y gobiernos locales.

En su intervención, Colmenares Páramo atribuyó el aumento de los montos pendientes por aclarar, particularmente en los estados y municipios, a la mejora de los procedimientos de auditoría y al uso de tecnologías de información, entre ellas la inteligencia artificial.

Las auditorías presentadas por la ASF se suman a las 746 que fueron entregadas junio y octubre pasados, para un total de 2 mil 369.

Entre los principales hallazgos, el informe señala que de los 43 mil millones de pesos presuntamente usados de manera irregular, 22 mil 700 millones de pesos corresponden a las entidades federativas y 15 mil 800 a municipios y alcaldías.

En tanto, en el sector público federal está pendiente de aclarar el destino de 8 mil 599 millones de pesos; 80 por ciento de este monto corresponde a probables irregularidades en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, entre otras instituciones.

También se detectaron inconsistencias por más de 900 millones de pesos en 139 instituciones de educación superior.

Durante esta tercera etapa de fiscalización, la ASF recuperó más de 930 millones de pesos, para un total de 27 mil millones de pesos devueltos durante la gestión de Colmenares Páramo. Este monto supera en 156 por ciento el presupuesto otorgado a esa institución.

En materia de auditorías forenses –que buscan posibles prácticas de corrupción–, la ASF realizó 29 revisiones especializadas a entes históricamente no auditados con esta profundidad, incluidos Liconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, e identificó que no se ha aclarado el destino de más de 6 mil millones de pesos.

CDMX y Querétaro, sin observaciones

El informe también reconoce el desempeño de algunas entidades federativas en transparencia y rendición de cuentas. Destaca que Querétaro y la Ciudad de México –entonces gobernada por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum– no tuvieron montos por aclarar.

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional pidieron al auditor que inicie y dé seguimiento a los procedimientos legales y administrativos para sancionar irregularidades.

Ante las críticas de legisladores de oposición, Colmenares aseveró: Cumplimos con nuestra labor con absoluta imparcialidad y con apego a la legalidad, y así es como lo seguiremos haciendo porque coincidimos en que la transformación de nuestro país exige un compromiso profundo con la honestidad, la rendición de cuentas y la justicia.