Editorial
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Deportaciones: camino al fracaso
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l director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Caleb Vitello, fue reasignado a la supervisión de todas las operaciones de campo y policiales de la agencia debido a la molestia del presidente Donald Trump con el bajo ritmo de deportaciones de inmigrantes indocumentados alcanzado hasta ahora. Durante su primer mes en el cargo, el gobierno del magnate deportó a 37 mil 660 personas, mucho menos que el promedio de 57 mil expulsiones mensuales del último año completo de su antecesor en la Casa Blanca, Joe Biden. A este paso, le tomaría más de cuatro décadas deportar a los 20 millones de personas que, según él, residen en Estados Unidos sin contar con los permisos requeridos.

El fracaso del republicano en su obsesión por expulsar a todos los hombres, mujeres y niños que envenenan la sangre de Estados Unidos revela tanto la complejidad de la tarea en sí misma como el voluntarismo extremo que le lleva a ignorar las complicaciones o les requerimientos que se interponen entre él y sus deseos. Asimismo, la destitución de Vitello es característica de la costumbre trumpiana de sacrificar a sus subordinados a fin de encubrir sus propias fallas; el funcionario degradado poco podía hacer ante el hecho de que el ICE tiene en estos momentos 41 mil 100 detenidos con un tope de financiación para albergar a 41 mil 500, una limitación logística señalada desde hace meses pero que, al parecer, Trump consideró irrelevante.

Sin embargo, el problema más profundo con la política del magnate no es su fracaso, sino el daño que ya está haciendo y el que podría hacer si llegara a coronar su objetivo con éxito. No se trata únicamente de consideraciones humanitarias, que tienen sin cuidado a Trump y a sus simpatizantes, sino de cuestiones prácticas que atraviesan la economía, la geopolítica, la legalidad y la subsistencia misma de la institucionalidad democrática. Las deportaciones masivas, que además están acompañadas por el cierre de todas las vías a la migración legal de personas no blancas, impactan a la economía estadunidense de múltiples maneras: desvían al cumplimiento de un delirio xenofóbico recursos que podrían emplearse en educación, salud, ciencia, tecnología o, simplemente, en reducir el colosal déficit público; privan al Estado de los 96 mil 700 millones de dólares que los inmigrantes indocumentados pagan cada año en impuestos federales; privan a sectores como la construcción, la agricultura y los restaurantes de su fuente principal de mano de obra; eliminan a millones de consumidores de los cuales se beneficia todo tipo de empresas, entre otras afectaciones. El repunte de la inflación en el primer mes del año es una clara muestra de la contradicción irresoluble entre la promesa trumpiana de atajar el alza de los precios y la expulsión de quienes permiten a las compañías un incalculable ahorro de costos al aceptar salarios menores a los que deben pagarse a los ciudadanos.

Dado que el número de personas que cruzan de manera irregular la frontera entre México y Estados Unidos ha caído de forma drástica en los meses recientes, la detención y deportación tenderá a centrarse en personas que han vivido durante años e incluso décadas en el país, lo cual significa sustraer de las comunidades a trabajadores que se encuentran altamente capacitados en sus labores, se han integrado en sus comunidades, han formado familias y, en suma, son tan estadunidenses como quienes detentan oficialmente la nacionalidad. En su afán de ir por ellos, el magnate está doblando o de plano ignorando las leyes hasta un extremo que pone a prueba al aparato de impartición de justicia y a la vigencia misma del orden constitucional, ya dañados por la inocultable deriva oligárquica del último medio siglo. Está por verse si Trump consigue cumplir sus promesas fascistoides, pero queda claro que con sólo intentarlo ya ha acelerado la decadencia de la que dice salvar a su país.