ejar a los municipios como únicas divisiones interiores de los estados de la República debilitó sobremanera la fortaleza y la influencia de los habitantes de fuera de las capitales de las entidades federativas y las poblaciones de mayor tamaño, lo que obligó, para paliar su debilidad, a la creación de entidades un tanto extrañas e imprevistas por las leyes constitucionales, siempre y cuando no hubiera desobediencia a las autoridades del centro.

De tal manera tan sólo las poblaciones que tenían buenas condiciones particulares se desarrollaron más o menos bien.

Incluso se ha evitado definir claramente la mayor parte de los límites municipales para que las controversias territoriales entre unos y otros dificultaran su fortalecimiento.

Sin embargo, el crecimiento, aunque fuera limitado, muchas veces ha incrementado los problemas y no puede esperar mucho tiempo antes de que se aclaren las dudas sobre los límites municipales, pero con el poco entusiasmo de las autoridades estatales es de preverse que pronto habrá más motivos entre ciudadanos que deberían de caminar de la mano para colaborar entre ellos y no dar pie a más discrepancias.

Pero también es importante que quienes coadyuven a solventar los debates territoriales lo hagan con conocimiento de causa y no se encarguen de ello quienes desconocen el territorio, como suele suceder.

Por otro lado, el creciente respeto de las comunidades indígenas, cuyos usos y costumbres habitualmente no tienen nada que ver con la organización territorial municipalista que les impuso la Revolución, está planteando la conveniencia de que la división política municipal tenga sus asigunes como designan los propios naturales, hábitos y leyes ancestrales que se contraponen a muchas de las normas que emanan de la Constitución de 1917.

No se trata de ser subversivo ni de emprenderla sin más contra la legislación vigente, todo lo contrario, de lo que debería de tratarse es de aceptar algunas variantes en función de preceptos no escritos que le dan 10 y las malas a la antigüedad de nuestra Carta Magna.

Imponer por completo el respeto de la legislación constitucionalista y mayoritaria en el país no debería convertirse en un precepto absoluto que avasalle sin más los usos y costumbres que, como queda bien claro, no han sido borrados ni por 300 años de avalancha española, ni 200 de gobierno nacional autónomo...

El respeto al derecho ajeno es la paz es un principio que recordamos con frecuencia, pero tal parece, en muchas ocasiones, que hay ajenos que no merecen ser respetados porque hay un velado racismo que, no por el hecho de que se resiente menos en el México urbano, no parece preocupar ni a tirios ni a troyanos.

¡Aguas! Hay comunidades indígenas que están prontas a respingar a como dé lugar, pues aunque sea de a poquito han ido adquiriendo conciencia de sus posibilidades y derechos, a pesar de que su entorno blanco y civilizado se haya esmerado en darles generosas raciones de atole con el dedo.

La Sierra Madre al norte de Jalisco y oriente de Nayarit es un caso probable. Puedo afirmarlo porque no es tierra ignota para mí, pero me sospecho que en otros parajes del sureste mexicano donde la presencia indígena es mayor y más nutrida, las cosas pueden resultar parecidas, pero de mayor magnitud. Creo que ya empieza a percibirse el hado de la añeja inconformidad.

Piénsese que, además, el mundo del narcotráfico está penetrando a sus anchas en comunidades que, si no han sido respetadas y respaldadas por el resto de los mexicanos decentes, tampoco tiene razón de ser que se espere de los nativos o pobladores originarios se solidaricen con la justicia, la moral y la conveniencia de la mayoría de los mexicanos.