Madrid. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acordó con la derecha del independentismo catalán de Junts per Catalunya (JxCat) el reparto de unos 4 mil 400 menores extranjeros no acompañados (menas), en su mayoría de origen marroquí y que se encuentran concentrados la isla del Hierro (en las Canarias) y en Ceuta.

El pacto provocó una intensa polémica, en la que derecha y la extrema derecha advirtieron que, como fue el caso de la Comunidad de Madrid, presidida por la derechista Isabel Díaz Ayuso, presentará un recurso ante la justicia.

Las Islas Canarias llevan reclamando desde hace más de un año la resolución de un problema que empeora cada día: la situación de los más de 4 mil menas que viven en sus centros de acogida, saturados y sin personal suficiente para atenderlos. Muchos llegaron a España después de una larga travesía en el mar, en la que perdieron a sus familiares y quedaron huérfanos.

El gobierno canario, presidido por Fernando Clavijo, del partido nacionalista Coalición Canaria, ha exigido en los últimos meses una solución, sobre todo por el rechazo de las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular, que son la mayoría del país, 12 de las 17. El reparto se llevará a cabo en los próximos días, una vez que se publique la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado.

El PSOE y JxCat anunciaron un acuerdo para el reparto de los menores en el que Madrid y Andalucía acogerán a la mayoría, 806 y 786, respectivamente, mientras Cataluña asumirá la tutela de 26 y el País Vasco de 84. Los demás se distribuirán en el resto de las regiones, a pesar de las críticas de la mayoría tras definirse el reparto a través de un acuerdo entre dos partidos políticos y por la vía del decreto ley.

Actualmente en España hay 16 mil 163 menas, que, en función del acuerdo del gobierno con el independentismo catalán, tendrá en cuenta para el reparto desde el número de menores por población, la renta bruta per cápita, la tasa de desempleo o el gasto en la atención a personas menores no ­acompañadas.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y ex presidente canario, apeló a la solidaridad equitativa para defender este acuerdo, al sostener que estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor.

Lastre para todos

La reacción de la derecha y la extrema derecha española fue furibunda y anunciaron que harán todo lo posible para impedir que ese reparto de menores se lleve a cabo. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, advirtió que llevará [el tema] ante los tribunales y la Unión Europea, ya que –aseguró– la política migratoria de (el presidente del gobierno Pedro) Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias.

La ministra de Sanidad, Mónica García, acusó a Díaz Ayuso de racismo y xenofobia y la señaló porque se ha echado en brazos nuevamente de la ultraderecha y la internacional reaccionaria y ha dicho que los va a hacinar como los tiene hacinados en un centro de Fuenlabrada, como si fuera una especie de castigo, y saltarse los derechos humanos de estos niños y niñas sólo tiene una palabra: racismo y xenofobia.