e acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hasta el miércoles pasado 5 mil 391 personas trabajaban para extinguir 124 conflagraciones en el país, de las cuales 34 afectan áreas naturales protegidas distribuidas en 28 estados. Sólo en Morelos, hay 17 zonas afectadas por el fuego, incluido el Parque Nacional El Tepozteco, donde 350 brigadistas y cuatro helicópteros participaron en las labores para contener las llamas que han consumido más de mil hectáreas de esa área boscosa azotada por fuegos recurrentes.
El lunes, el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl sufrió un incendio de pastizales que se reavivó de manera continua debido a fuertes vientos, los cuales también desplazaron la columna de humo hacia Chimalhuacán, La Paz y la alcaldía capitalina de Iztapalapa, empeorando la calidad del aire en el oriente del área metropolitana.
El gran número de incendios forestales, los estragos que han causado y las dificultades experimentadas para extinguirlos ponen de manifiesto que el marco institucional se encuentra rebasado por un fenómeno que, según todas las previsiones científicas, se agravará año con año a causa del cambio climático y sus efectos, como las severas sequías que afectan porciones crecientes del territorio nacional. Por ello, se hace indispensable la creación de un organismo que tenga como función exclusiva la prevención, detección temprana y extinción de las conflagraciones que destruyen la menguante cobertura vegetal de la que México no se puede dar el lujo de prescindir.
Los esfuerzos desplegados en El Tepozteco ejemplifican la dispersión de estas funciones entre las más dispares instancias, con lo que ello conlleva en términos de retrasos logísticos y de coordinación interinstitucional: las cuatro aeronaves enviadas para sofocar las llamas pertenecían a diferentes dependencias; la Guardia Nacional, la Marina, la Comisión Nacional del Agua y la Fuerza Aérea Mexicana.
Aunque es loable la suma de esfuerzos, no cabe duda de que las acciones y resultados se verían optimizados si el despliegue material y humano tuviera un mando único altamente especializado y capacitado en esta tarea específica. Otro saldo positivo de contar con un organismo encargado del manejo de las conflagraciones radicaría en aliviar la presión sobre instancias ya sobrecargadas de labores y no necesariamente aptas para esta tarea, como las ya mencionadas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Para lograr los objetivos señalados no bastaría con crear una nueva entidad, sino también es insoslayable reforzar la educación y la concienciación a fin de que los ciudadanos se hagan corresponsables en evitar el inicio de incendios ocasionados por el hombre, sea por negligencia o de manera dolosa. En este sentido, se precisa un marco legal que quite todo incentivo a quienes incineran áreas forestales con el propósito de ampliar las fronteras agrícolas, urbanas o turísticas. Lo que está claro es que la indolencia no tiene lugar ante siniestros que dañan el medio ambiente, la salud humana, el proceso de recarga de los acuíferos y, en general, degradan la habitabilidad del país.
