Janine Otálora, magistrada de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseveró que toca a la sociedad civil ir impugnando en tiempo y con la fuerza necesaria para que estos vicios de la elección judicial no se repitan en 2027.

Durante la inauguración de los Diálogos con la Defensoría Electoral hizo referencia a la discriminación que en este proceso sufrieron grupos vulnerables –por ejemplo, los invidentes– así como de las personas en prisión preventiva y mexicanos en el exterior, quienes tampoco pudieron sufragar.

Señaló que si bien presidirá la Suprema Corte una persona indígena, es una entre 800 y pico de cargos disputados el pasado 1º de junio. Y ahí hay que decirlo: la justicia electoral fracasó para crear una elección judicial que fuese realmente inclusiva y, por ende, un Poder Judicial incluyente de absolutamente todos los grupos sociales.

La magistrada mencionó que dentro de dos años no sólo se renovará la Cámara de Diputados, sino 19 gubernaturas, más ayuntamientos y congresos locales, por lo que sería un proceso excesivamente complejo sumar el mismo día las boletas para elegir a los juzgadores.

Señaló que hay distintos elementos a evaluar para el siguiente proceso y asegurar que no se quede fuera nadie, por ejemplo, las personas en prisión preventiva, en cuya votación el INE ya tiene experiencia y su incorporación sería un asunto viable.

Acciones afirmativas

También garantizar –desde las etapas iniciales, en los comités de evaluación– las acciones afirmativas, particularmente a favor de la diversidad de género y en general para todos los grupos vulnerables, para que se proteja su derecho a votar y ser votados.

Recordó que distintos grupos se quedaron fuera por falta de tiempo y recursos otorgados al INE, que pese a ello hizo un esfuerzo para cumplir con la encomienda. La democracia no se agota en las urnas, tampoco con la emisión del voto. Su solidez, justamente, se mide por la capacidad de garantizar que todas las personas sin distinción alguna puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales, dijo Otálora.

Aseveró que una elección no puede considerarse totalmente libre si no existen condiciones equitativas para competir ni tribunales imparciales que garanticen el respeto al sufragio.