Con un gasto promedio de 2.8 por ciento del presupuesto para el sector, el renglón de salud mental sigue rezagado en prevención y atención en las Américas, alerta la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Para los trastornos afectivos, de ansiedad y por consumo de sustancias en adultos, la brecha de tratamiento es de 77.9 por ciento, destaca, pese a que los padecimientos no dejan de crecer, en particular la depresión, así como las demencias, entre ellas, el Alzheimer. En 2020, sólo 18 por ciento de quienes tienen sicosis recibieron tratamiento.

Señala que América Latina y el Caribe presentan la prevalencia más alta de problemas de ansiedad y la segunda tasa más alta de trastornos depresivos de todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud.

En los países latinoamericanos, agrega, cada año mueren 100 mil personas por suicidio, lo que representa un alza de 17 por ciento desde 2000, mientras 8.2 por ciento de la población mayor de 15 años ya enfrenta trastornos por consumo de alcohol.

A esto se suma que del gasto promedio en salud mental regional, más de 60 por ciento se destina a hospitales siquiátricos, que suelen dar atención insuficiente en relación la demanda que crece, mientras los servicios de base comunitaria reciben insuficientes fondos.

Otro desafío es que sólo hay una media de 14.9 trabajadores de salud mental por cada 100 mil habitantes en Latinoamérica, lo que revela la necesidad de incrementar el número de profesionales capacitados para mejorar los servicios.

Por ello, destaca la necesidad de impulsar una atención integral de la salud mental desde la atención primaria pública. Para ello, indica, es necesario promover una cobertura de salud universal basada en el respeto a los derechos humanos y atención de los padecimientos de salud mental con evidencia científica.

Además, agrega, se requiere un enfoque multisectorial entre los campos de la salud, la educación, los sistemas de protección, la justicia y el sector privado, sin soslayar la necesidad de fortalecer la inclusión de las personas con trastornos mentales y discapacidades en la toma de decisiones sobre la atención y los servicios que se les ofrece.