arco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico y vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), del estado de Guerrero, murió el pasado 25 de abril, en un hospital. Fue baleado una semana antes, el día 18, en playa Icacos, del puerto de Acapulco, en la zona dorada del puerto, al concluir sus labores como prestador de servicios turísticos. Ocurrió a plena luz del día ante decenas de testigos, en un lugar público, con afluencia de turistas y prestadores de servicios, por lo que es inconcebible, que a dos meses, la fiscalía estatal no tenga resultados respecto a la identificación y detención de los responsables del atentado que causó la muerte de Suástegui.

Dicha instancia se limitó a realizar las primeras diligencias a que está obligada por ley. Tanto el consejo referido como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y sus familiares denuncian omisión y negligencia. Señalan que al gobierno de Guerrero no le importa que el caso de Marco Antonio haya recibido una condena unánime, al recordar que cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos a escalas nacional e internacional condenaron el homicidio del defensor comunitario.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, así como diferentes relatorías temáticas de la ONU, manifestaron su preocupación por la gravedad del caso. Y en un documento señalaron que “las autoridades esperan que sean los familiares los que señalen a algún sospechoso, que sean ellos quienes aporten elementos, dejando la carga de la investigación a las víctimas, haciendo cargar sobre sus hombros el peso del riesgo de los actores armados que atentaron contra el defensor y que pueden volver agredir a los familiares que declaren, máxime cuando la fiscalía ni el gobierno del estado han brindado medidas de protección ni creado un entorno seguro.

No permitiremos que el caso del líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui, quede en la impunidad. El olvido al que las autoridades apuestan será superado por nuestra enérgica protesta y exigencia de verdad y justicia.

Ante esta situación, han solicitado medidas cautelares para su familia y que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se comprometió a revisar la carpeta de investigación que integre para el caso la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) y gestionar la atracción ante la FGR.

Vale la pena destacar que, lamentablemente, los homicidios políticos como éste y tantos otros no son ejemplo de justicia y continúan en abierta impunidad. No significó protección el hecho de que él tenía medidas cautelares de la Corte Interamericana, pero nunca solicitó el gobierno del estado de Guerrero, acompañamiento policiaco ni tampoco solicitó que se le dieran algún tipo de medidas extraordinarias. Los comuneros ya realizaron su asamblea en Cacahuatepec y subrayaron que la lucha contra el proyecto hidroeléctrico La Parota, que la Comisión Federal de Electricidad pretende edificar en el río Papagayo desde hace más de dos décadas, sigue vigente, pues hoy día solamente se encuentra suspendido y ello como resultado de su lucha. Por lo que cerraron filas y concluyeron que el Cecop no está muerto, pues lo integran más de 47 comunidades y son y serán fieles a la herencia y ejemplo de su líder asesinado.

La agenda de impunidad en la entidad y otras regiones del país es muy amplia. Un caso cercano a Marco Antonio fue y es aún el de su hermano Vicente Suástegui, desaparecido el 5 de agosto de 2021. El pasado 7 de mayo numerosos comuneros se movilizaron bajo el grito de ¡todavía no encontramos a Vicente!, que es lo más importante; pues se tiene a cuatro imputados sujetos a proceso y, por testimonio de uno, se sabe que participaron en la desaparición de Vicente Suástegui, a quien entregaron en el hotel Tres Palos (Acapulco), pero de ahí en adelante se desconocen más detalles.

Y sin pretender siquiera una numeralia de impunidad, precisamente en estos días a tres décadas de la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron al gobierno federal que se reabra el caso y sea atraído por la FGR. Sin referirnos a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

Este caso, visto desde la tan defendida reforma judicial, coloca su deficiencia estructural, pues ignora otros elementos, como las fiscalías, procuradurías y defensorías que seguirán actuando sujetas a las circunstancias políticas del entorno de su investigación por lo que lo que reciben los jueces se constituye para ellos en su parámetro. Difícil que la PGR, si atrajera el caso, realice una investigación que dé cuenta del entorno político de un líder como Suástegui y del contexto que se vive en la entidad para los movimientos sociales opositores, como es el caso del Cecop.