Sin pasar por comisiones y en tres horas, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), que endurece las medidas contra el manejo ilegal de recursos financieros, compra de inmuebles y joyas, así como depósitos y gastos en tarjetas de crédito y débito.

La Cámara apresuró la discusión de la minuta que recibió del Senado y la envió al Ejecutivo, después de que Morena y sus aliados la aprobaron sin cambios, con 349 votos a favor, 38 del PRI en contra y 91 abstenciones de PAN y Movimiento Ciudadano.

Con la votación, el pleno ratificó las atribuciones de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra ese delito, en una medida que fue objetada por la oposición.

Buena parte del debate se centró en el alcance de la nueva definición de personas políticamente expuestas y que podrán ser investigadas con la sospecha de manejo irregular de fondos.

Con las modificaciones a la ley se define como persona políticamente expuesta, a aquella que desempeña o ha realizado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría (de Hacienda) establezca en reglas o disposiciones de carácter general.

Esto es, sostuvo la diputada Iraís Reyes de la Torre (MC), no sólo se trata de dar seguimiento a funcionarios públicos con cargos relevantes, sino también de personas cercanas, familiares, socios, allegados o incluso colaboradores, y cuando esa categoría se amplía sin límites claros se puede usar con discrecionalidad, y donde hay discrecionalidad sin vigilancia, hay riesgo de persecución política.

Para Morena, la reforma permitirá identificar a los verdaderos operadores del lavado de dinero.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, explicó que el seguimiento de los fondos que realice la Secretaría de Hacienda llevará a la identificación del verdadero dueño o, como se denominaba, el beneficiario controlador de la operación financiera, para que las transacciones no se escondan bajo nombres falsos.