El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá permitir al Ministerio Público Federal (MPF) y a comisiones de búsqueda consultar los datos biométricos de las personas desaparecidas o no localizadas, lo cual es uno de los principales retos del órgano tras la aprobación de las reformas en esta materia, que incluyen la creación de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con dichos datos, que por ley será el principal método de identificación de los mexicanos.

Ante ello, se encendieron las alertas en el instituto para determinar si esto afectará la actualización del padrón. Es tan delicado el tema que los consejeros solicitaron al Registro Federal de Electores realizar un estudio para determinar los impactos de la enmienda, principalmente sobre si los ciudadanos dejarían de estar interesados en actualizar su credencial de elector, pues ya no sería la identificación más aceptada.

Las modificaciones ocurren al mismo tiempo que el INE está por validar su estrategia de transformación digital, que tiene como objetivo modernizar la mica para votar, con miras para estar lista en 2026 y en la que incluso trabajan en una digital.

En la norma avalada el lunes en San Lázaro se establece que la CURP contará con datos biométricos, huellas dactilares y fotografía. También deberá contener nombre y apellidos de la persona, su fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de origen y nacionalidad. No se contemplan datos electorales.

Previo convenio, el INE permitirá a las fiscalías y a las autoridades encargadas de investigación de delitos a que se refiere el artículo 21 constitucional, en el ámbito de su competencia y actuando bajo la conducción y mando del MPF, así como a las comisiones nacional y locales de búsqueda, la consulta inmediata de los datos biométricos.

De esta forma, podrán verificar firma, huellas dactilares y fotografía, así como cualquier información identificativa y domicilio de los ciudadanos que obren en sus bases de datos y sus sistemas de información para las acciones de investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas, se indica en el artículo 12 de la reforma a la Ley General de Población, aprobada por el Congreso de la Unión.

En la misma legislación se subraya que para la integración de los datos biométricos que serán parte de la CURP, las autoridades de los tres órdenes de gobierno habilitarán en un plazo no mayor a tres meses, luego de la entrada en vigor de la reforma, los mecanismos necesarios que permitan la consulta, transferencia y validación de la información mediante la Plataforma Única de Identidad. No obstante, no se aclara si esa obligación incluye a órganos públicos autónomos.

Por su parte, el INE empezó la elaboración de un análisis del impacto de la enmienda que ya fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Durante una sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE, sus integrantes evidenciaron la incertidumbre que persiste e el instituto.

El representante de Morena ante esta comisión, Jaime Castañeda, pidió que se privilegie en el análisis el tema de la identidad como un objetivo superior. Recordó que se calcula que hasta 1.2 millones de personas de bajos recursos no tienen acceso a ésta, ya que no cuentan con algún documento. Son los objetivos superiores a los que nos debemos todos, subrayó.

Con el acuerdo ya pactado para iniciar el estudio sobre el impacto de la CURP, los consejeros solicitaron comparar, desde la salvaguarda de datos personales y las garantías de la identidad, en contraste con las que tiene el Registro Federal de Electores, como posible impacto en el interés de la población para tramitar su credencial para votar, al ya no ser la principal identificación.

Pidieron indagar si estos dos medios de identificación (CURP y credencial para votar) serían de uso optativo, intercambiables o tendrían alguna forma de comunicación y transferencia de información, así como un análisis del impacto que podría tener en el incentivo para empadronarse en el Registro Federal de Electores.

La idea de transferir los datos del padrón para crear la CUPR, manejada por la Secretaría de Gobernación, fue planteada desde hace cinco años y hubo buenas razones para objetar eso, considerando la legislación que rige al Registro federal de Electores y la credencial respectiva, señaló el consejero Jaime Rivera.

Su par Norma Irene de la Cruz apuntó que independientemente de la puesta en marcha de la nueva CURP, la existencia de la credencial para votar se mantiene en la Constitución, dejando entrever que se perfila que se mantendrán ambas formas de identificación.