El sector obrero respondió a las propuestas del sector patronal, que condiciona la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales a cambios legales como disminuir el pago de horas extra y ajustar la prima dominical.

“Nos dicen ‘estoy de acuerdo con aprobar la jornada de 40 horas’, pero presentan una carta de requerimientos imposibles de cumplir. Lo analizamos como trabajadores y concluimos que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas”, señaló José Luis Carazo, representante del sector obrero ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el consejo técnico del IMSS.

Carazo criticó que, en el pasado, los agoreros de la fatalidad también advirtieron sobre la pérdida de inversión, competitividad y empleo con otras reformas –como el aumento al salario mínimo, la duplicación de las vacaciones o el combate al outsourcing– y dichas consecuencias no ocurrieron.

Respecto de los señalamientos del sector privado sobre que la reducción de la jornada afectaría a las pequeñas empresas, Carazo reconoció que estas son las más numerosas, pero subrayó que no concentran la mayor parte del empleo formal.

Con datos del IMSS, precisó que 22.3 millones de trabajadores están registrados en un millón 48 mil empresas. De ese total, sólo 61 mil 500 compañías –aquellas con 50 o más empleados– generan 72 por ciento del empleo formal.

Durante la inauguración del quinto foro de discusión sobre la jornada laboral de 40 horas, realizado en Querétaro, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, advirtió que México está rezagado respecto de los países de la OCDE en cuanto a la reducción de horas de trabajo, por lo que el país busca alinearse con compromisos internacionales.

Por su parte, Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, propuso crear un comité tripartito que evalúe de manera permanente las condiciones macroeconómicas. En caso de una recesión, este comité podría recomendar pausar la implementación de la reforma.

También propusieron que la transición a la semana laboral de 40 horas se complete a más tardar en 2027 –tres años antes de lo previsto por el gobierno– y que las empresas puedan acordar con sus sindicatos la aplicación anticipada del nuevo esquema mediante negociación colectiva.