Congreso estatal aprueba reforma al Código Familiar

Domingo 6 de julio de 2025, p. 21
Mazatlán Sin., Legisladores locales aprobaron la reforma al Código Familiar para garantizar la identidad de niños y adolescentes hijos de jornaleras y jornaleros que arriban a laborar a los campos agrícolas de Sinaloa, principalmente indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, por lo que la Dirección del Registro Civil estatal está obligada a realizar campañas gratuitas para que obtengan el acta de nacimiento.
La Comisión de Atención a la Familia de la 65 Legislatura señaló que llegan en promedio entre 200 y 400 mil trabajadores del campo que se trasladan de las zonas serranas a los valles agrícolas y una cuarta parte de la población son menores de 14 años, y muchos de ellos carecen de certificado de nacimiento, lo que se convierte en un problema social.
Agregó que es la puerta de entrada para el ejercicio de todos los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Comisión Política del Congreso, estuvo de acuerdo en que la Cámara aprobara por unanimidad la reforma, ya que 5 por ciento de la población infantil y adolescente de los 200 mil que llegan a los campos, carecen de identidad porque nacieron fuera del sistema hospitalario y no tienen el documento.
Los diputados aprobaron el dictamen emitido por la Comisión de Atención a la Familia del Congreso del estado, que establece que con la adición del artículo 1097 Bis al Código Familiar, la dirección del Registro Civil está obligada a implementar medidas para facilitar de manera gratuita actas de nacimiento, realizando dos campañas por ciclo agrícola en las zonas donde se ubiquen las fincas de cultivo, además de módulos itinerantes.
La iniciativa impulsada por el grupo de legisladores de Morena, establece que esta acción responde a la necesidad de atender a los hijos de empleados agrícolas que por su condición de migrantes, indígenas o de movilidad interna, enfrentan dificultades para acreditar su identidad, colocándolos en situación de vulnerabilidad y les impide acceso a otros derechos como la educación, la salud o la protección social.