En la Ciudad de México, sólo alrededor de cuatro de cada 100 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual terminan en vinculaciones a proceso, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

Esto se debe a la falta de herramientas del personal ministerial para obtener información de empresas de mensajería instantánea, como Telegram y WhatsApp, y redes sociales, señaló Vianney Martín del Campo, abogada penalista especializada en derechos humanos y género.

Información de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, otorgada vía transparencia, detalla que de enero de 2020 a marzo de 2025 se iniciaron 4 mil 286 carpetas por esta conducta, y en el mismo periodo sólo se han logrado 185 vinculaciones a proceso.

Por su parte, la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes señala que al 31 de marzo de 2025 se han tramitado 60 indagatorias por este delito, con sólo dos judicializaciones en 2022 y 2025.

La violación contra la intimidad sexual corresponde a los apartados de violencia digital y con esta tipificación se castiga la distribución, divulgación y publicación no autorizada de audios, imágenes y videos de contenido íntimo.

Dicha conducta se incluye en los actos victimizantes considerados por la Ley Olimpia, la cual fue aprobada a nivel federal el 29 de abril de 2021, y el 22 de enero de 2020 en la capital, luego de la difusión de un vídeo íntimo de la activista Olimpia Coral Melo.

Martín del Campo, quien también se desempeña como secretaria de la Red de Abogadas Feministas de México, señaló que el problema en este tipo de delitos se encuentra en la integración, ya que este acoso o publicación se da en su mayoría desde perfiles con anonimato, coloquialmente conocidos como perfiles falsos, por lo que los únicos entes que podrían darnos información sobre la persona detrás de la cuenta son las empresas de redes sociales.

Lo anterior representa una gran traba debido a que la mayoría de estas empresas no tienen sede en México, por lo cual el Ministerio Público hace la solicitud de información al área jurídica por correo electrónico y en la mayoría de los casos nunca contestan o cuando lo hacen dicen que no pueden proporcionar información porque no hay nada que los obligue y son cuentas privadas.

Por ello, gran parte de las carpetas no llegan a una vinculación a proceso, ya que no hay generación de audiencias iniciales porque no podemos saber quiénes son las personas que cometen estos delitos; son las empresas las que pueden proporcionar algún teléfono, correo o datos ligados a la cuenta, señaló la especialista.

Destacó la importancia de continuar trabajando en las leyes relacionadas con este ilícito, ya que al igual que en otros delitos sexuales, existe una tendencia hacia la criminalización de las víctimas, a quienes se les cuestiona constantemente por qué se tomaron fotografías o por qué las compartieron, así como una revictimización reiterada en el proceso legal debido a la falta de capacitación del Ministerio Público y peritos.

Martín del Campo apremió a que el gobierno federal trabaje en convenios de colaboración con dichas empresas, ya que son los únicos que pueden otorgar los datos necesarios para ubicar a los agresores e incluso evidencia digital como publicaciones y mensajes que en algún momento fueron eliminados, los cuales deben ser tratados y resguardados tal como dicta la cadena de custodia por la policía cibernética o el área de informática.