na posibilidad para detener o al menos atenuar la carrera que Donald Trump ha emprendido para destruir la democracia, es mediante el cambio en uno de los pilares del gobierno de su país: el Congreso estadunidense. Es necesario que el Partido Demócrata arrebate la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes para frenar los decretos y las decisiones arbitrarias e ilegales del actual presidente. Con su actitud profundamente antidemocrática pretende retroceder la historia y recrear algo similar a una monarquía.
Al margen de especulaciones, las evidencias confirman los intentos del partido republicano en modificar diversas normas que rigen el proceso electoral. Para que eso suceda, tiene que superar los subterfugios y trapacerías que los legisladores republicanos han intentado en varios estados. La lista de los intentos por violar el derecho que todos los ciudadanos tienen para elegir a sus representantes es larga, según documentan respetadas instituciones como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, el Centro para el Progreso, la Corporación Carnegie y el Centro Brennan para la Justicia, entre otras.
Exigir documentos que garanticen la identidad de los votantes. 21 millones de ciudadanos, particularmente de color y bajos ingresos, carecen de cédulas de identificación, 140 millones carecen de pasaporte, los apellidos de 69 millones de mujeres no coinciden con el documento de identificación necesario para votar; purgar el padrón electoral, eliminando a quienes cometieron un delito, la mayoría personas de color, no obstante haber pagado su condena y haber recobrado su derecho al voto; limitar el horario de votación y supresión de casillas en distritos y regiones en los que viven minorías afroamericanas y latinas de bajos ingresos; impedir el voto de miles de estudiantes; eliminar facilidades para que los adultos mayores y las personas con incapacidades físicas puedan llegar a los centros de votación.
En suma, el objetivo de Trump y sus legisladores es restringir el voto, principalmente de quienes sufragan por los candidatos demócratas, y cancelar el Acta sobre el derecho al voto por la que Martin Luther King luchó y perdió su vida.
En este carnaval de arbitrariedades el evento más reciente está ocurriendo en el estado de Texas. La Asamblea Legislativa y el gobernador de ese estado, por instrucciones de Trump, pretenden modificar el mapa de los distritos electorales dividiendo los distritos en donde los demócratas son mayoría. La meta es ganar cinco diputaciones, lo que garantizaría a los republicanos la mayoría en el Congreso. Los legisladores demócratas en el estado han contratacado ausentándose para evitar que se integre el quórum en la asamblea estatal e impedir que se apruebe dicha medida. El gobernador anunció que los destituiría, pero es evidente que legalmente le será difícil hacerlo. La crisis ha transpuesto los limites del estado y ha replicado en otras entidades. El gobernador de California ha anunciado una medida similar a la de Texas. Con ello no viola ningún principio democrático, sólo responde a una agresión más de Trump. Poner la otra mejilla, como en alguna medida lo han sugerido algunos analistas, es dejar el camino abierto para que el presidente gane a toda costa el Congreso, y continúe con su camino depredador es erróneo, por no decir moralino. La política debe privilegiar el diálogo, pero también ser laica. La religión y la fe no pueden ser eje de una política liberal. (Juárez, Russell, Rousseau…)
Seguramente en los casos de Texas, California y otros estados, habrá litigios. Pero, la pregunta es en qué momento llegará la controversia a la Suprema Corte y cuál será su decisión. El hecho que cualquiera que sea pudiera alterar los cimientos sobre los que la democracia fue construida en el país vecino.
Falta más de un año para las elecciones, pero está claro que este zipizape político es sólo un preámbulo de lo que sucederá en una elección profundamente contenciosa.
