Guadalajara, Jal., La comunidad indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, exigió el cumplimiento de sentencias judiciales y pago justo por la expropiación de 27 hectáreas, usadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río. Esta demanda data de hace 21 años, sin que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cubra la indemnización. Con el paso del tiempo los integrantes de ese territorio, formado por más de 330 familias, siguen muriendo sin recibir el pago justo a valor comercial, como ocurrió la semana pasada con Concepción Rivera Casanova. En una asamblea, el pasado 27 de julio, se acordaron acciones más allá de los tribunales que incluirían bloqueos en la carretera en la salida noreste de la zona metropolitana. El incumplimiento llevó a los pobladores a promover juicios agrarios, amparos y recursos legales para exigir el pago de la compensación. En agosto de 2021, el tribunal agrario 16 emitió una sentencia favorable a la comunidad, ratificada en noviembre de 2023 por el Tribunal Superior Agrario, un mes antes de que el amparo interpuesto por la SICT fuera declarado improcedente, lo que confirmó las sentencias. En mayo del año pasado, el tribunal agrario requirió a la dependencia elaborar el avalúo en 10 días. Ésta sólo envió una solicitud al Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales por Internet, una de las acciones que los habitantes de Mezquitán considera obstrucción de la justicia y desacato a las órdenes judiciales.