El factor determinante en la reducción de la pobreza en los recientes cuatro años fue la decisión de duplicar el valor real del salario mínimo, aseveró el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Enrique Provencio.

Tras las cifras que mostró el Inegi el pasado miércoles, el investigador apuntó que para mantener el avance y evitar retrocesos se deben cumplir garantías sociales para resolver las carencias de la población.

Los presupuestos federal, estatal y municipal tendrán que privilegiar el acceso a la educación y la salud, los servicios de cuidado, agua y vivienda, entre otros rubros que no han tenido prioridad en la asignación de los recursos.

Detalló que el incremento del ingreso en los hogares, “mayoritariamente de aquel derivado del trabajo, en particular de los salarios, así como de las pensiones y jubilaciones contributivas (IMSS e Issste) y del aumento a las remuneraciones” marcó la diferencia.

El conjunto de reformas realizadas en 2016 para desligar el incremento del salario mínimo de otros precios, como aumento de las multas y rentas, permitió que en 2017 mejoraran los salarios, sobre todo a partir de 2019.

Rezago en educación y salud

El académico apuntó, sin embargo, que aún hay un alto nivel de incumplimiento de derechos sociales, y un complejo camino por recorrer para satisfacerlos.

Algunas carencias sociales son mayores a las que había en 2016, en particular en el tema de rezago educativo y servicios de salud.

En 2024, precisó, 24 millones de personas seguían en rezago educativo, 44 millones carecían de acceso a la atención a la salud, 63 millones no tenían seguridad social y 18 millones adolecían de servicios básicos.