La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, prohibió a los agentes de migración utilizar la base de datos del Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC, por sus siglas en inglés), que permite rastrear el envío de remesas de Estados Unidos a México a través de Wester Union y otras empresas, debido a que esa información fue utilizada con fines de deportación.

El TRAC es un programa secreto de vigilancia financiera fundado en 2014 por la fiscalía de Arizona “para fines de investigación contra lavado de dinero”. Sin embargo, de acuerdo con una investigación del medio digital The Intercept, al menos dos migrantes mexicanos fueron rastreados y detenidos gracias al seguimiento del envío de dinero a sus familias en México, o viceversa.

Tabitha Hanson, agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Hawái, describió cómo rastreó al mexicano Gregorio Córdova Murrieta –quien estaba imputado por su reingreso al país sin autorización, pero no tenía antecedentes penales ni estaba acusado de lavado de dinero o de otros delitos graves que justificaran el uso del TRAC– basándose en 11 envíos de “remesas individuales a personas ubicadas en México” entre octubre de 2021 y mayo de 2025.

En otro caso, Mónica (nombre ficticio), residente de El Paso, recibió una transferencia bancaria de su familia en México por 2 mil dólares.

“Recoger dinero no es un delito”, resaltó su abogado, Eduardo Beckett. Unos meses después, el agente especial Garrett Corley del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) la encontró e inició su proceso ante un juez de migración. Mónica, madre y ama de casa, llegó a Estados Unidos en 2006 con una visa que venció en 2016 y “nunca fue acusada ni condenada por ningún delito”.

Para usar el TRAC, Corley se identificó como parte de la Unidad de Delitos Financieros de HSI y en su informe reportó haber “realizado investigaciones que involucraron a empresas criminales y a sus elementos: financieros, fabricantes, distribuidores y blanqueadores de dinero”.

Después de que The Intercept expuso cómo los agentes de inmigración vigilan las transferencias bancarias, la fiscal Mayes, cortó parte de su acceso al sistema.

“Sigo apoyando el uso de estos datos para ayudar a las fuerzas del orden en nuestra misión de derrotar a los cárteles trasnacionales de la droga”, indicó Mayes, “pero estos datos no están ni nunca han estado destinados a ser utilizados con fines migratorios”, aseveró.

Durante años, la Unión estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advirtió que el ICE utilizaría los datos del TRAC para fines más allá de las investigaciones de lavado de dinero.

Nathan Freed Wessler, miembro de la organización, afirma que “la única manera de proteger nuestras comunidades de forma duradera es cerrar esta base de datos”.

El ICE lleva años desempeñado un papel desproporcionado en el TRAC, según los hallazgos publicados por el senador Ron Wyden, demócrata de Oregón, en 2022 y 2023.

Los agentes de ICE incluso han formado parte de la junta directiva de TRAC y financiado sus operaciones. “Como estadunidenses, todos deberíamos estar preocupados. Hoy atacan a los inmigrantes. Mañana será a los ciudadanos estadunidenses”, afirmó Wessler.

El artículo completo de The Intercept se puede leer en: https://goo.su/m5DvRR.