Washington. Más de 1.6 millones de migrantes indocumentados abandonaron voluntariamente Estados Unidos, y más de 527 mil fueron deportados, desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, informó ayer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“La administración Trump va camino de romper récords históricos y deportar a casi 600 mil inmigrantes indocumentados para el final del primer año desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo”, dijo la subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Resaltó que los flujos migratorios disminuyen drásticamente, con una caída de 99.99 por ciento en los cruces a través del conocido Tapón del Darién en Panamá.

La jueza federal de distrito, Sara Ellis, reprendió al comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, que lidera la cacería de migrantes en Chicago, después de que un video pareció mostrarlo usando gases lacrimógenos, potencialmente en violación de una orden judicial que limita su uso contra manifestantes.

La jueza ordenó a Bovino conseguir una cámara corporal y recibir capacitación sobre cómo usarla antes del viernes.

Un juez federal de Tennessee, Waverly Crenshaw, advirtió sobre posibles sanciones contra altos funcionarios de la administración Trump si continúan haciendo declaraciones incendiarias sobre Kilmar Ábrego García que pudieran perjudicar su próximo juicio.

El magistrado pidió a los fiscales locales de Nashville que proporcionen una copia de su opinión a todos los empleados del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional, incluidas la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y la secretaria Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Los empleados del gobierno han hecho declaraciones extrajudiciales que resultan preocupantes, en especial porque muchas de ellas son exageradas, cuando no simplemente inexactas”, escribió Crenshaw.

A principios de este año, la deportación errónea de Ábrego García a El Salvador, donde fue retenido en una prisión notoriamente brutal a pesar de no tener antecedentes penales, ayudó a impulsar la oposición a la imposición de estrictas medidas contra la inmigración por parte de Donald Trump.

Ante la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno del republicano lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, pero sólo después de emitir una orden de arresto por cargos de tráfico de personas en Tennessee. Ábrego García se declaró inocente de esos cargos y solicitó a Crenshaw que los desestime.

Ábrego García tiene una esposa e hijo estadunidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos sin papeles desde El Salvador cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección para no ser deportado de vuelta a su país de origen, al encontrar que tenía un temor bien fundado de violencia allí por parte de una pandilla que había atacado a su familia.