ace cinco días, circuló en redes sociales un video transmitido por el Congreso de la Ciudad de México. Se trató de la mesa de trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, para analizar los procesos de consulta ciudadana que marcan el inicio de la “consulta de buena fe”, dicen, para los programas generales de desarrollo y de ordenamiento territorial de la Ciudad de México.
En el video se observa que la diputada de Morena por Tláhuac y Milpa Alta, Judith Vanegas, expresó denostaciones y amenazas contra el abogado Carlos González, fundador e integrante del Congreso Nacional Indígena. Alertó que, seguramente, “no sé si viva o no viva, y anótenlo de una vez, pero va a salir en contra de todo esto que se intenta hacer, él levantó a los pueblos originarios”. Dio una suerte de “semblanza” en tono de peligrosidad, al destacar que él acompañó al movimiento zapatista cuando Marcos llegó a Milpa Alta; “sí es un hombre que tiene incidencia, es un hombre que puede mover y que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo tiene bien ubicado desde que fue jefa de Gobierno”.
De inmediato, el Consejo de Bienes Comunales Indígena Nahua de Santa Ana Tlacotenco emitió un enérgico comunicado que señaló, entre otras cosas, que “lamenta profundamente los desafortunados comentarios de la diputada local Judith Vanegas Tapia contra el abogado Carlos Gonzalez García, durante la mesa de trabajo del día 30 de octubre celebrada en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. En su participación, culpó al abogado de ser el ‘enemigo histórico’ de los procesos que hoy vive Milpa Alta. Tales señalamientos, viscerales, donde además lo acusa de ser él quien ‘levantó’ a la comunidad contra la doctora Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno, sólo pueden ser fruto de intereses frustrados y de su ignorancia con respecto a los procesos organizativos y de lucha que hemos librado los pueblos de Milpa Alta contra las imposiciones del gobierno. Un discurso incendiario, irresponsable, ignorante y mal intencionado que pone en riesgo no sólo el puente que trata de tender la jefa de Gobierno Clara Brugada con los pueblos originarios de Milpa Alta, sino que incluso pone en riesgo la integridad física de aquel a quien ella señala”. Y agregaron que el abogado Carlos González García es asesor jurídico de este consejo y a mucha honra.
También señalaron en el documento, fechado el 31 de octubre, que la comunidad se organiza por sí misma, de acuerdo con su lógica, formas y tiempos, y no necesita de alguien externo para que venga y la “levante”. El abogado González sólo se ha limitado a dar acompañamiento jurídico para la defensa de nuestros derechos, mismos que han sido transgredidos por la propia autoridad.
Numerosas organizaciones han cuestionado las declaraciones de la diputada morenista referida y destacan que Carlos González es abogado de comunidades indígenas en la defensa de sus tierras y territorios en distintas partes del país, incluidos pueblos de Milpa Alta.
Sin duda, son muy graves los señalamientos de la diputada Vanegas, quien como alcaldesa de Milpa Alta enfrentó un juicio de amparo promovido con éxito por el abogado González, en representación y por decisión de la comunidad arriba anotada.
Por su voz habló el encono, pero más allá de ello, es importante enfatizar que la legisladora morenista local, en intervención pública y evento oficial, con el respaldo de su fuero, en la lógica de saberse impune, emitió un juicio contra un abogado defensor y contra sus posturas políticas. No resulta casual que ejemplifique con el vínculo zapatista que, por lo demás, es público y de amplia data.
Sería deseable que su partido le cuestione tal intervención pública y que el propio Congreso de la Ciudad de México valore la actuación de la diputada Vanegas no sólo desde la óptica de la legalidad, sino también de la legitimidad, si es que no se avala que el fuero es una patente de corso.
Por otra parte , en adición a la agresión y descalificación a la persona del abogado defensor, la legisladora mostró la discriminación y racismo contra los pueblos originarios al señalar que una persona externa, en este caso el abogado referido, tiene el poder de “levantarlos”. Muy acertado el señalamiento crítico del Consejo de Bienes Comunales Indígena Nahua de Santa Ana Tlacotenco reivindicando que ellos tienen sus formas propias de organización y toma de decisiones. Esta visión, como bien sabemos, es común en la mayoría de las y los integrantes de la clase política desde los tres Poderes de la Unión, por no hablar de la sociedad en general, que desafortunadamente tiene naturalizadas esas prácticas y miradas hacia los pueblos.
Sería significativo que desde las comisiones específicas contra la discriminación, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, abordaran este caso difundido por canales oficiales. O bien, en los hechos, ¿se va a considerar que la diputada morenista habló a título personal y no como servidora pública?
