a demografía, consignas y conductas de los asistentes a las marchas convocadas a nombre de la generación Z confirmaron lo que el gobierno federal, académicos y analistas señalaron desde días antes: detrás de las cuentas de redes sociales en las que se emplearon símbolos juveniles para expresar e incitar descontento hacia el proyecto del partido gobernante, se hallan los mismos políticos y empresarios que llevan un sexenio y un año consagrados a la invención y reciclaje de membretes en desesperada búsqueda de alguno que les dé la legitimidad social de la cual carecen. Incluso en la Ciudad de México, única en la que lograron una concurrencia significativa, fue notoria la proporción mayoritaria de participantes que difícilmente podrían ser tomados por veinteañeros, y en otras entidades las escasas decenas de asistentes que acudieron eran, en su casi totalidad, ancianos.
Más allá de evidenciar a un grupúsculo que anhela el poder perdido en 2018 y de lamentar los incidentes de violencia a cargo de la no por habitual menos condenable brigada de provocadores, es necesario analizar las manifestaciones de ayer en un contexto global de auge de la ultraderecha, así como del exitoso uso que esta corriente ha hecho de las herramientas digitales para propagar su mensaje, atraer a los jóvenes e instalar el fascismo como un elemento normal del debate público y las prácticas gubernamentales. En efecto, se ha constatado que las cuentas de redes sociales dedicadas a promover las protestas provienen de Argentina, Colombia y España, donde los partidos y organizaciones de ultraderecha tienen una enorme presencia y, en el primer caso, son patrocinados y protegidos desde el gobierno nacional. También se ha comprobado su vínculo con el golpismo venezolano y con el bolsonarismo brasileño, donde surgió la actual camada de expertos en manipulación mediática a favor del neofascismo. No puede olvidarse que la estrategia de desinformación y siembra de odio diseñada en Brasil y exportada a Argentina ya llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro en 2019 y a Javier Milei en 2023, además de lanzar a millones de brasileños al intento de subvertir las elecciones de 2022. Con el regreso de la derecha a Bolivia este mes, uno de los líderes de esa red se ha instalado como asesor presidencial.
Recientemente, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha tratado de importar dicho modelo a México a través del español Javier Negre, copropietario de la plataforma de difusión de noticias falsas La Derecha Diario y referente fascista a ambos lados del Atlántico. Personajes como Negre y sus patrocinadores explotan la frustración de las clases trabajadores, y en particular de los jóvenes, con un sistema que los ignora y los relega, desviando la atención desde los verdaderos causantes de los grandes males sociales (los oligarcas a los que veneran) hacia los grupos más vulnerables, en particular mujeres, migrantes y personas racializadas. Hasta ahora, ni éste ni anteriores intentos de meter a la sociedad mexicana en la “guerra cultural” (nombre que estos grupos dan a la defensa del machismo, la homofobia, la xenofobia, el culto a los multimillonarios y la apología de la violencia) han logrado arraigo en México, tanto por la ausencia en nuestro país de las problemáticas económicas que son caldo de cultivo de sus avances, como porque las cuestiones de género y diversidad que forman el centro de su discurso no tienen aquí la centralidad que han adquirido en otras naciones. Un factor adicional de indudable importancia en su fracaso es que aquí los sectores populares perciben la protección de sus derechos por parte de las autoridades con medidas como los incrementos al salario mínimo, las pensiones universales y, para los jóvenes, becas y programas de integración a la vida laboral.
Lo anterior no significa que los jóvenes no tengan dificultades y motivos justos para elevar exigencias al gobierno, sino que quienes usurparon la identidad de la generación Z no los representan ni están en sintonía con sus demandas. Por ello, la mejor manera de evitar que el odio y el capitalismo salvaje se implanten en México consiste en reforzar la atención de las necesidades genuinas de los más desfavorecidos y en apostar por la educación para erradicar ideologías misóginas, racistas y aporofóbicas, inaceptables en una sociedad democrática.
