Ť Regiría a más servidores

En 2002 habría ley de transparencia

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

El director de Legalidad de la Contraloría General del DF, Adolfo Domínguez Marrufo, indicó que la transparencia en la información pública capitalina debe incluir las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, como los diputados locales, jueces y magistrados, con informes de sus bienes al inicio, durante y en el final de su gestión.

Magistrados y jueces están dispuestos a dar a conocer su situación patrimonial, en tanto que diputados de la Asamblea Legislativa han expuesto inquietudes sobre el tema, indicaron por separado fuentes de la Secretaría de Gobierno y de la Contraloría del GDF.

El tema de los recursos públicos está vinculado con una iniciativa de ley de acceso a la información o ley de transparencia para la ciudad de México, cuya elaboración está encargada a la Secretaría de Gobierno. El objetivo era presentarla en este periodo de sesiones de la ALDF, pero se fue rezagando y tendrá que ser en 2002 cuando se analice.

Por ahora se revisa el alcance que debe tener una ley de este tipo, tomando en cuenta que no hay legislación federal en la materia, pues hace un mes y medio se entregaron a la Cámara de Diputados iniciativas para su estudio y aprobación, una de ellas proveniente del Poder Ejecutivo Federal y otra del llamado Grupo Oaxaca, conformado por editores (entre ellos del diario La Jornada), académicos y organizaciones; ambos proyectos tienen puntos de vista opuestos en algunos apartados.

En el caso del Distrito Federal, Domínguez Marrufo aseguró que la norma que surja tiene el objetivo de evitar la corrupción, dar transparencia a los actos del gobierno, pero respetando la privacidad.

"De entrada se contempla transparentar los contratos celebrados por el gobierno para adquirir bienes, para arrendamiento y en la prestación de servicios", adelantó.

Se piensa incluir en la ley a los agentes del Ministerio Público, policías judiciales, inspectores, verificadores, cajeros, jueces, magistrados, diputados locales y a los órganos autónomos como el Instituto Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el ombudsman capitalino, el Tribunal Electoral del DF, entre otros.

La propuesta debe ser bien analizada para no invadir la intimidad o causar otro perjuicio a los servidores públicos, dijo.