León Bendesky

Insuficiente

Las disposiciones tributarias aprobadas hace unos días por el Congreso quedaron lejos de la reforma fiscal que necesita el país. La verdad es que la misma propuesta que envió el Ejecutivo desde marzo no satisfacía ese criterio, y además, con la forma en que pretendía allegarse más recursos, cargando el IVA a alimentos y medicinas, nunca contó con el suficiente apoyo político. En los impuestos y en la asignación del gasto público es donde se ponen de manifiesto las condiciones que prevalecen entre los distintos grupos de una sociedad y las resistencias que se ejercen para cambiar las cosas. Ahora se han introducido algunos cambios que pueden llegar a ser importantes, especialmente lo que tiene que ver con la asimilación de las diversas fuentes de ingresos de los contribuyentes. Pero, esencialmente, la nueva Ley de Ingresos aparece como una gran miscelánea fiscal que pone impuestos a una serie de productos con un ánimo eminentemente recaudador.

La penuria financiera del gobierno exigía una mayor recaudación y esta ley le da más fondos para atender diversos rubros del gasto público. Sin embargo, el largo debate que se llevó a cabo durante prácticamente nueve meses apuntaba a conseguir mayores ingresos, pero al mismo tiempo comenzar un replanteamiento más completo de las finanzas estatales. Este es, tal vez, uno de los puntos que llama más la atención del actual proceso legislativo, es decir, que contando con tanto tiempo, habiéndose hecho tantas propuestas sobre los posibles cambios fiscales y después de escuchar a tantos grupos sociales y empresariales, se haya acabado con una miscelánea que era, según declaraciones de muchos diputados y senadores, una situación a la que no se quería llegar.

Nos repetimos mucho el significado del cambio democrático que vive el país y, no obstante, me parece que no se puede estar satisfecho del trabajo del Congreso para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, como tampoco debe pasarse por alto la manera en que el Ejecutivo no revisó ampliamente su propuesta y la hizo más aceptable políticamente. Y si la negociación política es importante, tal vez esta experiencia, que no se distinguió de las que ocurrían en los anteriores gobiernos, debería hacer que el Congreso revalorara su capacidad de trabajo, tanto para fraguar acuerdos como para tener mejores propuestas técnicas sobre un asunto de primordial interés. Otra vez el ejercicio fiscal se hizo a última hora y no se sabe si están planteados los candados para que Hacienda cumpla totalmente las disposiciones, sin los efectos de las distintas disposiciones técnicas de las que puede echar mano.

El gobierno tendrá fondos para gastar, pero ello no significa que la cuestión tributaria haya empezado a hacerse más compatible con un funcionamiento más eficaz de la producción y del proceso de generación de la riqueza. Ya se sabe que el lento crecimiento económico va a ser la marca de cuando menos el primer semestre del año, y no se aprecian en los impuestos y en el gasto los estímulos para que se aumente el monto de la inversión o que mejore la disponibilidad de los ingresos para la mayoría de la población. La verdadera reforma económica tiene que pasar por el amplio cambio en la estructura, las fuentes y los destinos de los recursos públicos. Hoy, todavía, la carga de la deuda del Fobaproa-IPAB, por ejemplo, sigue demandando una cantidad enorme de fondos que son como una hipoteca sobre la economía.

Sin una reforma fiscal que comience ese cambio, la misma estabilidad monetaria será finalmente precaria. Esta parecía una buena oportunidad, con un nuevo gobierno, de aproximarse a la reforma, y no fue así. Por ello habrá que seguir discutiendo la condición de las finanzas públicas como parte central de un modelo económico más sustentable. El presidente Fox ya no cuenta con la ventaja de la novedad y de la oferta de cambio, pero aun así anunció que hizo un balance de la situación política y de los obstáculos que enfrentó su ambiciosa reforma fiscal. Habrá que ver cuáles son los cambios en el quehacer político de su gobierno. El Congreso debe hacer lo propio. Es un órgano demasiado grande e ineficiente, muy costoso y que no puede rendir cuentas efectivas a la población. Ya es tiempo de pensar en una reforma del propio Poder Legislativo que lo modernice, lo profesionalice y lo haga más flexible, ágil y más adecuado a las necesidades del país.