La anunciada devaluación del peso argentino, decretada ayer por el gobierno del presidente Eduardo Duhalde y que cobrará vigencia a partir de pasado mañana, es una medida necesaria pero dolorosa y exasperante en muchos sentidos: por un lado es la confirmación definitiva y última del fallecimiento de una prolongada ficción económica que, durante buena parte de la década pasada, hizo pensar a muchos argentinos que su país había abandonado, en forma permanente, los ciclos infernales de la inflación y la recesión; en la aplicación de esa quimera menemista y cavallista, la nación sudamericana perdió su soberanía monetaria y, a la postre, no ganó nada; por el otro, la devaluación tuvo, desde antes de entrar en vigor, un efecto inmediato doblemente desolador en la circunstancia argentina actual: desató alzas de hasta 40 por ciento en los productos esenciales, esos que los habitantes del país hermano no podían adquirir, de todas formas, ni siquiera a sus precios anteriores.

Más allá de las implicaciones referidas, la medida gubernamental de ayer resulta exasperantemente paradójica porque, siendo indispensable, no va a resolver nada, como lo sabe desde ahora todo el mundo. Con o sin devaluación, el grueso de la actividad económica argentina se encuentra entre paréntesis, con todo y lo desastroso que ello resulta para la mayoría de la población, y así seguirá en tanto el gobierno de Duhalde, o sus sucesores directos o indirectos, no logren convencer a los organismos financieros internacionales de que aflojen el cerco crediticio que pesa sobre la nación sudamericana, que se intensificó a raíz de la moratoria de pagos decretada por Adolfo Rodríguez Saá, uno de los varios ocupantes que ha tenido en las dos últimas semanas el sillón presidencial.

La "consideración" demandada por el ministro de Economía de Buenos Aires, Jorge Remes Menicov, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, un eufemismo que en realidad es una petición de clemencia y conmiseración, no será, sin embargo, fácil de obtener, toda vez que ambas instituciones demandan, no el establecimiento de una paridad (1.40 pesos por dólar), como lo hizo ayer el gobierno, sino un régimen de libre flotación que, de adoptarse en el momento presente, podría conducir a la divisa argentina a un abismo cambiario.

En otro sentido, con o sin devaluación, el problema real es que, por alguna misteriosa razón, los bancos no tienen en sus arcas el dinero de los depositantes y que, cuando se reanuden las operaciones bancarias, el miércoles próximo, seguirán sin poder retirar sus ahorros.

Resulta escalofriante constatar las semejanzas de la circunstancia argentina actual con lo que ocurrió en años recientes en nuestro país: el arrasamiento económico legado por un gobierno corrupto y privatizador -el de Menem y el de Salinas- es convertido en magna crisis por las ineptitudes y las torpezas de su sucesor -llámese Zedillo o De la Rúa. Lo más inquietante es que, en el contexto de las reglas del juego económico-político global, nada garantiza que un ciclo semejante no vuelva a presentarse en cosa de unos años.