¤ Rara vez se ha encontrado ahí solución a problemas

Con más fracasos que éxitos, mesas de discusión de la SG

¤ Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional y consultas para modificar la Constitución, los traspiés más sonados

ALONSO URRUTIA

Convertidas en alternativa recurrente para dirimir los conflictos o para impulsar el nuevo arreglo institucional bajo las pautas de la "gobernabilidad democrática", bandera del nuevo gobierno y en particular de la Secretaría de Gobernación, las numerosas mesas de discusión arrojan resultados inciertos y avances muy escasos: un Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional pletórico de intenciones pero con nulos resultados, un foro para discutir el lugar en el que se construirá el nuevo aeropuerto que no atajó la inconformidad social por las suspicacias de una decisión predeterminada, una mesa de derechos humanos que sirvió para canalizar la indignación del asesinato de Digna Ochoa o bien iniciativas frustradas o aplazadas, como la reforma del Estado y la revisión integral de la Constitución que sucumbieron ante el peso de las coyunturas políticas y fiscales.

En la Secretaría de Gobernación se ha discutido desde la reforma fiscal hasta los rezagos agrarios en zonas alejadas de Veracruz. Lo mismo han llegado gobernadores de todos los partidos a reclamar el cabal cumplimiento del federalismo que algunos grupos de campesinos demandando a la dependencia, como último recurso, una solución para su asfixiante situación. En síntesis, decenas de mesas cuya suma se acerca a las 200.

La inauguración de las mesas

El conflicto electoral tabasqueño, detonado tras la anulación que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hiciera de los comicios para gobernador -en diciembre de 2000-, fue propiamente el bautizo de este esquema de negociación del nuevo gobierno. Semanas después, presentado como signo de los nuevos tiempos de la gobernabilidad democrática y la prioridad que tiene el diálogo, se firmó un acuerdo mediante el cual los principales partidos en pugna, PRI y PRD, acordaron los términos y plazos para la nueva elección.

No fue el caso de Yucatán, cuyo desenlace realmente puso a prueba el nuevo esquema de la Secretaría de Gobernación. No fue suficiente el espacio abierto por la dependencia para dirimir los diferendos electorales que traspasaban al PRI y al PAN y tenían en el centro de su origen el desafío del gobernador yucateco, Víctor Cervera Pacheco, cuya manipulación de la ley electoral, desconocimiento de la autoridad en la materia y la creación de una nueva autoridad paralela pusieron en riesgo la renovación de poderes en el estado.

La prolongada crisis electoral yucateca puso en jaque a la nueva lógica de la Secretaría de Gobernación y su capacidad de operación política, colocando al límite de la legalidad la realización de los comicios de gobernador, Congreso y ayuntamientos de Yucatán.

Los sucesivos encuentros en la mesa de negociación con las principales fuerzas políticas no bastaron para solucionar un conflicto que llegó hasta las últimas consecuencias jurídicas a pesar de la solicitud del TEPJF de medidas de apremio para el cumplimiento de la ley electoral yucateca, una y otra vez violentada por el propio gobernador.

Finalmente los comicios se realizaron con el costo de un desgaste de la estrategia negociadora de la Secretaría de Gobernación.

Frustrada revisión constitucional

Quizá uno de los proyectos más ambiciosos que se impulsó en la Secretaría de Gobernación fue la reforma integral de la Constitución, cuyo anuncio lo realizó el propio presidente Vicente Fox. Sin pretensiones "fundacionales", como la definió el secretario de Gobernación, Santiago Creel, la reforma permitiría adecuar el marco jurídico y las instituciones a la realidad política y social del país, pero a la luz de sus efectos concluyó en un sonado fracaso.

Poca respuesta encontró entre partidos y sociedad. Desairada por partidos políticos y congresistas, con la presencia de funcionarios de segundo y tercer niveles se llevó a cabo la consulta para la reforma constitucional.

Días después de clausurados los foros, el responsable de su organización y director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Francisco Valdés Ugarte, presentó su renuncia una vez que entregó las conclusiones de la consulta, "para reintegrarse a su trabajo académico", fue la versión oficial que corrió entonces, aunque también trascendió la irritación de Creel por la escasa respuesta que tuvo la consulta de la revisión constitucional, un proceso al que desde la Secretaría de Gobernación se le ligaba como parte de la reforma del Estado. Por lo pronto, el proyecto permanece estancado a la espera de mejores tiempos.

Acuerdo de oropel

Sin embargo, la apuesta principal de la dependencia en este primer año fue la firma del denominado Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, suscrito por todos los partidos políticos y el gobierno en el Palacio Nacional en octubre pasado.

La amplitud de objetivos, que lo mismo abarcan el combate a la pobreza, la definición de una nueva política de seguridad pública, la construcción de un federalismo hacendario que "la consolidación del sistema de participación política para asegurar la gobernabilidad eficaz", han impedido concretar más allá de un catálogo de pendientes para la transición.

Aunque fue avalado por todas las directivas partidistas y el gobierno, el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional no ha trascendido más allá de su firma, atrapado, como varias las otras iniciativas de reformas estructurales del actual gobierno, en la eterna discusión coyuntural.

Ni la voluntad expresa de las partes de "reforzar la capacidad de la hacienda pública para atender las demandas sociales" y "avanzar en el federalismo hacendario mediante la redefinición de atribuciones, responsabilidades, aportaciones y transferencias" ha aligerado la álgida discusión sobre planteamientos más tangibles como el destino final de la propuesta de aplicar el IVA a alimentos y medicamentos.

Más aún: la arremetida de los gobernadores de oposición contra la distribución de recursos dista mucho del terso acuerdo para conformar el Fondo de Fortalecimiento para las Entidades Federativas dentro del presupuesto 2001 y que permitió su aprobación por consenso.

Esta vez, las cosas marchan muy distintas. Desaparecido el fondo por razones de la adversidad económica, algunos mandatarios actúan particularmente críticos a la distribución de recursos e incluso Tlaxcala y Oaxaca han amenazado con devolverle la responsabilidad educativa a la Federación.

Una mesa más fue la oferta de Gobernación al tlaxcalteca Alfonso Sánchez Anaya, la cual, a decir del mandatario, se ha quedado en una promesa incumplida, como ignorado ha sido el ofrecimiento presidencial de apoyar financieramente al estado para cubrir el déficit educativo.

Una demanda similar llevó a cabo el gobernador de Oaxaca, José Murat, ante el difícil sostenimiento del sector educativo. Acaso ambas acciones hayan sido de las más notables en materia de la relación entre gobiernos estatales y la Federación, mucho más que la mesa que para discutir el federalismo instaló la Secretaría de Gobernación.

Esta última fue una mesa instalada para analizar esquemas de transferencia de facultades en diversos ámbitos, incluido el propio sector educativo; sin embargo, en esa relación, lo más característico ha sido los diferendos fiscales traducidos en reclamos insistentes de mayores recursos, demanda insatisfecha o, por lo menos, aplazada hasta que se dirima la tan discutida reforma fiscal.

Más mesas...

El recurso de las mesas también sirvió para atender a las secciones disidentes del magisterio nacional que pedían mejores condiciones laborales, organizaciones campesinas en demanda de mayores recursos para el campo, el cese a la "represión" e incluso la discusión sobre las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que ha comenzado a arrojar algunos resultados.

Una de las más polémicas y más desacreditadas fue la mesa que apresuradamente instaló Gobernación para allanar el camino de la decisión sobre el nuevo aeropuerto. La creciente inconformidad sobre la forma como se procesaba la decisión, encabezada por todas las fuerzas políticas de la ciudad, generó el ofrecimiento de Gobernación de crear una mesa para el debate técnico con los representantes de Hidalgo, estado de México y Distrito Federal.

No habían pasado dos días de esta oferta de análisis, cuando un dislate presidencial durante una gira evidenciaba que, efectivamente, la decisión ya estaba tomada a favor de Texcoco. La discusión técnica ofrecida por Gobernación fue un mero formalismo y semanas después las protestas campesinas no han cesado.

La mesa instalada en Gobernación concerniente a los derechos humanos es una de las que ha obtenido consensos entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Fue instalada como producto de la indignación generada por el asesinato de Digna Ochoa.