Ť A 20 años de estar en la Constitución, ni siquiera es exigible

Propone Frenk reforma legal para poder reclamar derecho a la salud

Ť Se trata de acabar con el viejo universalismo en el que se ofrecía todo para todos, considera el titular de la Ssa

ANGELES CRUZ

A 20 años de haberse consagrado en la Constitución el derecho a la salud, éste no es "accionable" (demandable en juicio) y ni siquiera "exigible", afirmó el titular del ramo, Julio Frenk Mora, quien destacó la importancia de promover un nuevo universalismo, en el que exista "lo mejor para todos", es decir, que la gente disponga de los servicios que tengan mayor beneficio individual y social.

El funcionario señaló la necesidad de promover un debate para reformular el contenido de la Carta Magna en la materia, para que el derecho a la protección de la salud sea más preciso y ejecutable por los ciudadanos. Al final, dijo, se trata de acabar con el viejo universalismo en el que se ofrecía todo para todos, premisa que no lograron ni los países más ricos.

De cumplirse lo establecido en la Constitución, todos los mexicanos deberían ser derechohabientes, pero por ahora esta palabra está reservada para las personas que están afiliadas a alguno de los sistemas de seguridad social, apuntó. Una de las metas de la actual administración es avanzar hacia el universalismo, y en este proceso se incluye la enmienda al párrafo tercero del artículo cuarto constitucional.

Debemos hacer un planteamiento, dijo, de cómo hacerlo mucho más preciso y ejecutable por los ciudadanos. El objetivo es ofrecer los mejores servicios de salud para todos, e implica dejar de racionarlos con base en condición laboral, ubicación geográfica o género, abundó.

La única premisa para distribuirlos, subrayó, debe darse con base en la evidencia de cuáles son las estrategias que funcionan mejor. Insistió en que ningún sistema de salud puede ofrecer todo a todos, por lo que se requiere tener la certeza de que lo verdaderamente importante del sector sea un derecho exigible.

Las instituciones del ramo en México tienen ante sí el reto de concretar ese derecho, y para ello es que se impulsa el proyecto del seguro popular de salud, explicó el funcionario en una reunión efectuada en días pasados con senadores. Detalló que la estrategia busca terminar con los gastos catastróficos que afrontan aproximadamente 2 millones de familias cada año y, al mismo tiempo, transformar la prestación de los servicios médicos.

Un estudio realizado entre los pignorantes de Nacional Monte de Piedad y del Montepío Luz Saviñón refirió que la mayoría de quienes acuden a esas instituciones empeñan sus pertenencias para pagar gastos de salud, y cada año, las familias erogan 170 mil millones de pesos por ese concepto, puntualizó.

Por otro lado, el sistema de las instituciones públicas no es el más favorable para los pacientes. De entrada, no es lo mejor que una trabajadora social cuestione a alguien que está enfermo y requiere atención médica, y después, el hecho de que "hay un gran incentivo a cobrar la cuota máxima" va en contra de la aplicación del derecho a la salud.

La propuesta del seguro popular es que las personas paguen por adelantado y en función de su capacidad económica, con la garantía de que en el momento de enfermar tendrán tanto la atención médica que requieran como los fármacos para recuperar su salud.

En relación con las cuotas económicas, el secretario mencionó una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), de la Secretaría de Salud (Ssa), en la que se detectó que 80 por ciento de los mexicanos estaría interesado en un esquema médico como el ofrecido en el seguro popular, mientras que 60 por ciento dijo estar dispuesto a pagar por este servicio en función de su capacidad económica.

Aun cuando no es una meta del seguro popular tener solvencia actuarial, éste contará con un fondo de protección financiera: Prosalud, que será el pool de riesgos y, en cualquier caso, el Estado será el reasegurador.

El seguro popular busca que lo establecido en el artículo cuarto constitucional respecto al derecho a la protección de la salud sea una realidad, pero antes -acotó el secretario- tendrán que subsanarse algunas deficiencias, entre ellas la capacidad hospitalaria.

Fuera de las instituciones de seguridad social y de las áreas metropolitanas no existen en el país unidades de alta especialidad, por lo que informó que para empezar a resolver el problema se aplicará un programa de inversiones multianual.