Al conmemorar el 85 aniversario de la promulgación de la Constitución, el presidente Vicente Fox expresó percepciones interesantes y pertinentes sobre la circunstancia política actual y formuló principios y propósitos merecedores de respaldo, de cara a la necesaria actualización de la Carta Magna.

Entre las primeras cabe mencionar el señalamiento del mandatario sobre la plena vigencia de la división de poderes, dato que representa, ciertamente, una novedad positiva y esperanzadora en el panorama nacional presente.

Asimismo, Fox destacó la función del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como instituciones que contribuyen a consolidar la legalidad y la transparencia en el país.

Pero al mismo tiempo, el titular del Ejecutivo alertó sobre el hecho de que "no están ocurriendo todos los cambios que el país requiere para ponerse al día", y dijo que "la correlación de fuerzas políticas (...) no ha sido propicia para una transformación de fondo de las estructuras y el funcionamiento del Estado mexicano".

Tales advertencias describen un inocultable estancamiento de la transición política que constituye una parte medular del mandato recibido por Fox en julio de 2000. Ciertamente, parte de la responsabilidad de tal fenómeno es atribuible al conjunto de fuerzas políticas representadas en las dos cámaras del Legislativo; también inciden en él inercias inocultables que lastran la cultura cívica y política de importantes sectores de la sociedad --clientelismo, corporativismo y patrimonialismo son algunas de ellas--; pero no debiera omitirse que al actual equipo gobernante corresponde una porción sustancial de la responsabilidad por la falta de rumbo y la inadmisible lentitud en la renovación de la vida política, institucional y administrativa de la nación.

Aunque es cierto que, como lo dijo el Presidente, "cualquier intento por reformar el Estado que se origine en la prisa, la unilateralidad o la imposición estará destinado al fracaso", el grupo en el poder debiera percibir el desaliento, el desgaste político y hasta la exasperación generados en diversos sectores de la sociedad por la postergación de muchas de las promesas de cambio enarboladas durante la campaña presidencial y en los primeros meses de su gestión.

En otro sentido, debe saludarse la reiteración enfática de Fox acerca del apego y acatamiento de su gobierno a "los derechos individuales, la libertad en todas sus manifestaciones, el carácter laico del Estado y de la educación, la gratuidad de ésta, el federalismo republicano, la división de poderes, la defensa de los derechos sociales y el respeto a la diversidad cultural y étnica", y también al "dominio de la nación sobre los recursos naturales, el subsuelo y la generación y aprovechamiento de energía en sus diferentes formas, así como el carácter público, estratégico y prioritario de las industrias petrolera y de electricidad", postulados constitucionales que por ningún motivo deben modificarse.

También es pertinente, oportuna y necesaria la precisión de que el régimen actual no aceptará "una transición transada ni apoyos al gobierno a cambio de un olvido selectivo del pasado", en lo que parece ser una referencia al inicio de investigaciones sobre la masiva y universal corrupción que afectó --y afecta, según todos los indicios-- a la administración pública.

Diríase que la frase "el combate a la corrupción no es un forcejeo entre intereses políticos" es una respuesta a los recientes chantajes y presiones priístas orientados a detener la investigación sobre los cuantiosos fondos que fueron aparentemente desviados de Pemex para financiar la campaña presidencial del tricolor en los comicios federales pasados.

En suma, el presidente Fox reiteró ayer una serie de buenos propósitos, compartibles en su mayoría, que deben ser convertidos sin más dilación en actos de gobierno, de un gobierno que ha consumido casi la quinta parte de su periodo sin haber aterrizado sus principales propuestas.