Aplicamos la figura de reducción de la pena, sostuvo el secretario de Gobernación

Se acató la recomendación de la CIDH: Creel

El presidente Vicente Fox ordenó la excarcelación del general Gallardo Rodríguez

ALONSO URRUTIA Y VICTOR BALLINAS

Sin reconocer la inocencia del general José Francisco Gallardo Rodríguez, y ante el descrédito internacional que generaba el mantenerlo en prisión, el presidente Vicente Fox Quesada ordenó ayer su excarcelación, bajo la figura jurídica de la reducción de pena. De esa forma, el gobierno federal acató, en parte, la recomendación girada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió su liberación inmediata desde 1996.

Al justificar la determinación presidencial, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, sostuvo que la concesión de este beneficio está considerada en los artículos 178 y 871 del Código de Justicia Militar, que establece la reducción de la pena, "una medida que beneficia al reo aun cuando el interesado no haya elevado petición alguna sobre el particular".

La excarcelación inmediata del general Gallardo, subrayó Creel, "no menoscaba el derecho de acción que en el futuro pudiera promover ante las autoridades competentes, conforme corresponde a todo Estado donde privan la justicia y la legalidad".

Para el gobierno federal la recomendación de la CIDH no se trataba de una sugerencia, ni de una insinuación, "sino de una petición explícita de dejarlo de inmediato en libertad". Son recomendaciones de instancias que el gobierno mexicano reconoce y acepta, de ahí que se haya procedido en consecuencia.

Creel dijo que el gobierno federal no optó por la figura de la absolución porque no es facultad del Poder Ejecutivo, "es una función propia del Poder Judicial en nuestro sistema constitucional, por eso procedimos a hacer lo que podíamos realizar, que es precisamente la reducción de la pena".

La decisión de excarcelarlo, ante el descrédito internacional

El responsable de la política interior del país argumentó que la decisión presidencial se fundó en los artículos 178 y 871 del Código de Justicia Militar, que consideran la reducción de la pena cuando exista sentencia irrevocable y las penas hubieran sido impuestas en sentencias diversas y no acumuladas.

Explicó que desde el 9 de noviembre de 1993, Gallardo compurgaba dos penas no acumuladas, de 14 años cada una, impuestas por los delitos de malversación, destrucción de lo perteneciente al Ejército y enriquecimiento ilícito, tipificados así conforme a las leyes penales respectivas.

A la fecha, agregó, el general ha compurgado ocho años dos meses de cárcel, primero en una prisión militar y a partir de 1999 en centros civiles de readaptación social ubicados en el estado de México. Precisó que a petición de organismos internacionales, de la familia y del propio interesado, el gobierno le ha proporcionado todas las medidas de protección necesarias para su seguridad e integridad personales.

Creel Miranda explicó que no se utilizó la figura del indulto, toda vez que para ejercerla se requiere la petición del interesado. Por eso, dijo, adoptamos el camino de la reducción de la pena, porque consideramos que era lo mejor desde el punto de vista jurídico. Esto fue posible debido a la participación "muy activa del procurador militar y del titular de la Defensa Nacional".

Rechazó que la liberación vaya a generar fricciones con las fuerzas armadas, en razón de que a lo largo del proceso de la toma de decisión estuvieron de acuerdo. "Nos enorgullece haberlo hecho con ellos y entramos ya en una nueva etapa de la modernidad de este país."

Con esta acción, agregó, México "demuestra la plena colaboración y el sentido de responsabilidad del Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin su participación esto no hubiera sido posible".

Creel destacó que el Ejecutivo federal atendió las peticiones dirigidas por organismos internacionales y el propio interesado para revisar el expediente y proceder a su liberación. Ante ello, instruyó a las diferentes instancias competentes "a que se hiciera una revisión exhaustiva de los términos legales del caso".

Cabe recordar que en julio pasado el presidente de la CIDH, Claudio Grossman, visitó el país y solicitó informes al gobierno acerca de la recomendación que desde 1996 le pidió liberar al general. En esa ocasión, el gobierno se comprometió a que en septiembre de 2001 le entregaría resultados.

Dos meses después de cumplido ese plazo, y ante la inacción gubernamental, Grossman puso un "ultimátum" para liberar de inmediato al general o de lo contrario el caso sería turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, brazo judicial de la Organización de Estados Americanos, cuya competencia fue recientemente ratificada por México.

En marzo de 2001, el secretario general de Amnistía Internacional (AI), Pierre Sané, se entrevistó en Los Pinos con el presidente Fox y le recordó que su gobierno estaba en falta por mantener preso al general.

No obstante, el 17 de enero pasado, en el marco de la audiencia constitucional del juicio de amparo directo interpuesto por Gallardo, Gobernación y la Sedena, así como la Procuraduría General de la República ratificaron la condena al militar y manifestaron su negativa a liberarlo.

Ayer, 12 días antes de la sesión en que la Corte Interamericana sesionaría para analizar el caso Gallardo, el gobierno mexicano se adelantó y lo liberó. Esto ocurrió después de más de un año de deliberaciones sobre la competencia o no de la CIDH, específicamente en este caso, toda vez que la sentencia se dio antes de que México ratificara su jurisdicción.

-ƑEn realidad se violaron los derechos humanos del general?

-Hemos procedido a llevar a cabo la excarcelación con base en la recomendación de la CIDH, por las peticiones propias de los familiares y por el contexto general en que se está desenvolviendo esta administración, particularmente en la defensa y promoción de los derechos humanos. Esas son razones suficientes para este gobierno, para dar los pasos dirigidos a su excarcelación.

Más adelante, Creel explicó que el gobierno brindará protección a Gallardo por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, "concretamente, la Policía Federal Preventiva lo escoltará".

Estamos en la mejor disposición, dijo, de platicar con su familia y con él para ver qué otras medidas consideran convenientes y pertinentes que el gobierno le brinde y se pueda conducir con plena libertad.

Creel subrayó: "Ahora vamos a poder tener la frente alta, mirar de lejos al mundo y decir que en México se promueve la protección y defensa de los derechos humanos. Con esta misma autoridad moral vamos a poder exigir que la defensa y promoción de estos derechos humanos sea universal."

Durante la conferencia conjunta con el canciller Jorge Castañeda, éste explicó el contexto de la excarcelación:

"El mantenimiento de la situación jurídica de José Francisco Gallardo ha conducido a que se cuestione, tanto en lo interno como en el ámbito internacional, el compromiso del gobierno del presidente Fox con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la consolidación del estado de derecho. Ello puso, además, en tela de juicio la voluntad del Estado mexicano de dar pleno cumplimiento a sus obligaciones internacionales, lo que se tradujo en un deterioro de la imagen de México en el mundo."

-ƑHasta qué punto hubo presiones internacionales y el temor de que México pueda perder ante la Corte Interamericana?

-No es una presión, no es una insinuación ni una sugerencia. Fue muy explícito y muy claro: suéltenlo. Pues, bueno, el gobierno del presidente Fox, en atención a la recomendación, lo liberó.

A pregunta expresa sobre la culpabilidad que para el gobierno mexicano pueda tener Gallardo en los delitos que se le imputaron, el canciller respondió: "Si él acepta su culpa o no, es una pregunta que habría que hacerle al señor Gallardo. Nosotros no entramos en esa consideración, simplemente es una reducción de pena y una manera de atender las recomendaciones internacionales."