La excarcelación del general Francisco Gallardo, preso desde 1993 en el marco de procesos penales plagados de irregularidades y anomalías, constituye una restitución positiva de los derechos del militar y es, por tanto, un dato esperanzador en el camino hacia la plena vigencia del estado de derecho en el país.

El cautiverio de Gallardo, que comenzó en las postrimerías del régimen de Carlos Salinas, se prolongó durante el sexenio de Ernesto Zedillo y persistió en los primeros 14 meses del actual gobierno, puso en evidencia los graves rezagos y las inoperancias del fuero castrense en el marco del derecho moderno y las tendencias mundiales que buscan consolidar las garantías individuales y los derechos humanos.

De esa forma, el caso se tradujo en un severo desgaste político, diplomático y de imagen para las instituciones mexicanas, especialmente en el extranjero. Cabe recordar, sobre el particular, que el encarcelamiento de Gallardo dio pie a descalificaciones de México por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones humanitarias no gubernamentales.

Ante estos hechos, y la evidencia de irregularidades que salpicaron los diversos procesos seguidos contra Gallardo, su excarcelación resultaba obligada y urgente; por tardía que haya sido, cabe congratularse por ella y esperar que se esclarezcan las anomalías procesales que dieron origen a dichas condenas internacionales y nacionales.

En términos generales, el caso Gallardo pone de manifiesto la necesidad de transparentar el ámbito militar de cara a la sociedad y de incorporar a las fuerzas armadas a los procesos de renovación que están teniendo lugar en todos los otros terrenos de la vida nacional.

En esta perspectiva, parece necesario poner en la mesa de debate la necesidad de efectuar las reformas legales pertinentes, con el propósito de garantizar que el fuero militar no se convierta en espacio para el abuso de poder, la impunidad o la violación de derechos humanos.

Las instituciones castrenses deben ser percibidas, por civiles y por militares, como la parte integrante de nuestra constitucionalidad y legalidad, y de ninguna manera como una zona de excepción, privilegio u oscuridad jurídica.

Ha de entenderse que lo anterior, lejos de demeritar a las fuerzas armadas, significaría fortalecerlas, dignificarlas y colocarlas en el sitio que merecen en el contexto de una institucionalidad renovada y transparente.