Adeuda el GDF $20 mil millones por juicios mal hechos
El gobierno capitalino enfrenta 149 juicios de inejecución por un valor estimado en 20 mil millones de pesos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por "malos litigios de las autoridades federales, durante la gestión del Departamento del Distrito Federal, para ocultar buenos negocios a favor de algunos particulares", informó el procurador fiscal, Eugenio Robles Aguayo. Para responder a estos incidentes, explicó que el GDF se acogerá al artículo 126 de la Constitución, que le impide realizar un pago no previsto en el presupuesto de egresos vigente, lo cual no significa que no se cubrirán los recursos ordenados por el máximo tribunal, sino que se harán las gestiones necesarias ante la Asamblea Legislativa para determinar el número de casos a atender en este ejercicio fiscal.
En cada caso, dijo, "se buscará ser lo más justo posible", pero sin permitir que se lucre con recursos de la ciudad. Agregó que la autoridad local cuenta con otras posibilidades, como es la negociación individual con el quejoso para hacerle ver que su petición no es razonable por el monto que exige, o proponerle la devolución del predio en lugar de pagar la suma ordenada.
Además, se hará ver a la Federación su corresponsabilidad en este asunto; algunos de los predios están ocupados por dependencias federales, como la Suprema Corte y la Secretaría de Marina, y el gobierno de la ciudad "está condenado a pagar como si fuera la autoridad responsable", indicó. Adelantó que en una semana se publicará en la página de Internet del GDF el historial de esos casos, para que se conozcan el contexto y los nombres de las autoridades responsables de llevar estos juicios en administraciones pasadas, pues la mayoría datan de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado y fue "el gobierno federal quien expropió mal, incumplió el pago de la indemnización y no atendió la etapa de inejecución, que ahora se nos hereda".
En conferencia de prensa, el director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, Carlos Paniagua Bocanegra, señaló que pese a que en 1997 se estableció que el entonces DDF iniciaría las gestiones para transmitir sus bienes al gobierno capitalino, esto "no se llevó a cabo, y nos heredaron los adeudos de juicios de inejecución que suman alrededor de 20 mil millones de pesos a valores actuales, sin posibilidad de litigar".
De los expedientes en manos de la Suprema Corte, 40 son por derecho de petición, cuando las autoridades contaban con la posibilidad de contestarlos en su momento y no llegar ahora al pago de una indemnización, por lo cual consideró injusto que por errores del pasado, actos de corrupción y negligencia en las expropiaciones, la autoridad local tenga que asumir esos pasivos por orden del Poder Judicial.
Acompañado por el secretario de Finanzas, Carlos Urzúa, aclaró que en algunos casos se optó por la negociación con el quejoso, como sucedió en la colonia Morelos, donde se exigía una indemnización de 370 millones de pesos y se logró que los 16 vecinos que ocupaban el predio en litigio aceptaran reubicarse en departamentos nuevos para devolverlo a su dueño original, lo cual costó 5.8 millones de pesos.
En el caso del predio Apanohaya, en Iztapalapa, dijo que las autoridades locales se acogerán al artículo 126, porque "representa una aberración pagar 31 millones de pesos a alguien que no se ostentó como propietario y además está sentenciado por despojo". LAURA GOMEZ FLORES