Gabriela Rodríguez
El derecho a la vida
Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del derecho a interrumpir un embarazo, me queda claro que no todo es retroceso en este país. En términos de los procesos democráticos, hay que reconocer que si bien en la cabeza del Poder Ejecutivo no hubo cambio sino alternancia, los gobiernos estatales de oposición son un importantísimo acotamiento al presidencialismo; sin duda, se ha concretado un verdadero cambio en la real distribución de competencias entre los órganos de poder. La diversidad ideológica y partidaria en las estructuras locales y federales del Poder Legislativo ha permitido que por primera vez sea un conjunto de representantes electos quienes decidan las líneas prioritarias de gobierno, la responsabilidad de programas y presupuestos, la definición del marco legal para proteger los derechos humanos y sancionar los delitos con la debilidad o ligereza que la sociedad civil demande.
Además de hacerse reales esas facultades del Poder Legislativo, el tema del aborto viene a dar vida efectiva a un nuevo actor político que estaba absolutamente sumergido. Hoy los mexicanos descubrimos que existe un tercer fiel de la balanza, un sujeto que puede jugar un papel decisivo cuando deja de someterse a los lineamientos oficiales y decide mostrar su autonomía como Poder Judicial.
No, no es cualquier cambio, estamos hablando de efectivas atribuciones de cada órgano legislativo y judicial, justamente cuando un partido conservador de inspiración católica alcanza posiciones estratégicas en todos los ámbitos del poder. Se trata de la real posibilidad de ejercer la libertad en el ejercicio del cuerpo, de evitar que, por la vía penal, a todos se nos imponga una moral que sólo reconoce la virtud en quienes optan por la abstinencia sexual o limitan sus contactos a los actos con fines reproductivos. Se trata de regulaciones gravísimas que, de concretarse en leyes, consideraría delincuente a la persona que decida de manera libre, responsable e informada si quiere o no tener hijos, cuándo y cuántos.
Como estimó la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila al comunicar la resolución, si bien la vida humana está protegida constitucionalmente, la Carta Magna no distingue en qué momento se inicia ésta; hay un valor superior del ordenamiento, acorde con la tendencia mundial que sugiere establecer en la constituciones un catálogo más amplio de derechos fundamentales: "No se puede concebir un ordenamiento jurídico en el que el valor supremo de la vida no se encuentre protegido y garantizado, pero tampoco puede establecerse que este derecho sea omnímodo, intocable, absoluto".
Con estas argumentaciones, los asambleístas de Acción Nacional y del Verde Ecologista fracasaron en su intento por declarar inconstitucionales las reformas al Código Penal realizadas en 1999, en las que no se aplicará sanción por el delito de aborto cuando obedezca a alteraciones genéticas o congénitas del producto, o cuando se trate del embarazo producto de un acto de violación.
El avance que representa el reconocimiento de interrumpir el embarazo a nivel de supremacía constitucional sienta un precedente importantísimo para la futura defensa de los derechos reproductivos en este país.
Se trata de un paso que los hombres del comité ejecutivo nacional del PAN no alcanzan a comprender en su desplegado (La Jornada, 2/02/02). Contra sus argumentaciones, estimo que al considerar la vida humana desde su concepción ignoran hasta su propia doctrina teológica, pues según San Agustín el feto no tiene alma sino hasta los 80 días de haberse concebido, y existen otros teólogos que consideran aún más tardío ese momento.
En segundo término, la resolución en ningún momento es discriminatoria hacia las personas con alguna discapacidad, toda vez que nadie obliga a una madre a abortar un producto con malformaciones, sino sencillamente le abre el derecho a decidir si quiere y está en posibilidades o no de asumir esa importante responsabilidad.
Considerando el derecho a ser deseados, para mí que el momento decisivo es aun anterior al de la concepción. Cuántos niños abandonados, deprimidos, adictos, delincuentes se evitarían si toda persona hubiese sido deseada mucho antes del encuentro sexual que les dio origen. Todos los seres humanos tenemos derecho a ser deseados, a que alguien anticipe las necesidades y se prepare para nuestra llegada, y que esté dispuesto a darnos amor y alegría para toda la vida. Por eso, despenalizar el aborto es reconocer el derecho a la vida.
