Más de mil personas exigen en San Luis Acatlán su plena libertad

Enardece a guerrerenses de la Montaña y Costa Chica la detención de cinco policías comunitarios

El párroco de El Rincón pide la intervención del gobernador "antes que esto se prenda más"

ROSA ROJAS

Una tensa situación se vivía ayer en San Luis Acatlán, Guerrero, debido a que cerca de mil personas de cinco municipios de la Montaña y la Costa Chica exigían la plena libertad de cinco ex comisarios municipales, integrantes de la Policía Comunitaria, que este lunes fueron detenidos sin orden de aprehensión por judiciales estatales.

Vía telefónica, el párroco de Santa Cruz del Rincón, Mario Campos Hernández, informó que ya se había hablado con el subsecretario de Asuntos Políticos de Guerrero, Jesús Vargas, quien a su vez le iba a comunicar la situación al secretario de Gobierno y al procurador de Justicia de la entidad. "Lo que nosotros pedimos es su intervención inmediata, para echarle agua al fuego antes de que esto se prenda más, porque la gente está muy enardecida por la actuación de las autoridades", afirmó.

De acuerdo con uno de los integrantes del Sistema de Justicia Comunitario, el lunes 11 -al filo de las 12:50 horas- judiciales estatales entraron "de manera prepotente" a la oficina de la policía comunitaria en San Luis Acatlán y detuvieron a cinco comisarios municipales que acaban de terminar su función como integrantes de la Coordinadora de Impartición de Justicia. "Los detuvieron sin presentar ninguna orden de aprehensión, por privación ilegal de la libertad", dijo el informante.

"Al grupo de judiciales los iba guiando Constantina Morán Ramírez, vecina de la comunidad de Yoloxóchitl; ella entró como si fuera la comandante de grupo de la policía judicial, entraron empujando y gritando, había gente porque se estaba haciendo la entrega formal al nuevo comité de autoridades de la coordinadora. Entraron, dijeron que estaban detenidos. A un comisario le dijeron 'deja el arma, no se pasen de mierdas', afuera estaba una camioneta de la judicial y se llevaron a cinco comisarios, Leandro Calleja Natividad, de Pueblo Hidalgo; Efrén Cortés Clemente, de Miahuichan; Valente Arellano Laureano, de Arroyo Cumiapa, las tres comunidades de San Luis Acatlán; Celestino Bravo Carvajal, de Tierra Colorada, y Alfonso Bello González, de la comunidad Potrerillo del Rincón, ambas del municipio de Malinaltepec. Se los llevaron al Cereso de San Luis Acatlán."

A los comisarios los dejaron en libertad provisional hoy, pero cerca de mil personas de todas las organizaciones sociales que respaldan a la policía comunitaria y las 60 comunidades que integran el Sistema de Seguridad y Justicia de San Luis, Malinaltepec, Azoyú, Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte se juntaron y en San Luis "obligaron al juez y al agente del Ministerio Público a ver que no se vale que se detenga a gente reconocida y respaldada por el pueblo, que está impartiendo justicia.

"El esposo de Constantina, Silvino Encarnación Ramírez, está detenido, haciendo trabajo comunitario a favor de los pueblos que tienen policía comunitaria, porque está acusado de dos intentos de homicidio y lesiones contra dos de sus hermanos y tiene como antecedente un intento de homicidio contra su mamá y contra uno de sus tíos, al cual lesionó también; aun así, el agente y los judiciales de mala fe entraron y detuvieron a los comisarios, que no son delincuentes", señaló el informante.

Añadió que este problema "es una cuestión política, no jurídica, porque la Coordinación de Derechos Humanos de Ometepec, Guerrero, ya había recibido el informe de que había sido detenido Silvino Encarnación, y el juez de primera instancia y el agente del Ministerio Público de San Luis sabían de este asunto", e incluso el jueves se iba a conversar con la señora Constantina para aclararle el caso.

Añadió que la situación se puso tensa porque cuando la gente exigió al juez y al agente del Ministerio Público que se tomara declaración de hechos públicamente a los comisarios que fueron detenidos, "para que la gente vea que no son delincuentes, sino que lo que hicieron fue parte de la impartición de justicia comunitaria. El Ministerio Público salió a provocar, se puso muy ofensivo gritándole a la gente que quién es el pueblo para aplicar la ley, que el juez y la judicial son los que mandan. Entonces la gente se metió a la oficina del Ministerio Público y los judiciales salieron y cortaron cartucho, a uno se le fue un tiro y la gente le quitó la pistola".

Agregó que "si acaso sucede algo contra cualquier miembro del Sistema de Seguridad y de Justicia los inmediatos responsables son el agente del Ministerio Público con sus auxiliares, el juez de primera instancia, el presidente municipal, Abdías Acevedo Rojas, así como los caciques Miguel Rivera y otros".

El párroco Campos Hernández por su parte indicó que los miembros de la policía comunitaria se habían mantenido a la expectativa, sin intervenir, simplemente "a prudente distancia para darle seguridad a la ciudadanía. La gente quiere que se aclare que los comisarios fungieron como un servicio a la comunidad y piensa que detrás de esto hay un móvil político porque sienten que se les ha escapado la región, porque han disminuido los ingresos que recibían en esta instancia y la impunidad casi ha desaparecido. Son pretextos para imponer el terror de la ley, el terror jurídico", aseveró.