Gira órdenes de localización para que declaren sobre presunto desvío de recursos de Pemex

La PGR va tras ex coordinadores priístas de elecciones en estados

Montemayor, Juaristi y Domené pudieron haber incurrido en el delito de lavado de dinero

GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

La Secretaría de Finanzas del PRI, a cargo de Jorge Cárdenas Elizondo, utilizó en 2000 toda su estructura para mover los 500 millones de pesos que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) le entregó mediante 10 cheques de su cuenta en Banorte 559-02069-9 para financiar el último mes de la campaña de Francisco Labastida, de acuerdo con los documentos integrados en la averiguación previa PGR/UEDO/182/2001.

Además de Alonso Bretón, Alonso Veraza, Melitón Antonio Cázares y Andrés Heredia, participaron en los movimientos financieros Joel Hortiales y Elpidio López, que trabajaron como coordinador administrativo y secretario técnico, respectivamente, en la Secretaría de Finanzas con Cárdenas Elizondo.

La Procuraduría General de la República (PGR) giró ya una orden de localización contra algunos de los ex coordinadores de elecciones del PRI en los estados, con el propósito de que sean interrogados acerca del presunto uso de recursos públicos durante la campaña presidencial de ese partido político.

De acuerdo con las investigaciones, los 500 millones de pesos entregados al Revolucionario Institucional fueron obtenidos del préstamo que por 640 millones de pesos otorgó Petróleos Mexicanos (Pemex) al STPRM el 8 de junio de 2000.

Los otros 140 millones los cobró en forma directa el secretario de Finanzas de esa organización, Ricardo Aldana Prieto.

Entregas irregulares

El 19 de enero pasado La Jornada publicó una investigación periodística que puso al descubierto que la PGR investigaba el desvío de recursos de Pemex al PRI, vía entregas irregulares de dinero al STPRM, y que la suma ascendía en términos globales a mil 100 millones de pesos.

Los recursos liberados por Pemex bajo autorización de su ex director, Rogelio Montemayor Seguy; el ex director corporativo de Administración, Carlos Juaristi Septién, y el ex director corporativo de Finanzas, Juan José Domené Berlanga, se entregaron en dos partidas, una por 640 millones de pesos y otra de 460 millones.

Las declaraciones ministeriales de Heredia Jiménez, Cázares Castro ?testigos protegidos? y Veraza López ?todavía bajo arraigo? son consideradas "fundamentales" por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), porque a través de ellas ha podido dar seguimiento al dinero que el STPRM recibió de Pemex, la forma en que se transfirió al PRI y a cuentas de esa organización sindical, una de ellas en Houston, Texas.

Desde mayo de 2000 ?según la declaración ministerial de Alonso Veraza, ex coordinador administrativo de la Secretaría de Elecciones del PRI? tanto Jorge Cárdenas Elizondo como Alonso Bretón, subsecretario de Finanzas, comenzaron a construir la ingeniería financiera que operaría los recursos que, supuestamente, llegaron vía financiamiento privado al PRI.

A finales de ese mes Bretón mandó llamar a Veraza López, Andrés Heredia, Joel Hortiales Pacheco, Elpidio López López, Antonio Cázares y Gerardo Trejo Mejía, para informarles que estaban incluidos en una "lista de personas que recogerían dinero en efectivo para el partido". No hubo mayores explicaciones.

Pasaron los días y entre el 1 y el 7 de junio de 2000 Cárdenas Elizondo los volvió a convocar a su despacho para que cada uno por separado, ante él y otra persona que no ha sido identificada en la averiguación previa, firmaran un documento ?del que, según Veraza, no se les permitió conocer su contenido?, "una especie de registro de firmas", similar al que se utiliza en cuentas bancarias para autorizar a las personas que pueden realizar retiros en ventanilla.

Veraza López, Cázares Castro y Heredia Jiménez señalaron en sus declaraciones ministeriales ?formuladas por separado ante el Ministerio Público? que días después de haber firmado, Alonso Bretón les dio instrucciones de "ir a recoger dinero".

El primer retiro le correspondió a Veraza López y a Joel Hortiales. Ambos se trasladaron al estacionamiento ubicado detrás del edificio 3 ?donde tiene sus oficinas la Secretaría de Finanzas? del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que da a la calle Luis Donaldo Colosio. Ahí abordaron una camioneta que los condujo a las instalaciones de Cometra en la colonia Doctores.

El 9 de junio de 2000 Heredia Jiménez y Hortiales Pacheco ?que tenía su despacho en el segundo piso del edificio 3? cambiaron en la ventanilla de Cometra el cheque 051 que había entregado al PRI el secretario de Finanzas del STPRM, Ricardo Aldana Prieto, por la cantidad de 43 millones de pesos.

Ese día, horas más tarde, las mismas personas solicitaron la entrega de 57 millones de pesos; esta vez hicieron efectivo el cheque número 052.

Los retiros de dinero se fueron sucediendo desde entonces al 20 de junio ?faltaban 12 días para las elecciones presidenciales, que ganó Vicente Fox?, hasta sumar 500 millones de pesos.

En la cuenta 559-02069-9 de Banco Mercantil del Norte (Banorte) le quedaban al sindicato petrolero 140 millones de pesos. Ricardo Aldana Prieto, secretario de Finanzas del STPRM, los retiró con la misma mecánica que los funcionarios priístas: recibió el dinero en las instalaciones de Cometra. Para ello cambió en esa empresa de resguardo de valores los cheques 061, 062, 063 y 064.

Aldana Prieto cobró el 21 de junio 32 millones; el 22, 38 millones; el 23, en dos operaciones distintas, recibió primero 33 millones y después 37 millones más.

En la averiguación previa a cargo del fiscal especial Ricardo Martínez Chávez ?el mismo que integró las acusaciones contra León Alberto Schietekat Ballesteros y Eugenio González Sierra, por lavado de dinero, desechadas por un juzgado de primera instancia? se precisa que en la página 18 de la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal Federal (PFF), Aldana Prieto y los funcionarios de la Secretaría de Finanzas del PRI utilizaron instituciones del sistema financiero mexicano para efectuar "una conducta probablemente constitutiva de un delito distinto al que generó" el desvío de recursos de Pemex al sindicato petrolero.

La PFF, de acuerdo con las documentales de la averiguación previa, señala que Montemayor Seguy, Juaristi Septién y Domené Berlanga "previeron como posible (incurrir en una conducta ilícita) sin importar sus consecuencias delictivas, de lo que se derivan indicios suficientes que hacen posible su responsabilidad en el nuevo delito".

Esto es, que habrían participado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, pues las autoridades federales consideran que con el cobro de los 640 millones de pesos "se ocultó el numerario producto del pago ilegal" que Pemex realizó al STPRM.

En la PGR se sostiene la hipótesis de que el préstamo de 640 millones de pesos y el pago de supuestos adeudos por 460 millones al STPRM fueron operaciones ilegales, pues la denuncia interpuesta por la Secodam acredita documentalmente que no sólo no había suficiencia de recursos, sino que una decisión personal de Montemayor rompió el tope presupuestal de Pemex para 2000.

La denuncia de la Contraloría resume así los resultados de una auditoría iniciada el 22 de enero de 2001 al ejercicio presupuestal de Pemex Corporativo, en los periodos de 1997 y 2000:

El 5 de junio de 2000 Montemayor Seguy firmó el convenio 9399 con el STPRM, a través del cual se otorgó un préstamo al gremio petrolero por 640 millones de pesos, que supuestamente se pagaría "mediante 20 exhibiciones mensuales a partir de noviembre de ese año".

El 8 de junio de ese año Pemex expidió el cheque 0008648 de la cuenta 00102135752 de Scotiabank Inverlat, con el supuesto "propósito de atender gastos y costos originados por demandas judiciales interpuestas contra el STPRM, pero no fueron especificadas".

Asimismo, la auditoría detectó que el 11 de septiembre de 2000, la paraestatal y el sindicato suscribieron un nuevo convenio administrativo, esta vez bajo el número 9442, por 850 millones de pesos, "que serían destinados a cubrir presuntos incumplimientos laborales que habían sido acordados en revisiones del contrato colectivo de trabajo de 1997 a 1999".

En ese mismo acuerdo, con la anuencia de Montemayor Seguy, Domene Berlanga y Juaristi Septién "se determinó entregar otros 250 millones de pesos para atender una demanda entablada contra el STPRM por la empresa Arriba Limited por incumplimiento de contratos".

El 19 de octubre de 2000, la organización que dirige el diputado federal del PRI Carlos Romero Deschamps recibió el cheque 15185 por la cantidad de 460 millones de pesos, con el que se cubría el total del adeudo que Pemex tenía con el STPRM, por mil 100 millones de pesos.

La empresa y su sindicato realizaron una negociación para que de esta última cantidad se "descontaran" los 640 millones que se le habían prestado al gremio en junio de ese año, y de los cuales 500 millones fueron a parar al tricolor. El 10 de diciembre de 2001, la Contraloría presentó su denuncia formal ante la PGR por considerar que los ex funcionarios de Pemex y los líderes sindicales incurrieron en actos ilícitos que debían ser castigados penalmente.

De Montemayor Seguy, Juaristi Septién y Domene Berlanga, la Secodam señala que realizaron una negociación con la finalidad de "distraer recursos públicos de la paraestatal, utilizando como justificación obligaciones presuntamente inexistentes".

En la denuncia de la Secodam no se señala participación alguna de la Secretaría del Trabajo; sin embargo, el convenio de pago por 460 millones de pesos fue avalado por el coordinador general de Funcionarios Conciliadores de esa dependencia, Emilio Gómez Vives, el 11 de septiembre de 2000.

El dato es aportado por el director corporativo de Administración de Pemex, Julio Camelo Martínez, en el oficio 0126, que el pasado primero de febrero le envió al presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg Karakowsky, y del que este diario tiene copia.

Para la Contraloría, la entrega de los mil 100 millones de pesos se realizó "no observando diversas disposiciones presupuestarias, ya que (Pemex) no contaba con recursos para cubrir la obligación, lo que no constituyó un obstáculo para disponer del numerario en beneficio de terceros".

Las operaciones y su diseño fueron calificadas por la Contraloría como "un conjunto de actos urdidos por el ex director general de Pemex y los directores corporativos de Administración y de Finanzas, utilizados para distraer fondos públicos al amparo de la relación obrero-patronal que no estaba debidamente justificada".