Consideran positiva la presentación de la ley Cocopa

Grupos indios esperan más de la Corte que del Congreso

Demandan que se declare ilegal la consulta del Senado

ROSA ROJAS

"Sin ser ingenuos", y conscientes de que en el Congreso de la Unión "la correlación de fuerzas no es favorable", integrantes de organizaciones indígenas consideraron positiva la presentación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), pero advirtieron que continuarán con su lucha ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -contra la reforma en materia indígena aprobada el año pasado- y ampliando en los hechos el ejercicio de su autonomía.

Sofía Robles, de Servicios del Pueblo Mixe; Gilberto Remigio Román y Jesús Reyes Bonifacio, del Consejo Guerrerense 500 años; Carlos González, asesor de la Alianza de Pueblos y Comunidades Indígenas del Anáhuac; Carlos de Jesús, presidente de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) -organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI)-, y Margarita Gutiérrez, de la Comisión de Instrumentos Internacionales del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, plantearon que los diputados que presentaron la iniciativa deberían, "para ser congruentes", buscar detener la "ilegal consulta" que sobre la impugnada reforma realizan sus compañeros de partido en el Senado.

Robles subrayó que para reforzar su lucha legal, el próximo fin de semana se reunirán en la ciudad de Oaxaca decenas de autoridades municipales y comunitarias indígenas, tanto de esa entidad como de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal, que interpusieron controversias constitucionales y amparos contra la citada reforma ante la SCJN. Ahí se discutirá también la presentación de la iniciativa de la Cocopa, para fijar una posición y estrategias comunes.

Estimó que el presidente Vicente Fox tiene ahora la oportunidad de hacer la tarea pendiente, cuando envió la iniciativa de la Cocopa ante el Congreso "y no hizo nada para que los diputados y senadores la aprobaran".

Aún hay eco en la sociedad

Carlos González apuntó que políticamente es importante el acto de volver a presentar la iniciativa de la comisión legislativa ante el Congreso, pues se sigue señalando la necesidad de que se cumplan los acuerdos de San Andrés y que hay fuerzas políticas importantes interesadas en eso.

El hecho de que la presenten diputados de varios partidos expresa que es un reclamo no atendido que sigue teniendo eco en la sociedad y en la clase política, que no es un reclamo sólo de los pueblos indios; es una señal de que la ley que se aprobó el año pasado no atiende sus exigencias y que esa insatisfacción es compartida por otras fuerzas políticas y sociales. Es importante además, enfatizó, para ir atendiendo de manera urgente la necesidad de resolver el conflicto de Chiapas.

Respecto a que no se tiene mayoría para que sea aprobada la iniciativa, comentó: "A ver cómo se van a comportar las fuerzas políticas, hay un sector duro dentro de PRI y PAN que va a mantenerse en la idea de no hacer ya una modificación más en materia indígena a la Constitución."

Añadió que los acuerdos de San Andrés fueron aprobados sobre la base de una consulta efectiva a los pueblos. La nueva, que hace el Senado, es violatoria al convenio 169 de la OIT, que firmó el gobierno mexicano; una vez más, dijo, hacen a un lado la consulta efectiva a los pueblos mediante sus instancias tradicionales, como lo establece el convenio.

"Los partidos y diputados que están impulsando la ley Cocopa tendrían que oponerse a esta consulta senatorial, y si el PRD, de manera homogénea, está a favor de que los acuerdos de San Andrés se plasmen en la Constitución, tendrían que manifestarse contra esa consulta para ser congruentes con el señalamiento que han hecho de que se equivocaron al votar y, segundo, que debe incorporarse el espítiru de los acuerdos de San Andrés a la Constitución. Si no, estamos viendo un doble discurso", afirmó González.

Remigio Román apuntó que aunque los pueblos indios le hicieron observaciones a la iniciativa de la Cocopa, porque no reflejaba todas sus reivindicaciones, ése es el piso básico que debe aprobarse para dar pasos efectivos hacia la inclusión de los indígenas en la Constitución.

Reyes Bonifacio manifestó por su parte que el Consejo Guerrerense está a favor de una movilización nacional para "reforzar el rechazo de la reforma aprobada, buscando que la Suprema Corte la declare inconstitucional y el reconocimiento de la iniciativa de la Cocopa".

Margarita Gutiérrez comentó: "De entrada los pueblos indios refrendamos el compromiso de desconocer la reforma aprobada, que nació muerta, pero se ve difícil la correlación de fuerzas en el Congreso para la ley Cocopa. Son momentos muy complicados, en los que las dirigencias de los partidos van a ser renovadas; no es un ambiente propicio porque con estas cosas uno ya tiene desconfianza, a veces agarran agua para su molino, y el PAN está callado y es una parte importante de los actores. Algunos no somos tan ingenuos, pensamos que pudiera convertirse en un acto proselitista, nada más.

"Nuestra esperanza máxima es lo que determine la Suprema Corte, estamos cifrando la esperanza en el resultado de las controversias porque es la única instancia que nos queda a nivel nacional; la otra es recibir la respuesta de la reclamación de la violación in toto del convenio 169 de la OIT, para hacer presión moral a nivel internacional."

Además, Gutiérrez destacó lo que se está haciendo desde las regiones donde de facto se ejerce la autonomía; habló de las universades indígenas en proceso, como las de Sinaloa y de Tabasco, de las capacitaciones y de la policía comunitaria de San Luis Acatlán, es decir, de "la autonomía en los hechos".

Carlos de Jesús, a su vez, aseveró que las organizaciones y pueblos indígenas que participan en la ANIPA "no han recibido ni convocatoria ni información sobre la consulta del Senado, ni de parte de los legisladores ni de las instituciones como el INI o la oficina de Xóchitl Gálvez".

Enfatizó que dicha consulta "es ilegal" en los términos del convenio 169, pero además jurídicamente no es posible porque no pueden consultar sobre ordenamientos secundarios cuando la reforma no está vigente, está impugnada y la Corte no ha resuelto las controversias. "Hacemos un llamado a la Suprema Corte para que resuelva a favor de los pueblos indios y contra esa reforma constitucional, es nuestra última esperanza. Si resuelve negativamente, la credibilidad del Estado mexicano estaría por los suelos", expuso.

En marzo, eventual declaración de la OIT

Respecto a la queja interpuesta por la ANIPA ante la OIT por la violación in toto del convenio 169 por parte del Estado mexicano, informó que en marzo se reúne la comisión de expertos del organismo internacional para estudiar y emitir alguna recomendación al gobierno mexicano.

Recordó que esta queja incluye la reforma constitucional en materia indígena; la falta de consultas a los pueblos indígenas respecto a esa reforma y al Plan Puebla-Panamá; las reformas institucionales del INI, "que sólo sabemos por los medios que existe, y el decreto de descentralización que salió publicado el 1Ɔ de enero, ya que el 169 establece que no tan sólo cuando hay procesos legislativos, sino tambien cuando haya procesos administrativos, debe consultarse a los pueblos indios".