Forman fila de más de un kilómetro para presentar recursos de amparo contra el corralito

Homenaje a caídos de diciembre en Argentina

Jornada de protestas frente a la casa de gobierno, a dos meses de la renuncia de De la Rúa

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 20 de febrero. Argentina vivió este miércoles otra jornada de fuertes protestas, que incluyó, entre otras, una marcha de miles de desocupados y vecinos, quienes caminaron hasta la casa de gobierno, y culminó con un cacerolazo para recordar a la treintena de muertos que acabó con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

Aunque hoy no hubo violencia, las aguas no se han calmado desde entonces, y la tensión social sigue en aumento, cuando la quiebra económica parece profundizarse y se pasea el fantasma de la inflación. A poco más de mes y medio de su asunción, el gobierno del peronista Eduardo Duhalde se enfrenta a una ola de protestas, que este miércoles movilizó a desocupados de distintas organizaciones, quienes cortaron rutas aquí y en el interior del país; a ahorristas que cacerolearon en la zona bancaria, y a trabajadores de diversos gremios.

Las protestas -además de exigir trabajo, cambios institucionales, la devolución de ahorros- también recordaron este día a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre pasado. Justamente, la víspera, el vocero presidencial, Eduardo Amadeo, advirtió que se iba a reprimir cualquier manifestación violenta. Pero el propio mandatario y las autoridades de seguridad tomaron distancia de esa advertencia, hecha luego de que enfurecidos ahorristas destruyeran sedes bancarias en pleno centro porteño para protestar por el congelamiento de sus ahorros desde el pasado 3 de diciembre, restricción financiera que fue una de las causas del derrumbe de De la Rúa.

Miles de ahorristas eligieron también el camino judicial y, así, formaron una fila de más de un kilómetro frente a los tribunales para presentar recursos de amparo contra el corralito financiero, los que ya sumarían más de 20 mil. También hubo largas colas ante la embajada de Estados Unidos, después de la decisión "de emergencia" de Washington de exigir visas a los argentinos, medida interpretada por algunos analistas como un chantaje, al considerar la presión de empresas estadunidenses para hacerse de la elaboración de los documentos de identidad.

Inadmisibles, los actos de violencia

Ante la ola de protestas, el presidente Eduardo Duhalde dijo comprender la situación por la que atraviesa el pueblo, pero sostuvo que son inadmisibles los actos de violencia, y señaló que quienes claman "que se vayan todos" los políticos deben saber que necesitan de una organización que los represente.

También volvió a lanzar un mensaje al exterior, al recordar que sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) será muy difícil remontar la crisis, que afecta a 47 por ciento de los argentinos -cuyo nivel de vida a mediados del siglo pasado era comparable al de los estadunidenses- sumergidos en la pobreza y la indigencia, según cifras oficiales.

Hasta ahora, el FMI -que desde hace más de una década dirige los planes de ajuste en este país- sólo ha puesto condiciones para un programa "sustentable".

Mientras, Duhalde continúa midiendo a las empresas petroleras que amenazan con subir los combustibles, en venganza por el impuesto a la exportación de hidrocarburos. A las empresas no las ha satisfecho la pesificación de deudas decidida por el gobierno, que aunque favorece a deudores pequeños, tan atrapados como los ahorristas, juega en favor de estos grandes conglomerados al incluir las deudas mayores a cien mil dólares, que son las que más pesan.

Como sostienen diversos analistas, esta medida fue una virtual estatización de los débitos de los grandes grupos económicos, similar a la decidida en 1982 por Domingo Cavallo, entonces en el Banco Central, antes de ser el ministro de Economía de Carlos Menem y de De la Rúa.

Además, los grandes grupos económicos que sacaron miles de millones de dólares al exterior a lo largo de una década de corrupción, especialmente en los días anteriores al corralito, dinero que regresarán triplicándose tras la devaluación del peso, parecen dispuestos a quedarse a como dé lugar con las "últimas joyas de la abuela", según denuncian fuentes sindicales.

La fuga se aplicó por medio de bancos y entidades financieras, lo que es investigado por la justicia, que este miércoles prohibió la salida del país a 20 directivos de cinco bancos, entre ellos el Citibank.

En tanto, sectores financieros y el ex presidente Carlos Menem hacen campaña por la dolarización, opción que el propio Tesoro de Estados Unidos dijo que hubiera preferido para Argentina, y varios analistas denuncian que se trabaja para continuar con el alza del dólar, que hoy siguió en ascenso, para colocarse en 2.17 por peso, y así obligar a instalar la divisa estadunidense.

Estas jugadas agudizan la crisis y las protestas, en las cuales actúan varios grupos de desocupados que hoy convergieron en la marcha hacia la histórica Plaza de Mayo, donde se les unieron los vecinos autoconvocados en las asambleas de barrios, o caceroleros.

Los mató la policía, coreaban los manifestantes

Con tambores, fogatas, pancartas y banderas, los manifestantes, a quienes se les unió también un grupo de Madres de Plaza de Mayo y gente de organismos humanitarios, corearon que a las víctimas de diciembre las "mató la policía".

Además, miles de piqueteros de la Corriente Clasista y Combativa y de un frente ligado a la Central de Trabajadores Argentinos, conjuntamente con varios gremios estatales, realizaron un abrazo simbólico alrededor del Congreso, en rechazo al proyecto de presupuesto 2002, que incluye recortes exigidos por el FMI, principalmente a las empobrecidas provincias. Sólo así, según el organismo, dará una ayuda de emergencia a un país que atraviesa su peor crisis, con una economía paralizada desde hace cuatro años y un desempleo récord que supera 20 por ciento, índice que no incluye el subempleo.

En este contexto, y a dos meses de verse obligado a renunciar, De la Rúa vive ahora recluido en su finca de la provincia de Buenos Aires, convertido en una sombra política, tras dos años de presidencia en la que fue dejando de lado todas las promesas de lucha contra la corrupción que le dieron un aluvión de votos en 1999.

Sobre su cabeza pende la amenaza de ser expulsado de su partido, la centrista Unión Cívica Radical (UCR), y detenido por la represión del día 20 de diciembre en Plaza de Mayo, que dejó, además de cinco muertos, cientos de heridos y detenidos. Sus allegados sostienen que la orden de despejar la plaza no implicaba represión, y que ésta fue parte de una conspiración para tumbar al gobierno.