La Procuraduría General de la República (PGR) recibió ayer la notificación judicial que le ordena iniciar de inmediato la investigación en torno a los crímenes perpetrados desde el poder público el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.

En respuesta, unas horas más tarde, la dependencia dio a conocer el inicio de la averiguación previa 064/FESPLE/02, dando cumplimiento, en lo formal, al fallo emitido el 30 de enero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la orden girada por el juzgado primero de distrito en materia penal.

La investigación de la matanza de Tlatelolco ha de ser asumida por la recién creada fiscalía especializada en desaparición forzada de personas, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, que deberá también esclarecer los crímenes cometidos por servidores públicos durante la guerra sucia llevada a cabo por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo contra organizaciones guerrilleras, luchadores sociales y políticos pacíficos.

Como lo señalaron en su momento los ex dirigentes del movimiento estudiantil del 68, que presentaron ante la PGR --en octubre de 1998-- una denuncia de hechos y exigieron la investigación correspondiente, podría existir el riesgo de que pretenda desvirtuarse y entrampar la pesquisa con el argumento de que ha prescrito la responsabilidad penal de quienes perpetraron la matanza.

Pero debe considerarse, por otra parte, que México es signatario de instrumentos jurídicos internacionales que establecen claramente la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad como los cometidos por el poder público en la Plaza de las Tres Culturas.

Tal es el caso de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que entró en vigor en México el 22 de octubre de 1952, con base en la cual se exige el esclarecimiento del trágico suceso histórico y el castigo a los responsables. Si el Ministerio Público, después de investigar los hechos e identificar a los presuntos culpables, resolviera el no ejercicio de la acción penal, tal determinación tendría para el Estado en su conjunto un altísimo costo político en lo nacional y en lo internacional: el reiterado compromiso del presidente Vicente Fox y colaboradores con la construcción de un estado de derecho, y la vigencia de los derechos humanos, quedarían en entredicho.

Por la justicia, por la verdad, por la memoria de los asesinados, por la salud de la vida pública y la fortaleza de las instituciones, es necesario que hoy comience a esclarecerse --de una buena vez--, con toda la voluntad política que se requiera y sin encubrir a nadie, sea quien fuere, la atrocidad perpetrada contra una multitud inocente la tarde del 2 de octubre de 1968.