Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 23 de febrero de 2002
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Economía

El PRI exige a Fox defender los intereses nacionales

Enfrentamiento con el Congreso si se echa abajo el impuesto a la fructosa

ANDREA BECERRIL

La Fracción del PRI en el Senado de la República exigió al presidente Fox defender los intereses nacionales, no los de Estados Unidos, y le advirtió que si intenta echar abajo el impuesto de 20 por ciento a la fructosa se va enfrentar con el Congreso, que hará valer la ley con la protesta social organizada por el tricolor, toda vez que tal decisión mandaría a la quiebra a la industria azucarera.

A nombre de los senadores priístas, Fidel Herrera parafraseó al legislador estadunidense que puso un ultimátum a las autoridades mexicanas para retirar el gravamen: "Nuestra paciencia también se ha agotado y exigimos a Fox y al secretario de Economía que peleen porque Estados Unidos cumpla con el Tratado de Libre Comercio, además de defender a la agroindustria mexicana".

Herrera Beltrán agregó que si, "en una interpretación abusiva de las facultades contenidas en el artículo 39 del Código Fiscal Federal, el Ejecutivo elimina el impuesto especial de 20 por ciento para aquellos refrescos que no utilicen como materia prima el azúcar -concertado por todas las fuerzas políticas en diciembre pasado- va a lesionar a casi 3 millones de mexicanos que dependen de la industria azucarera.

También presidente de la Comisión senatorial de seguimiento a la situación de los ingenios expropiados, el senador priísta explicó que el gravamen es legal y no se contrapone a lo establecido en el TLC en materia de libre comercio ni otros tratados internacionales. "Lo único que hicimos fue proteger a nuestra industria azucarera, como en Estados Unidos se hace con la naranja y el tomate de Florida o las manzanas de California".

Explicó que no se impuso un gravamen a la importación de alta fructosa, lo que habría ido en contra de lo pactado en el TLC. "Lo que hicimos mediante el título II, inciso H, de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) fue dar un estímulo para los productores de refresco que utilicen azúcar en lugar de otro edulcorante, no les prohibimos que usen fructosa".

De ahí que, insistió, el gravamen es perfectamente constitucional y compatible con los acuerdos internacionales y si Fox, como se ha filtrado en Estados Unidos, anuncia el lunes que lo echa abajo, "vamos a reclamar, con toda la fuerza de la ley que nos asiste y con la protesta social, para que se mantenga esta legislación, que además nos debe servir como escudo y defensa para reclamar el cumplimiento del TLC".

Quitar ese impuesto especial, insistió, atenta contra 15 estados productores de azúcar de caña, contra 265 municipios y 3 millones de mexicanos que dependen directa e indirectamente de la industria azucarera.

Es un contrasentido, agregó el senador veracruzano, que el Presidente de la República esté más preocupado en quedar bien con Estados Unidos y sus productores de fructosa, en lugar de velar por el futuro de la industria azucarera nacional.

Detalló que Washington ha incumplido el TLC y le compra a México menos azúcar ahora que antes de la firma de ese acuerdo comercial.

Estados Unidos compra un millón 200 mil toneladas de azúcar en todo el mundo, pero de esa cantidad sólo importa 148 mil toneladas de México y el resto a 38 países que no son sus socios comerciales, se ha negado incluso a adquirir todo el excedente, como se pactó en el TLC.

De ahí que, agregó, "si Fox decide irse por esa vía y trata de revertir una decisión del Congreso, se va a encontrar con una respuesta firme del PRI", agregó Herrera Beltrán. Insistió en que están dispuestos a llamar a la protesta social, a movilizaciones que frenen "ese intento de lesionar a esa agroindustria, para quedar bien con Estados Unidos".

Hizo notar que Fox puede "tentarle la cola al tigre", ya que de por sí el agro cañero, "es un campo caliente, organizado, que ha dado muchas batallas en la historia del país". El Ejecutivo, insistió, está incitando a la violencia, además de atentar contra el interés público, porque el Estado es el dueño de 51 por ciento de los ingenios.

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