Un estudiante fue detenido por un delito que se cometió dos horas más tarde

ELIA BALTAZAR

El jueves 15 de noviembre, a las 16:30 horas, dos jóvenes armados interceptaron a una mujer que conducía una camioneta sobre la calle Hacienda Santa Cecilia. La despojaron de sus pertenencias, del vehículo y se dieron a la fuga. Pero pronto fueron alcanzados, apenas cinco cuadras adelante, y detenidos por dos agentes de la policía capitalina, que los presentaron a la agencia 32 del Ministerio Público.

Ese mismo día, a las 14:30 horas, Fernando Cortés González, un joven de 20 años, fue detenido dentro de las instalaciones de un billar de la plaza comercial Cuemanco, ubicado en Calzada del Hueso, y más tarde sería acusado de cometer el asalto que ocurrió dos horas después y por el cual ya fue sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel. Y ya no su palabra, ni siquiera la de los testigos que se encontraban en el lugar cuando se llevó a cabo el operativo de la policía, valieron para librarlo.

Tampoco pesó en el ánimo del juez segundo de lo penal del Reclusorio Preventivo Norte, Alfredo David Rosales Castrillo, que la mujer víctima del delito, de nombre Esther Herrera de Becerril, reconociera en el careo ?según consta en actas? "que nunca había visto" a Fernando. "No lo conozco", declaró. Y así se lo expresó antes a la madre del joven, a quien le dijo que su hijo no la había asaltado.

No consideradas en el proceso penal las contradicciones en la acusación contra Fernando, que fue aprehendido en hora y lugar distintos a los que aseguran los policías y aun la misma mujer que denunció el delito, la familia de Fernando presentó la apelación de la sentencia, que está en curso en la sala uno del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Y Fernando espera. Porque hace tres meses y medio que perdió su libertad y su vida como estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, donde cursaba el segundo bimestre de diseño de la comunicación gráfica.

Un mal día

Antes de su detención, Fernando había comenzado su día como cualquier otro. Clase de francés de 8 a 10 en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, y de allí a la UAM Xochimilco, donde tenía una clase con la maestra Rosalía Reyes, que se suspendió por "causas de fuerza mayor". Eran las 11:30 de la mañana y Fernando tenía que volver a su casa sólo antes de las tres de la tarde. Así que, con sus compañeros de la universidad, Octavio, Hugo y Pablo ?este último también detenido y posteriormente liberado?, se dirigieron primero a las canchas de futbol de su plantel, pero como las estaban regando no hubo posibilidades de jugar.

Entonces decidieron ir al billar, donde estuvieron desde las 12:30 del día hasta la hora en que un operativo los sorprendió, lo mismo que a los jóvenes que se encontraban en otras cuatro mesas de pool. Entraron "muchos policías", dicen en su declaración los jóvenes y la empleada del billar. Fernando estaba en ese momento en el baño, deshaciéndose de la tiza de sus manos, y no escuchó cuando los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública entraron al local, armas en mano, ordenando a todos los muchachos tirarse al suelo.

Cuando salió del baño oyó la voz de una chava que le gritó que hiciera lo mismo. Pero no alcanzó a llegar al piso, porque la mano de un agente lo tomó por el cinturón y lo levantó. El policía le pidió una identificación y al sacar su cartera se la arrebató. Fernando le dijo que era estudiante y que allí estaba su credencial. Pero el uniformado sólo le contestó: "Si yo quiero tú no existes, así que mejor jálale". Y a golpes lo sacaron del lugar.

Fernando fue llevado hasta una patrulla y en otra subieron a su amigo Pablo Eduardo Diz Ramírez. Los dos fueron obligados a cubrirse la cabeza con su propia playera y a tirarse en el piso del vehículo. Los golpearon y trasladaron al sector Culhuacán.

Allí, Fernando fue encerrado en un cuarto en el que lo pusieron de rodillas, aún con la cabeza cubierta, por lo que sólo vio tres pares de zapatos que comenzaron a patearlo en las costillas. Le comenzaron a gritar que confesara dónde había dejado "las llaves (de la camioneta) y el cuete". Para Fernando eran preguntas inexplicables.

Poco después lo llevaron de nuevo a la patrulla y antes de abandonar la sede del sector, lo bajaron y pusieron frente a una pared, donde le tomaron una fotografía junto a su amigo Pablo. De allí fue trasladado a la agencia 32 del Ministerio Público, a donde llegaron aproximadamente a las cinco de la tarde de ese jueves 15 de noviembre. Contra la ley, los agentes no le permitieron hacer una sola llamada. Su declaración la rindió hasta el viernes por la noche, cuando supo por fin de qué lo acusaban.

El sábado por la mañana, Fernando ya estaba en el área de ingreso del Reclusorio Preventivo Norte. El operativo, sin embargo, ha sido negado por las autoridades y ni siquiera existe bitácora de la actuación de los policías que participaron en los hechos.

La otra historia

Los hechos antes descritos no sólo fueron narrados por Fernando, sino por ocho testigos que rindieron su declaración ante la secretaria de actas del juzgado segundo de lo penal, Elodia Campollo Otero, porque el juez Alfredo David Rosales no estuvo presente en ninguna de las audiencias y ni siquiera en los careos del proceso. Las declaraciones constan en las actas, en poder de este medio.

Otro, sin embargo, es el testimonio de los policías Víctor Manuel Vázquez Comunidad, con placa R 10135, y José Manuel Casas Díaz, con placa R 11129, quienes aseguraron que detuvieron a Fernando en flagrancia, cuando huía de la camioneta que supuestamente robó, y la cual fue interceptada por los patrulleros, según su dicho, en la calle Hacienda de Torrecillas.

En su declaración, los policías aseguran que detuvieron a Fernando y a Pablo cuando huyeron abandonando la camioneta. Primero sometieron a los estudiantes, y luego alcanzaron a un sujeto más de nombre Hansel, quien también se encuentra en la cárcel, aunque no fue detenido en el billar ni es conocido de Pablo y Fernando.

Para entonces, la mujer que denunció el robo a mano armada, ya se encontraba en su camioneta y revisaba si estaban completas sus pertenencias.

La víctima del asalto aseguró que los ladrones no sólo la despojaron de su camioneta Ford Windstar color oro, modelo 2001, con placas de circulación SPH-H105, sino de 80 relojes que había en el interior, así como de su bolso y cartera con mil 200 pesos, y de unos lentes con valor de $2 mil.

Ninguno de esos objetos encontró la policía en poder de Fernando, Pablo o Hansel. Y aunque la mujer dijo que habían sido dos los asaltantes, los agentes aseguraron que los tres iban a bordo de la camioneta. Y que probablemente habían abandonado las propiedades hurtadas antes de ser alcanzados. Pero en el rondín tampoco hallaron nada.

Los policías aseguran que en el momento de ser detenidos Fernando y Pablo, la mujer, que según los agentes se encontraba en su camioneta a unos 45 metros de distancia, los vio y acusó de robo. Sin embargo, los testigos de Fernando aseguran que la víctima se encontraba en el estacionamiento de la plaza comercial donde está ubicado el billar en el que se realizó el operativo.

En su declaración, la denunciante niega que haya visto a los jóvenes ya detenidos y admite que no reconoce ni a Fernando ni a Pablo como los asaltantes. En el careo afirmó que la primera vez que vio a Fernando fue en la audiencia del 20 de diciembre de 2001.

Con todo, Pablo fue dejado en libertad bajo las reservas de ley y a Fernando se le dictó auto de formal prisión, con las declaraciones de los policías José Manuel Casas Díaz y Víctor Manuel Vázquez Comunidad, como únicas pruebas que constan en su contra, pese a las contradicciones del caso.

El lugar, la hora y el procedimiento que se siguió durante y después de la detención de Fernando no son las únicas irregularidades en este caso que ya está en manos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la misma Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública.

Pero el miedo obliga al silencio de la familia, que ha pedido omitir algunos detalles para no influir en el ánimo de quienes imparten justicia. Porque de ellos depende la libertad de Fernando. Y sobran razones para desconfiar.

Justicia ciega

Los familiares de Fernando -y él mismo- han tropezado una y otra vez con las experiencias de sobra conocidas. Desde el maltrato en una agencia del Ministerio Público, donde escriben una declaración que pocas veces se acerca a los hechos que se describen, hasta la constante entrega de dinero para acceder a los derechos que a todos corresponden. Los padres de Fernando, por ejemplo, tuvieron que pagar 500 pesos sólo porque le entregaran una chamarra mientras estaba en los separos del Ministerio Público. Y hay más, pero "no es el momento de decirlo", porque Fernando sigue "adentro".

En busca de justicia, de que alguien los escuche, han recurrido hasta al propio jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, quien escuchó su caso y pidió a sus colaboradores la atención debida. Poco han logrado hasta ahora. Porque, a veces, la máxima que hace ciega a la justicia, se cumple hasta el extremo.