Regreso a la Marcha del color de la tierra
 

Hace un año que la Marcha del color de la tierra comenzó. Hoy, como entonces, el gobierno de Vicente Fox carece de iniciativas para solucionar el conflicto armado en Chiapas y la problemática indígena en el país. Su comportamiento semeja el de un corcho flotando en el mar: no se hunde, pero no se dirige a sitio alguno. Incapaz de elaborar una política activa, inquieta por el silencio del EZLN, presa del conservadurismo panista, la nueva administración parece conformarse con administrar el conflicto, aplaudir los procesos de reconciliación ficticia impulsados por el gobierno de Chiapas, esperar el milagro de que la política social desfonde la resistencia zapatista y simular que la situación se encuentra "bajo control" para venderle a la comunidad internacional la idea de "aquí no pasa nada".

Su esperanza de que la derrota electoral del PRI quitara razón de ser a los rebeldes mexicanos resultó infructuosa, por lo que se ha quedado sin recursos políticos para enfrentar el momento. En las cárceles de Chiapas, Tabasco y Querétaro permanecen 29 zapatistas detenidos. Los paramilitares siguen actuando. La presencia en el país de cerca de 100 defensores de derechos humanos, organizados en la Tercera Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, desmiente la versión de que el asunto chiapaneco ya no preocupa en el exterior.

El fracaso de la política indígena del nuevo gobierno ha sido estrepitoso. Coptó a la dirección de la ANIPA pensando que así podría controlar el movimiento indígena, para deshacerse parcialmente de ella antes de un año sin alcanzar resultado alguno visible. Creó una comisión especial dedicada a apagar fuegos, que reproduce esquemas paternalistas en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Ahora se dispone a emprender una reforma institucional que "tirará el niño con el agua sucia de la bañera" al descentralizar las funciones del Instituto Nacional Indigenista (INI) hasta ahogarlo en la red de intereses de los cacicazgos regionales.

Al pasmo gubernamental hay que añadir la incapacidad de la Cocopa para generar iniciativas de coadyuvancia consensadas entre las partes. Ni siquiera pudo sumarse a una de las más interesantes acciones para destrabar el conflicto, impulsada recientemente por 168 legisladores: la nueva presentación al Congreso de la iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, elaborada por ella misma en 1996. El hecho es penoso y, a su lado, todas las demás acciones que han emprendido sus integrantes sólo parecen fuegos de artificio, iniciativas de promoción personal para ganar un pequeño espacio en los medios de comunicación, y no genuinas acciones a favor de la distensión. El fracaso de la comisión de concordia como impulsora de la paz es mayúsculo y vergonzoso.

Anulados los poderes Ejecutivo y Legislativo como actores capaces de destrabar el conflicto, el balón está ahora en la cancha del Poder Judicial. Próximamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver las más de 300 demandas de controversia constitucional en contra de la ley Bartlett-Fernández de Cevallos- Ortega.

Estas inconformidades fueron presentadas en su inmensa mayoría por municipios indios y han sido acompañadas de acciones de desobediencia civil pacífica: tomas de gobiernos locales, defensa de los territorios y recursos naturales, consultas y reuniones. Apenas este fin de semana en Oaxaca decenas de organizaciones étnicas y autoridades tradicionales y constitucionales promovieron una movilización nacional de los pueblos originarios ante la Suprema Corte para hacer saber a los ministros que están pendientes de la resolución.

La disyuntiva que la SCJN tiene delante de sí es similar a la que tuvo que enfrentar en enero de 1994.

En la primera Declaración de la Selva Lacandona, en la que los insurrectos declararon la guerra y reivindicaron su carácter de fuerza indígena al señalar que "son producto de 500 años de luchas" (que de acuerdo con el escritor Manuel Vázquez Montalbán es "un grito de protesta al estilo del siglo xix"), convocaron no a destruir el Estado burgués, ni a instaurar el socialismo, sino a algo mucho más modesto: que el Poder Legislativo y el Poder Judicial se abocaran a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación deponiendo a Carlos Salinas de Gortari.

El fallo de la Corte será crucial tanto para el futuro de las relaciones entre el Estado mexicano con los pueblos indios como para el proceso de paz. Una negativa a reparar el agravio legislativo cerrará las posibilidades de solución al conflicto. El Poder Judicial tiene delante de sí una oportunidad única para reparar un daño histórico. Los ministros tienen la palabra.