El "buró de empleo" violaría derechos elementales

ONG, contra plan de Canacintra para divulgar listas negras de trabajadores

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El "buró de empleo" mediante el que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) intenta establecer un mecanismo para " boletinar" o poner en listas negras a trabajadores que promuevan demandas y movimientos laborales, con el propósito de que no sean contratados por ninguna empresa, viola la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el principio de libertad de asociación y de huelga, así como las más elementales normas de los derechos humanos, denunciaron ayer organizaciones no gubernamentales.

La medida, que primero se implementaría en Chihuahua y después se buscarían extender a todo el país, tiene un carácter fascista, represivo, inquisitorio y retrograda; además, representa un peligro de potencial violación masiva de los derechos laborales, aseveraron Amnistía Internacional; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Espacio de Coordinación sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); el Frente Auténtico del Trabajo; el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), y la Alianza Democrática de Trabajadores Petroleros, entre otras organizaciones.

Lo más grave, dijeron, es que el plan ya trata de aplicarlo Raúl Picard, presidente de la Canacintra, en acuerdo con la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez y empresarios de Chihuahua, con la benevolencia del Colegio y la Barra de Abogados de esa entidad.

La intención de "boletinar" o poner en listas negras a trabajadores activistas, así como a los abogados que los defiendan legalmente, señaló Pedro Reyes, del Cereal, significa la instauración de un órgano de represión y control, lo que constituye una violación grave a los derechos humanos.

El "buró", insistió, inhibe de modo drástico el ejercicio del derecho de asociación, la libertad de expresión, todos los ordenamientos legales, el derecho de huelga, el acceso a la justicia laboral e, incluso, el derecho a ser representado por un abogado; lo mismo viola la Carta Magna que la Declaración sobre Defensores de la Organización de Naciones Unidas.

En la conferencia de prensa conjunta, las organizaciones expresaron que el mecanismo no sólo representa una grave violación de los derechos al negar el trabajo a las personas, sino que, como otras formas de hostigamiento y violencia por parte de los empresarios hacia los trabajadores, significa una carta abierta, un permiso para que los empresarios se sientan libres para actuar con completa impunidad.

Incluso, la intención de la Canacintra es institucionalizar este tipo de actos ilegales y llevar la información de un estado a otro, poniéndola en la página de Internet de este organismo, a disposición de sus afiliados, agregó.

Arelí Sandoval, de la DESC, indicó que, en los hechos, los patrones ya realizan ese tipo de prácticas y que, mediante sus investigaciones, ha logrado detectar casos en que los trabajadores con problemas laborales en una empresa, "misteriosamente" ya no son contratados en ninguna otra, por lo que se presupone que existen estas listas de manera extraoficial, sobre todo en la zona de la frontera norte del país.

Algunas acciones que se busca emprender para corregir la situación, son: exigir a la Secretaría del Trabajo que adopte todas las medidas jurídicas y políticas para hacer cumplir la ley y sancionar a la directiva de la Canacintra por alentar esas prácticas, y solicitar a la Cámara de Diputados la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo de garantizar la protección de los activistas sindicales.

Además, se iniciará una campaña de monitoreo y documentación de casos, y otra para presentar las listas negras de las empresas involucradas en éste y otros métodos para coartar derechos laborales.