El padre de la regidora ejecutada señala al alcalde como responsable del homicidio
Entregan a la PGJEM 50 expedientes de presuntas irregularidades en Atizapán
Descarta el procurador mexiquense que exista persecución política contra funcionarios
SILVIA CHAVEZ GONZALEZ E ISRAEL DAVILA CORRESPONSALES
Durante seis meses la regidora panista de Atizapán de Zaragoza, María de los Angeles Tamez Pérez, asesinada el pasado 5 de septiembre, laboró en el sótano del palacio municipal de esa localidad porque descubrió que su oficina tenía intervenidas las líneas telefónicas.
En ese tiempo acumuló información sobre actos de corrupción perpetrados en al menos seis direcciones de gobierno, que integró en 50 expedientes, mismos que Pedro Tamez Fernández, su padre, entregó a la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM).
Lo anterior lo informó Tamez Fernández en entrevista con La Jornada, e indicó que su hija tenía en su poder 50 expedientes sobre adjudicaciones de obras, autorizaciones de construcción y concesiones sin licitación oficial.
Inclusive algunos de estos documentos los llevó a su casa para analizarlos. Estos, dijo, contenían información precisa sobre irregularidades en las direcciones de Desarrollo Urbano, Adquisiciones, Obras Públicas, Desarrollo Social, Servicios Públicos y nómina de la presidencia de Atizapán de Zaragoza.
En su domicilio, ubicado en Nido de Aguilas 18 del fraccionamiento Las Alamedas, donde fue ejecutada su hija, Pedro Tamez informó que entregó las cinco cajas -con cientos de documentos foliados- a la PGJEM, mismos que agentes judiciales mexiquenses trasladaron a la Subprocuraduría de Justicia de Tlanepantla.
Explicó que esas cuartillas llevaban precisiones sobre actos de ilegalidad de los cuales tuvo conocimiento el alcalde panista Antonio Domínguez Zambrano.
Indicó que a los tres meses de iniciar sus actividades como regidora, María de los Angeles Tamez Pérez descubrió "malos manejos en adquisiciones, actos que fueron promovidos por Daniel García -ex secretario y ex coordinador de campaña de Antonio Domínguez Zambrano-, arraigado desde el martes pasado como presunto autor del asesinato de la regidora. Fue el propio edil quien en forma pública enfrentó a Tamez Pérez por exigir y promover la destitución de Daniel García, comentó.
Entre las irregularidades graves detectadas, la regidora ubicó la construcción de una gran bodega de la empresa cervecera Corona, la cual no contó con las autorizaciones del cabildo y de la Legislatura local. Asimismo, en presidencia fue incorporado personal que no labora en palacio, como una medida para pagar gastos de campaña para el alcalde de este lugar, señaló Pedro Tamez.
Marigely, dijo Pedro Tamez, había hecho señalamientos al alcalde sobre esas irregularidades, e inclusive estaba por renunciar a su mandato. "En algunas de sus anotaciones que fueron entregadas a la procuraduría ella destacó que llevaría al alcalde a la Mesa de Responsabilidades de los Servidores Públicos", destacó.
Comentó que de pronto el alcalde Domínguez Zambrano pagó una hipoteca por 2 millones de pesos, el inmueble de su consultorio, y en distintos puntos del municipio tiene terrenos y departamentos que antes de obtener la alcaldía no tenía, por ello consideró que una vez descubierta la realidad de lo que sucede en el gobierno local sin duda habría que fincar responsabilidades contra el alcalde y algunos de sus funcionarios, consideró.
Sobre la declaración del alcalde, de que iniciará un proceso judicial en su contra por haber involucrado a su gobierno en actos de narcotráfico, comentó que "si él y yo nos vamos a ver en los juzgados, será él adentro y yo afuera", y confió en que pronto se libere una orden de aprehensión contra el edil y algunos de sus funcionarios.
Asimismo, aseguró que la agencia de noticias Notimex se ha mantenido "neutral" sobre el caso de su hija, y consideró que el alcalde panista -al acusar a personal de esta empresa como autores de distribuir panfletos contra su gobierno- sólo pretende distraer la atención de la opinión pública.
La policía ministerial presentará a declarar al edil
El titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM), Alfonso Navarrete Prida, informó que la policía ministerial mexiquense presentará ante el Ministerio Público al alcalde panista atizapense, José Antonio Domínguez Zambrano, quien se ha negado a atender los dos citatorios que ha girado la dependencia para ampliar su declaración en torno al homicidio de la regidora.
Entrevistado en Toluca, el procurador mexiquense también descartó que haya una persecución política contra funcionarios de esa demarcación, ya que todo está soportado con hechos reales en los que se han visto involucrados.
Aseguró que el jueves pasado -un día después de que se descubriera una casa de seguridad donde presuntamente se realizaba espionaje telefónico pagado por el ayuntamiento-, el Ministerio Público citó a Domínguez Zambrano a que ampliara su declaración para conocer su participación con esta actividad ilícita, y por la relación que existe con el arraigado, Daniel García Rodríguez.
Comentó que el alcalde no acudió, por lo que se le giró un nuevo citatorio para el sábado pasado, al que tampoco acudió.
"Hay dos citatorios a los cuales no ha acudido, se le ha notificado en el mismo lugar donde se le avisó para su primera declaración. Ahora la procuraduría tendrá que hacer valer un recurso de carácter legal para que comparezca y rinda una declaración", dijo.
Apuntó que el Ministerio Público está obligado a girar una orden de localización y presentación del alcalde para que comparezca y amplié su declaración, "porque no se puede arriesgar la investigación ni entorpecerla".
Además, sobre la presencia que tiene la policía ministerial en esa localidad, la cual se ha incrementado a raíz de estos hechos, dijo que no es intimidatoria, sino preventiva y como parte de la investigación.
Liberan a cuatro de los seis detenidos por presunto espionaje
Por la noche del domingo, la PGJEM informó que de los seis detenidos por el presunto espionaje telefónico a las oficinas de los regidores atizapenses, quedaron arraigados Martín Moreno Rodríguez y su hija Elvia Moreno, familiares de Daniel García, también arraigado desde el martes pasado.
Explicó que las diligencias todavía no terminan para definir los delitos en los cuales habrían incurrido estas personas. Dijo que los liberados bajo las reservas de ley son Juan Velázquez Hernández, Verónica López Ramírez, Rafael Marroquín Ruíz y Cristian Martínez Domínguez, inquilinos de los otros departamentos.