Retorno a la tierra despojada
Tras lucha de medio siglo, comunidad huichola de Jalisco tomó posesión de 715 hectáreas restituidas
ROSA ROJAS ENVIADA
Municipio de Tuxpan de Bolaños, Jalisco. El pueblo wirrárika (huichol) avanzó otro paso en el camino a la utopía de lograr su reunificación territorial y cultural, luego de lograr que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 13 de Jalisco le restituyera a la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán 715 hectáreas del cerro La Campana, que estaba en manos de ''pequeños propietarios'' de Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, Nayarit.
Los wirrárikas comenzaron el trámite de confirmación y titulación de tierras comunales en 1950 -aunque tienen títulos virreinales que datan de 1725- y en 1953 les fue entregada la resolución presidencial.
En el camino tuvieron que luchar con poderosos intereses creados de decenas de ganaderos mestizos -apoyados por gobernadores de Nayarit y Zacatecas- que invadieron más de 30 mil hectáreas de territorio wirrárika y solicitaron que se excluyeran los predios quitados de la resolución de San Sebastián.
El territorio wirrárika original se extendía en parte de lo que ahora son los estados de Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas. Varios gobernadores, sobre todo de estas dos últimas entidades, mostraron ignorancia en cuestiones agrarias (ya que un ejido o comunidad puede tener tierras en varios estados) y racismo, al afirmar que "no van a permitir que se le entregue tierra nayarita (o zacatecana) a esos indios de Jalisco".
El viernes primero de marzo unos 300 wirrárikas, encabezados por el comisariado de bienes comunales de San Sebastián, José Carrillo, así como el gobernador tradicional de San Sebastián y una partida de 18 integrantes de Seguridad Pública de Jalisco, acompañaron a la secretaria de Acuerdos del TUA, Olivia Rascón Carrasco; a los abogados de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), Evangelina Robles y Rubén Avila Tena, y al director de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Ramón Longoria, a ejecutar la sentencia del magistrado Agustín Hernández González a favor de la comunidad.
El rancho La Campana estaba en posesión de Rodolfo Ruiz y sus tres hermano desde hace unos 30 años. Ejecutar la sentencia del TUA implicó que el personal del tribunal se constituyera en el lugar.
Los posesionarios no estaban en el rancho, por lo que se procedió a sacar los bienes que había en las tres construcciones, se hizo un inventario y se instruyó a los huicholes para que las depositaran en alguna bodega propiedad de la comunidad en Tuxpan de Bolaños.
Rascón Carrasco informó a las autoridades wirrárikas que los posesionarios tendrían cinco días para retirar sus posesiones o de lo contrario "ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran". La gente se rió, porque la mayoría era ropa vieja y cacharros sin valor.
Igualmente, la funcionaria dio fe de que los indígenas juntaron el ganado de los Ruiz -unas 75 cabezas de ganado bovino- que andaba pastando por el monte, mismo que sería arreado hasta un corral, también en Tuxpan.
Una vez sacadas las cosas e inventariadas, y elaborada el acta respectiva, Rascón Carrasco le hizo entrega a la comunidad "formal, legal y material" del rancho y sus 715 hectáreas.
Entre la ropa, cacharros de cocina, mangueras, mazorcas e implementos agrícolas se encontraron en el rancho un rifle calibre 22 y una pistola escuadra calibre 9 milímetros con algunos cartuchos útiles. Las armas fueron entregadas al jefe policiaco. Se consignó en el acta que al ser delito federal la posesión de ese tipo de arma, se daría parte al magistrado para que a su vez hiciera lo propio con el Ministerio Público Federal.
Las autoridades wirrárikas, gente de muy pocas palabras ante los fuereños, instaron a los comuneros a unirse para mantener la posesión de la tierra, a cuidarla. Luego la caravana emprendió el descenso.
Para llegar a La Campana, que está casi en los límites de Jalisco y Nayarit -de Guadalajara a Bolaños se hacen cuatro horas-, hay que adentrarse a la sierra en un camino de terracería que a la vuelta y vuelta trepa unos 2 mil metros y baja otra vez. Dos horas y media después se llega al pie del cerro; la subida al rancho tomó dos horas más.
La diligencia en el rancho tuvo una duración de cuatro horas y media.
Esta ejecución de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en favor de los wirras "será un detonador de la situación en la región", según informaron los abogados de AJAGI, "porque los Ruiz son del grupo fuerte, de los posesionarios más difíciles, los que más problemas causan a los indígenas, de los que golpean gente y queman casas, o sea los más cabrones, de los que dicen que nunca se van a salir.
"Entonces es muy importante esta ejecución, porque de lo que pase en los próximos días se verá hacia dónde van las cosas tanto con los ganaderos como con la Judicial y el gobierno de Nayarit.
"Yo tenía el presentimiento de que no iba a pasar nada en la diligencia, como ocurrió; todo estuvo tranquilo, se pudieron entregar las tierras a la comunidad. Lo difícil va a ser cómo van a reaccionar los Ruiz y los otros posesionarios; cómo se van a organizar con el ejido de Puente de Camotlán.
"Luego de ver cómo se movilicen vamos a tener una idea de qué va a pasar con las siguientes ejecuciones, y además también a ellos (los ganaderos) esto les está enseñando que el TUA no está jugando. Yo creo que ellos (los Ruiz) creyeron que no iba a pasar nada, y entonces ni siquiera fueron a sacar su ganado", subrayó Evangelina Robles.
Mucha violencia
La abogada informó que las últimas dos semanas en la zona -donde colinda el último poblado de la comunidad huichola, Mesa del Tirador, con Puente de Camotlán, que ya es Nayarit- "ha habido mucha violencia, los posesionarios han golpeado gente, que son de los que más han resistido y defienden su ojito de agua; llegan, tumban las alambradas y meten su ganado; incluso han mandado a la Judicial de La Yesca, y ahorita están detenidos dos wirras que agarraron en el camino, se los llevaron sin orden de aprehensión a Tepic, no les dieron oportunidad de un abogado ni de hablarle a la gente de su comunidad... son cosas que se han dado previas a la ejecución, y que creo que se van a agudizar en estos días".
El presidente del comisariado de San Sebastián, José Carrillo, informó a su vez que la comunidad logró recuperar en 2000, luego de una larga batalla legal, 4 mil 200 hectáreas en diferentes etapas; unas las tenía el ex ejido El Tule, y otras posesionarios que accedieron a ser indemnizados por el gobierno estatal.
En los años setenta y ochenta fueron 85 posesionarios los que pidieron la exclusión, pero la comunidad no pudo interponerles juicio a todos, así que empezó con los que daban más problemas.
Los abogados de AJAGI indicaron que en 2000 el magistrado Hernández González dictó 25 sentencias en favor de la comunidad -de 30 juicios que estaban en proceso-, y como ya los posesionarios habían perdido todos los recursos legales, fueron con los ejidatarios de Puente de Camotlán para que interpusieran un amparo contra las ejecuciones.
Los ejidatarios solicitaron por esa vía que se desconozca tanto la resolución presidencial del ejido como la de la comunidad, argumentando que tenían derecho a las tierras que estaban litigando la comunidad de San Sebastián y los posesionarios, ya que estaban incluidas en su mandamiento gubernamental.
A consecuencia de lo anterior, no se ejecutaron las sentencias en favor de la comunidad que había emitido el magistrado del TUA de Jalisco. Entonces están en proceso tres amparos, en los que se acumulan 22 asuntos.
En uno de esos amparos, que lleva un juez de Nayarit, sólo falta que se designe a un perito del juzgado para que haga los trabajos técnicos, pero ya van tres que rechazan la designación: uno privado, uno de la Reforma Agraria y otro del INEGI. Argumentan que no tienen recursos para movilizarse o no cuentan con el equipo adecuado. La próxima semana tendrá que resolver el juez qué va a pasar con el perito, ya que la semana pasada se determinó la acumulación de dos de los tres amparos.
Por su parte el magistrado Hernández González, entrevistado en sus oficinas en Guadalajara, afirmó que se requiere "que las autoridades políticas también coadyuven en la búsqueda de soluciones, porque luego se señala que los tribunales agrarios son los únicos responsables, pero definitivamente no es así".
