EDUCACION SUPERIOR
La SEP la tiene castigada con financiamiento de 7
mil 200 pesos por alumno
La elección de rector pone en riesgo la reforma
en la Universidad Autónoma de Guerrero
El 12 de marzo votará la comunidad Denuncian
vicios supuestamente rebasados
CLAUDIA HERRERA BELTRAN /I ENVIADA
Chilpancingo,
Gro., 4 de marzo. Asfixiada por constantes huelgas, por el desprestigio
académico y por un precario presupuesto, la Universidad Autónoma
de Guerrero (UAG) modificó su ley orgánica como apuesta para
tener un rostro más académico y sobrevivir. A escasos seis
meses de la reforma, ésta naufraga con el proceso de elección
de rector, que reproduce añejas prácticas del sistema electoral
mexicano.
A siete días de que los 61 mil estudiantes, académicos
y trabajadores de esta institución acudan a las urnas ?todos pueden
votar? se repiten las denuncias de irregularidades que supuestamente estaban
rebasadas: la existencia de un "candidato oficial", ascensos y contrataciones
a cambio del sufragio, presiones a profesores y alumnos para que voten
(en particular a los preparatorianos, que representan cerca de 60 por ciento
del padrón electoral), así como el manejo clientelar de las
organizaciones estudiantiles y sindicales, y la intromisión de partidos
políticos.
Desde los años 70, cuando la izquierda tomó
las riendas, la UAG ha sido una de las universidades públicas más
castigadas por la Secretaría de Educación Pública
(SEP). Con un gasto de 7 mil 200 pesos por alumno, ocupa el penúltimo
lugar en financiamiento, apenas por debajo de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca y muy lejos del promedio nacional, de 30
mil pesos.
En cuanto a la calidad de la educación, los problemas
son graves: la eficiencia terminal en preparatoria es de 67 por ciento
y en licenciatura 63 por ciento; el ausentismo de profesores es grave (cuatro
de cada 10 alumnos así lo manifiestan en una encuesta); con el enorme
crecimiento de la matrícula escolar ?en los pasados 30 años
pasó de 3 mil 500 alumnos a 64 mil? las aulas se masificaron y se
improvisaron profesores sin título universitario.
En busca de la utopía
La Autónoma de Guerrero ha vivido épocas
turbulentas, mezcladas con luchas sociales y anhelos de la izquierda. A
los siete meses de su creación, en marzo de 1960, se convirtió
en la plataforma de un movimiento popular contra el entonces gobernador
de Guerrero, el general Raúl Caballero Aburto. El 30 de diciembre
de ese año, un grupo de estudiantes fue asesinado en Chilpancingo,
lo que derivó en la desaparición de poderes en la entidad,
y la declaración de la autonomía universitaria.
Diez años después, el 19 de noviembre de
1971, el rector y empresario Jaime Castrejón Diez fue secuestrado
por el guerrillero Genaro Vázquez Rojas. A principios de 1972 Castrejón
renunció, lo que significó la llegada del primer rector de
izquierda en la UAG, el sociólogo Rosalío Wences Reza, impulsor
del modelo universidad-pueblo. Bajo ese proyecto, la educación preparatoria
y superior se extendió por la entidad, mientras la casa de estudios
hizo del marxismo y de la reivindicación de las causas sociales
su credo.
Con el tiempo, los costos fueron altos. En 20 años
ningún gobernador apoyó a la institución; Rubén
Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer le declararon la guerra,
y sólo a finales de los años 80 un gobernador, José
Francisco Ruiz Massieu, pisó suelo universitario. Además,
la SEP le canceló el subsidio en 1984.
Mientras, la universidad padecía internamente el
abandono de la academia, la pugna de los grupos políticos, la corrupción
y las constantes huelgas. Floriberto González, profesor de posgrado
quien en 1985 se trasladó del Distrito Federal a Guerrero en busca
del sueño de la universidad-pueblo, lo explica: "Era una lucha encarnizada
por el poder; las organizaciones políticas se dieron cuenta de que
era bastante redituable jugarle a la política en la universidad
enarbolando el discurso de izquierda, mientras la academia pasó
a último término".
Reforma de papel
El actual rector, Florentino Cruz, se hizo cargo de la
UAG el 2 de mayo de 1999 y se encontró con una institución
en crisis: "La comunidad universitaria estaba profundamente dividida, los
sindicatos anulados, el Consejo Universitario no funcionaba desde hace
seis años y terminamos pagando una deuda de 27 millones de pesos,
que correspondía a otras administraciones".
En tanto, las presiones de la SEP para que se "metiera
en cintura" a la universidad arreciaban. En este contexto, Cruz se propuso
ser el "rector de la reforma" y lo consiguió. En diciembre de 2000
se celebró el tercer Congreso Universitario ?en 1985 y 1989 se efectuaron
otros sin trascendencia?, cuyo primer resultado fue la Ley Orgánica
de la UAG, vigente desde el 1º de agosto de 2001.
En lo académico, dispuso el fin de los "feudos"
en facultades y escuelas, con la creación de redes y colegios académicos.
También decretó la apertura de la institución a todas
las corrientes del pensamiento científico.
Ante las constantes denuncias de fraudes, la más
reciente pesa contra el ex rector Hugo Vázquez (1996-1999), quien
presuntamente no comprobó 24 millones de pesos, la UAG creó
la figura de contralor general, el cual deberá ser nombrado por
el Consejo Universitario. Adicionalmente, los funcionarios tienen que presentar
su declaración patrimonial cada enero.
Para romper con la sobrepolitización, la UAG puso
nuevas reglas, aunque mantuvo el derecho de estudiantes, profesores y trabajadores
a elegir a sus autoridades mediante voto universal, directo y secreto.
El propósito era frenar los excesos: "Un día se elegía
al director de una facultad, otro al de una escuela, y no había
tiempo para hacer academia", explica el sociólogo Jesús Samper,
integrante de la Comisión de Reforma Universitaria.
Así que se efectuaron varios cambios. Como a los
alumnos se les obligaba a sufragar en sus propios salones, se instauró
el voto "libre". Se canceló la segunda vuelta, porque se prestaba
a "componendas" entre los grupos políticos. Se amplió el
periodo de la rectoría de tres a cuatro años y, en este afán
de "academizar" la institución, se pusieron candados para
ser rector; éste debe tener grado de maestría o doctorado.
En el estatuto aprobado a principios de este año,
se definió además una sola fecha para la elección
de rector (12 de marzo) y otra para la de directores y consejeros universitarios
(la última semana de mayo), y se limitó a un mes el plazo
de proselitismo. También se prohibió el uso del patrimonio
universitario para los procesos electorales y los ascensos o contrataciones
en tiempos de campaña. Esta fue la reforma de papel.
La campaña
El 11 de diciembre de 2001 la Comisión de Reforma
Universitaria tuvo que abandonar repentinamente el local que ocupaba en
el centro de Chilpancingo, luego de que la rectoría dejó
de pagar la renta. "Nos sacaron a la mala y ahí quedó la
reforma universitaria", cuenta Rafael Aréstegui, secretario técnico
de la comisión. A principios de enero, ese inmueble fue convertido
en casa de campaña del aspirante a la rectoría, Nelson Valle,
quien es señalado por sus adversarios como "candidato oficial".
Nelson Valle Rogelio Ortega y Alberto Saldaña son
los tres candidatos a la rectoría. Todos tuvieron cargos durante
la administración del actual rector y provienen o están vinculados
con su grupo político, que ahora tiene el nombre de Movimiento por
la Academia y la Reforma (MAR).
A principios de este año, Ortega y Saldaña
rompieron con el MAR, acusando al senador del PRD Armando Chavarría
de haber impuesto a Valle, en su afán de conseguir la candidatura
a la gubernatura de Guerrero y convertir a la universidad en su "caja chica".
Valle, maestro de educación básica y preparatoria,
ha sido cercano colaborador de Chavarría. Fue su secretario en la
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, además
ha recibido el respaldo público del perredista, quien en dos ocasiones
intentó ser rector de la UAG sin conseguirlo. Ante los ataques,
el legislador responde que "se exagera" su poder en la universidad.
Ortega, sociólogo que fue asesor del rector, señala
que en principio Florentino Cruz lo apoyaba para ser candidato, pero después
"me pidió que apechugáramos, que nos sometieramos a la voluntad
de Chavarría". Afuera de la universidad, afirma tener el respaldo
de políticos de todos los partidos, él lo dice, está
en conversaciones con el diputado del PRD Félix Salgado Macedonio.
Alberto Salgado fue director de la Facultad de Ingeniería
de la UAG de 1998 a 2001. Lanzó su candidatura luego de que se peleó
con Ortega, alegando que éste cometió fraude en una consulta
interna. Se identifica como independiente, aunque reconoce recibir apoyo,
pero a "título individual" de las juventudes priístas.
Como 90 por ciento de los 61 mil 320 electores son estudiantes,
y de ellos la mayoría preparatorianos (suman 36 mil), los tres candidatos
enfocan sus campañas a convencer a estos jóvenes, algunas
veces por conducto de sus profesores. Maestros de la preparatoria número
26 se inconformaron en una carta dirigida al rector, por la intención
del director de la escuela de negociar nuevas categorías a cambio
del voto favorable a Valle.
Según Ortega y Saldaña, las autoridades
han hecho un manejo "clientelar" de la nómina, ya que en un mes
se dan dado casi 300 movimientos, que incluyen ascensos, contrataciones
y recontrataciones.
Los gastos de campaña tampoco fueron regulados.
No hay topes ni el compromiso de los candidatos de demostrar la procedencia
de los recursos. Ortega y Salgado acusan a Valle de recibir dinero del
patrimonio universitario, ya que ?aseguran? la UAG pagó camiones
para el acarreo de centenares de estudiantes que participaron en
una consulta previa a la elección, además de que Valle tapizó
las calles de Chilpancingo con propaganda plástica a color.
Estas pugnas se trasladaron al estudiantado. El 1º
de diciembre, 11 alumnas que viven en la casa del estudiante llamada Antonia
Nava de Catalán denunciaron que fueron desalojadas a golpes por
supuestos seguidores de Valle. El 13 de febrero, 16 integrantes de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Guerrero (FEUG) pidieron al rector
que "sacara las manos del proceso". Florentino Cruz respondió que
estas denuncias son infundadas.
El miércoles 13 de febrero de 2002, a menos de
dos meses de concluir su gestión y en plena efervescencia electoral,
el rector recorre la Escuela de Ciencias Químico-Biológicas.
Cinco jóvenes lo rodean. Uno expone:
?Nosotros votamos por usted cuando llegó a la rectoría,
y ahora nos gustaría que nos ayudara con nuestra fiesta de fin de
año.
?Muchachos, no les puedo dar un cheque en blanco. El lío
es que estoy a unos días de irme.
?¿Queremos ver con cuánto nos va a apoyar?
?insisten.
?Compañeros, no me la pongan en términos
de que les niego el apoyo. Si quieren yo comprometo con el director (de
la escuela) la firma de que en el mes de junio la Escuela de Química
va a apoyar la fiesta de clausura de los quintos años.
?¡Pero díganos una cantidad específica!
?reclama una estudiante.
?Voy a ayudar con 10 mil pesos a lCiencias Químicas
?concluye el rector.
Un académico que atestigua el hecho, explica: "Siempre
que hay elecciones es igual, el rector hace campaña en favor de
su candidato y le ofrece a los muchachos recursos para sus fiestas o camiones
para sus excursiones. A los investigadores ni se nos acercan, porque sólo
valemos unos cuantos votos".