Plantean promover una controversia constitucional

Inconformidad de diputados por la revocación de diversos gravámenes

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

La Comisión Permanente aprobó ayer un punto de acuerdo para que el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, informe al Poder Legislativo sobre el supuesto compromiso que el funcionario asumió con el senador estadunidense Charles Grassley para eliminar el cobro de un impuesto a las bebidas que sustituyan por cualquier edulcorante el uso de azúcar, hecho que va, dijeron, en detrimento de los cañeros del país.

Se planteó también promover una controversia constitucional en contra del presidente Vicente Fox, por arrogarse facultades del Poder Legislativo, documento que fue turnado a comisiones para su dictamen. Incluso, el coordinador de los diputados del PAN, Felipe Calderón, calificó como ''sano'' que de haber alguna duda respecto de la decisión que tomó el Ejecutivo, se dirima en las instancias correspondientes.

El priísta Ildefonso Guajardo Villarreal abrió el debate sobre este tema y sostuvo en la sesión que frente a un problema de la dimensión que enfrenta la industria azucarera nacional, su grupo parlamentario se manifiesta en contra de la decisión presidencial de revocar el gravamen que por consenso de todos los partidos políticos aprobó la cámara, para imponer a estas bebidas un impuesto de entre 10 y 20 por ciento.

Sostuvo que mediante la aplicación de ''un subterfugio y una artimaña legal, ciertamente inconstitucional'', y afectando a miles de mexicanos, el Ejecutivo Federal pone de manifiesto una vez más su ''insensibilidad'' ante los problemas sociales de la nación. ''El recurso del cual echa hoy mano el Presidente, además de constituir un veto de facto a la decisión tomada por esta soberanía, está mal fundamentado'', aseveró.

Guajardo Villarreal dijo que el Ejecutivo intenta argumentar que el sentido del veto es con el propósito de proteger al sector azucarero y que en realidad se trata de una defensa del empleo. ''Ante este argumento, la pregunta es obligada: ƑA qué empleo se refiere el señor Presidente? ƑSe refiere acaso a los empleos vinculados a la industria de jarabe de alta fructosa de maíz en los estados de Iowa y Dakota?'', interrogó el priísta.

En defensa de la decisión presidencial subió a la tribuna el senador panista Fauzi Hamdan Amad, quien empezó aclarando que desde el punto de vista de su bancada, el Ejecutivo tiene ''plenas y totales'' facultades para emitir un decreto de esta naturaleza, y enfatizó que no es el primer acto de esta naturaleza que realiza un Presidente de la República.

Incluso, responsabilizó al priísta por la reducción de la cuota de exportación de caña de azúcar hacia Estados Unidos, que se deriva de cartas paralelas al margen del Tratado de Libre Comercio instrumentadas en el gobierno anterior, ''y del que usted por cierto formó parte en la Secretaría de Comercio, que ahora precisamente lo que se quiere es corregir, enmendar esta condición en perjuicio del país''.

Subrayó que la decisión del gobierno ha sido no lesionar a la industria azucarera, sino que con la suspensión temporal de este tributo se pretende lograr un acuerdo con Estados Unidos e inducir el aumento de la cuota de exportación.

De nuevo en la tribuna, Guajardo Villarreal le recordó al senador del PAN que el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece que el Ejecutivo puede tomar una acción en defensa del mayor interés nacional. ''Sería muy oportuno que le recordáramos al señor Presidente que el interés nacional no está en Dakota ni en Iowa, no está con los fructoseros ni con los maiceros estadunidenses, está con las familias de los cañeros mexicanos. šEse es el interés nacional! Ningún otro, señores''.

La senadora del Partido Verde, Sara Castellanos Cortés, se sumó al debate para señalar que ''es entendible el intento de nuestro Presidente: utiliza, llevando a su límite, las facultades presidenciales para a su modo componer los supuestos desaciertos en la reforma fiscal aprobada en diciembre del año pasado, sólo que su intervención, compañeros, es cuestionable jurídica y políticamente, además de contraproducente. Las facultades del Presidente no pueden llegar al extremo de inhabilitar la autoridad legislativa del Congreso'', dijo.

Destacó también que la disposición del Congreso es salvaguardar, mediante un impuesto, el interés de una parte de la sociedad rural representada por los cañeros y productores de azúcar, pero "se ha echado abajo sin ninguna consideración política por un Presidente que aparece como representante de los intereses de los refresqueros, y de algún gobernador de un estado norteamericano productor de maíz amarillo''.

Nuevamente subieron a tribuna los legisladores panistas, y en voz del senador Juan José Rodríguez Prats pidieron a todos los oradores modificar su discurso político. ''Ni aquí ha habido un exceso del Poder Ejecutivo en sus atribuciones, y lo que sí requerimos en el afán de conformar criterios, es una buena relación entre poderes''.

Pidió que en la comparecencia del secretario de Economía, prevista para el 20 de marzo ante la Comisión de Comercio, se contemple la política en materia de azúcar, que involucra aspectos de tipo social, económico, de tipo internacional, y a partir de esa reunión decidir lo mejor para México.

''Yo creo que nos debemos esmerar en esto, no precipitemos descalificaciones, no caigamos en suspicacias, no presumamos de antemano la mala fe o presiones de una relación que ha sido muy compleja, como ha sido la relación con Estados Unidos de Norteamérica'', resumió.