REPORTAJE

La mayoría de las víctimas son pobres

La tortura, lejos de ser erradicada, va en aumento

VICTOR BALLINAS Y JORGE ALBERTO CORNEJO REPORTERO Y CORRESPONSAL

Lejos de descender, los casos de tortura se incrementan en México. Tan sólo el año pasado en Baja California hubo un incremento de 450 por ciento en las denuncias recibidas por este delito con respecto a 2000. Aunque no existen estadísticas confiables por entidad, la tendencia es que "esta práctica, que se creía erradicada, ha vuelto a resurgir", como aseveró -en febrero del año pasado- el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.

Adultos, jóvenes y hasta niños son sometidos a tortura en todo el país. Las víctimas, en su mayoría, proceden de los estratos más pobres y marginados de la población, sobre todo indígenas, que carecen de estudios y de contactos. Y precisamente por no contar con recursos para iniciar una querella, simplemente no se hace justicia.

Los torturadores lo mismo pueden ser soldados que policías municipales, estatales o federales. De hecho, la práctica de la tortura se observa en todos los ámbitos del sistema de administración de justicia.

Amnistía Internacional (AI) sostiene en su investigación Tortura en México: impunidad amparada en la ley, que existen diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales -Human Rights Watch (HRW), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Organización de las Naciones Unidas (ONU)- que indican que la tortura es común en la investigación de delitos en México y que no ha podido ser erradicada.

Como ejemplo, en el informe se cita un documento del relator especial para la Tortura de la ONU, Nigel Rodley, quien en su visita a México, en 1997, pudo comprobar que esta práctica es empleada particularmente por agentes de las policías estatales o federales, de la preventiva y la judicial, así como por parte de personal militar.

BC, primer lugar nacional en tortura

La tortura es una mancha en Baja California, sostiene Raúl Ramírez Baena, procurador de Derechos Humanos de la entidad. En 2000, dice, sólo se recibieron cuatro quejas por ese delito, pero en 2001 hubo un incremento de 450 por ciento (se recibieron 22 denuncias). "Desafortunadamente la entidad ocupa uno de los primeros lugares en lo que hace a este delito. Una queja se presentó porque la víctima murió mientras la torturaban. Lejos de reducirse su práctica, va en aumento", asevera.

El caso de la persona que falleció por tortura ocurrió en Tijuana el 25 de mayo de 2001. Los medios locales difundieron la noticia de que un hombre involucrado en un asalto bancario, cometido el 24 de mayo, falleció a consecuencia de los abusos de la policía ministerial adscrita al Grupo contra Robos Domiciliarios y Bancarios de la Subprocuraduría de Justicia del estado.

La Procuraduría de Derechos Humanos estatal investigó lo ocurrido y comprobó que Isidro Carrillo Vega, efectivamente, había muerto a causa de la tortura que sufrió por parte de cinco agentes de la policía ministerial. "En el robo del que se les acusa se encuentran involucradas cuatro personas más. Al ser interrogadas por esta procuraduría, manifestaron que fueron detenidos por ser sospechosos de un asalto bancario cometido minutos antes de que fueran sometidos.

"Fueron trasladados a las instalaciones del Grupo contra Robos Domiciliarios y Bancarios. Ingresaron a un cuarto contiguo de manera separada. Cada uno de ellos fue torturado para que dijera dónde estaba el dinero del robo. El más golpeado fue Carrillo Vega."

Los acusados refieren: "nos cubrieron el rostro con una bolsa de plástico, nos vendaron los ojos y nos amarraron de pies y manos. Nos golpearon en los oídos. Uno a uno fuimos pasando a la tortura. Mientras golpeaban a uno, los otros estábamos hincados, con la cara hacia la pared, y nos ordenaban que no volteáramos. A Isidro lo golpearon mucho, avanzada la noche dijo sentirse mal. Ya sin vendas en los ojos, vimos que tenía los labios y las uñas amoratados. Estaba pálido. A la una de la mañana del día siguiente Isidro se desmayó al entrar a la celda. Fue trasladado al hospital general, donde falleció".

Por este hecho se determinó la consignación de la agente del Ministerio Público encargada de la investigación; del jefe del Grupo contra Robos Domiciliarios y Bancarios y de cinco agentes de la policía ministerial, quienes fueron acusados por el delito de homicidio calificado y tortura. Sin embargo, denunció el ombudsman estatal, la juez octava de lo penal no obsequió la orden de aprehensión en contra de dos agentes de la policía ni de la titular del Ministerio Público.

Queja 196/01. Tijuana. Marco Antonio Camacho Fraustro. El 12 de marzo de 2001 fue detenido por varios hombres que hoy se sabe son servidores públicos adscritos al Grupo contra Robos Domiciliarios y Bancarios. Al momento de ser detenido le vendaron los ojos, le ataron las manos con las agujetas de sus zapatos y le propinaron golpes en piernas, cabeza y cara.

Refiere Camacho Fraustro: "al día siguiente (13 de marzo) me sacaron de los separos donde estaba y me llevaron a unas oficinas ubicadas en el mismo edificio, donde nuevamente fui torturado. Me volvieron a vendar los ojos, me amarraron los pies y las manos. Me colocaban una bolsa de plástico en la cabeza y me pegaban en el pecho y en el estómago. Al otro día me volvieron a torturar".

Hace unas semanas, la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California emitió la recomendación 1/2002 que engloba cinco quejas por tortura: 191/01, 196/01, 269/01, 364/01 y 367/01; en todos estos casos los torturadores fueron los mismos policías.

Este tipo de delitos muchas veces queda impune porque las víctimas "tienen temor de denunciar los abusos, golpes, violaciones de que han sido objeto, ya que conocen casos en que aquellos que se han atrevido a presentar denuncia han vuelto a sufrir tortura", asevera AI.

En esa investigación, la organización defensora de los derechos humanos sostiene que "los vínculos entre tortura, impunidad y discriminación están profundamente arraigados. Podemos verlos siempre que un agente de policía agrede a un presunto delincuente sin temor al castigo; cuando un soldado viola a una mujer, en todos los casos el torturador está manifestando una relación de poder desigual".

AI sostiene que "la tortura es una práctica generalizada en México. Ocurre en los 31 estados y en el Distrito Federal, a pesar de la adopción de leyes destinadas a su eliminación. La tortura se puede encontrar en todos los ámbitos del sistema de administración de justicia federal, estatal y local", puntualiza.

A su vez, HRW ha documentado en sus informes anuales de 1995, 1997, 2000 y 2001 que la práctica de la tortura en México no se ha erradicado porque los autores de tal delito "gozan de impunidad". Esta organización defensora de los derechos humanos entregó al presidente Vicente Fox en diciembre pasado un estudio sobre casos de tortura e impunidad militar, para que el mandatario "tome acciones al respecto y haga justicia a las víctimas", se planteó durante la presentación de dicho informe a la opinión pública.

Uno de los casos documentados por HRW asienta: "el Ejército llegó a Cucuyachi -población del municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero- la mañana del 27 de mayo de 1997. La familia Barrientos vio descender a unos 150 soldados de dos helicópteros militares y varios camiones. La familia siguió con sus quehaceres hasta que Patricia Barrientos vio a su hermano Martín, de 17 años, sentado y con los ojos vendados junto al río. Los soldados lo rodeaban.

"Patricia volvió a su casa y contó a su familia lo que sucedía. Se dirigieron a un claro donde podían ver el río. Desde ahí observaron cómo los soldados escoltaban a Martín por la carretera que conducía fuera de la población. Los soldados se fueron y se lo llevaron. Martín volvió después de unas semanas."

Ante HRW, el joven denunció: "volvía de trabajar en los campos que están fuera del pueblo, cuando unos soldados me detuvieron. Me acusaron de ser miembro del Ejército Popular Revolucionario, me vendaron los ojos y me llevaron al río. Luego, caminando me sacaron del pueblo y esperamos largo rato para que pasara un camión con militares. Me subieron y me tumbaron boca abajo. Los soldados me pisaban.

"Creo que me llevaron a una base militar. Ahí me desnudaron. Me arrojaban agua fría. Me sentaron en una silla con las manos atadas a la espalda y me aplicaron descargas eléctricas en las piernas, pies, muslos, tórax, tetillas. Me apaleaban. En una ocasión me tumbaron sobre una mesa y me llenaron la boca y la nariz con algo como agua sucia. Me quemaba donde pasaba. Estuve dos semanas en poder de los militares. Ellos mismos me devolvieron a mi casa."

Su madre, María Cortés, relató: "lo trajeron tres hombres de pelo corto como militar. Me dijeron: 'te lo prestamos... más adelante nos lo vamos a volver a llevar'".

Martín abandonó su casa y se fue a vivir a otro estado. "Su madre dijo que el joven tenía miedo, que sufría insomnio desde que volvió." HRW sostiene que la Procuraduría de Justicia Militar no investigó los hechos. "No quiso mostrarnos las pruebas de la investigación", denunció la organización.

Los menores no escapan de los abusos

AI ha documentado decenas de casos de tortura en el país. Uno es el del joven Luis Ortiz Chagoya, de 17 años, quien fue detenido el 4 de noviembre de 2000 en Quiroga, Michoacán, por agentes de la policía municipal. Lo obligaron a confesar un robo que no cometió y a causa de la tortura implicó a un amigo de 16 años.

"Un día después de mi detención me llevaron al Centro de Readaptación y Prevención Social de Pátzcuaro -prisión para adultos, a pesar de que Luis es menor de edad-. Ahí, un agente de policía me llevó a un cuarto separado y me golpeó. Me jaló de los cabellos. Estaba yo amarrado con las manos hacia atrás. Me puso una bolsa de plástico en la cabeza.

"Después me sacaron en una camioneta blanca con vidrios polarizados y me llevaron a una casa donde dos agentes siguieron golpeándome. Querían un nombre, que inventara un cómplice de algo que no había hecho. No aguanté más los golpes e inventé el nombre, como ellos querían. Dije que mi cómplice era Elías Pedro Hurtado, de 16 años. Fueron por él al colegio y lo llevaron al reclusorio de Pátzcuaro, a pesar de que él es también menor de edad." Estuvieron un mes presos y posteriormente se les retiraron los cargos. A la fecha, AI no tiene pruebas de que se haya investigado la denuncia por tortura.

Numerosos grupos defensores de los derechos humanos han presentado denuncias ante la CNDH, la PGR y las procuradurías estatales, incluso esos casos han sido presentadas en la ONU y la CIDH. Se cuentan por cientos las víctimas que esperan justicia. La denuncia casi siempre se repite: "me desnudaron, me taparon los ojos, me dieron toques eléctricos en la boca, en los pezones, en los genitales". Todo ha sido inútil hasta ahora, esas personas que han sido víctimas de esta práctica infame aún están a la espera de que se les haga justicia.