Documentos corroboran que el Campo Militar Número Uno fue gran prisión para estudiantes

GUSTAVO CASTILLO JESUS ARANDA Y VICTOR BALLINAS

Documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) depositados en el Archivo General de la Nación confirman que el Campo Militar Número Uno fue usado como una gran prisión para mantener detenidos a líderes estudiantiles de 1968; que en esas instalaciones fueron interrogados por miembros del Ejército y más tarde puestos a disposición de agentes del Ministerios Públicos Federales auxiliares para dar apariencia de legalidad a los procesos penales que se abrieron.

Los archivos sobre esa etapa serán abiertos a consulta pública en los próximos días. Recientemente, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, precisó al respecto que lo que se encuentra ahí no será necesariamente ''todo cierto'' ni completo.

En los reportes oficiales se indica que al juez que llevó la mayoría de las causas penales contra los estudiantes no se le informó de la actuación del Ejército de manera detallada. Tampoco se dio el número real de muertos, ni que los agentes de la Policía Judicial Federal comisionados para informar de la manifestación del 2 de octubre eludieron comentar, en sus ''partes informativos'', de la posición de francotiradores en el mitin; de la revisión que hicieron militares en las unidades habitacionales y de la coparticipación de agentes de la PGR en esos cateos. Los muertos y heridos, según estos informes, sólo fueron ''integrantes de seguridad''.

Raúl Alvarez Garín, ex dirigente del Consejo Nacional de Huelga (CNH), asegura que esta documentación, en poder de La Jornada, constituye la primera evidencia oficial del uso de instalaciones militares con fines represivos, y de la coordinación que hubo entre el Ejército, la PGR y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en los hechos ocurridos el 2 de octubre.

Quince expedientes de la PGR, de los cuales se obtuvo copia, ponen a la luz que las reuniones de organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas y juveniles, así como de intelectuales y dirigentes del Partido Comunista de México, estuvieron vigiladas siempre por integrantes de la Policía Judicial Federal, la DFS e incluso del Ejército, quienes reportaban las actividades cotidianas de los líderes y de los propios movimientos sociales y políticos.

Los informes policiacos indican cómo, desde febrero de 1968, las actividades de los grupos estudiantiles en las universidades públicas eran "monito-readas" por infiltrados, quienes en sus documentos ponían énfasis en las consignas contrarias al gobierno y la intención de "imponer un régimen comunista".

Las detenciones de líderes estudiantiles desde julio de 1968 se fundamentaron -según la PGR- en los delitos de rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, despojo, ataques a las vías generales de comunicación y robo. A partir del 2 de octubre se les añadieron otros cargos: falsificación de documentos, homicidio y lesiones, acopio de armas y despojo.

La constante para consignarlos y dictarles auto de formal prisión fue su pertenencia y participación en organizaciones estudiantiles y políticas. Según la autoridad, la prueba contundente en su contra fue "que se hacen cargos mutuamente, aceptan en forma pormenorizada la intervención de cada uno de ellos en las reuniones, juntas, manifestaciones y mítines de carácter subversivo que se llevaron a cabo desde el 26 de julio y culminaron con los acontecimientos del 2 de octubre. En esas reuniones se planeó todo, cada uno de los hechos constitutivos de delitos, los ejecutaron o bien, indujeron a otros a cometerlos".

Las acciones del Ejecutivo Federal contaron con la complacencia del Poder Judicial Federal por conducto del juez primero de distrito en materia penal, Eduardo Ferrer MacGregor, quien consignó y dictó autos de formal prisión en la mayoría de los casos.

Los detenidos en Tlatelolco fueron muchos, se desglosaron por partes, se les agrupó en distintas averiguaciones previas. Pero los que se mencionan como detenidos en el Campo Militar Número Uno eran sobre todo dirigentes estudiantiles.

 Según los documentos, lo ''sucedido el 26 de julio fue el pretexto para iniciar la campaña de desprestigio contra el gobierno'' y enfrentarse a la policía preventiva.

Ese día ?fecha en que se celebró el 15 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, y el triunfo de la Revolución Cubana es señalado como el inicio formal de los hechos que se fueron sucediendo para ''quitar al gobierno constitucional'', hasta concluir en la matanza del 2 de octubre.

En esa fecha se dio la detención de decenas de dirigentes estudiantiles e integrantes del Partido Comunista por ''daños en propiedad ajena, destrucción de casetas telefónicas'' y otros delitos. Entre ellos Arturo Zama Escalante, Salvador Ríos Pérez, Arturo Martínez Nateras y Gerardo Unzueta, todos dirigentes del Partido Comunista.

El 31 de julio se decretó auto de formal prisión a los detenidos por sedición y asociación delictuosa.

Se argumentó que ''al término de la manifestación del 26 de julio secuestraron autobuses y trolebuses, los quemaron y provocaron daños diversos con bombas incendiarias a edificios, asaltaron comercios y atacaron a la policía''.

El 26 de septiembre se inició proceso penal contra decenas de intelectuales y académicos que apoyaban el movimiento estudiantil, entre ellos: Eli de Gortari, Manuel Lerma Kirchner, Julio Boltvinik, Renán Enrique Cárdenas, Adela Salazar, Sergio Rodríguez... acusados todos de rebelión, asociación delictuosa, sedición y ataques a las vías generales de comunicación.

En su declaración, transcrita en tercera persona, al igual que la de José Revueltas, Eli de Gortari ''admite que es miembro coordinador de la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior; otra prueba la constituyen los partes rendidos por la Policía Judicial Federal en los que se señala al indiciado que presidió la asamblea del 8 de agosto en el Auditorio Justo Sierra de la UNAM, en el que se acordó realizar un paro nacional de maestros; integrar un tribunal para juzgar a las autoridades por violaciones a la Constitución y a la autonomía universitaria; organizar un acto que resulte tumultuario para expresar solidaridad con los estudiantes...''

Bastaba la confirmación de asistencia a las marchas y su militancia en organizaciones estudiantiles para que la justicia federal considerara esos hechos como prueba contundente. Según el parte informativo de los agentes de la Policía Judicial Federal números 283, 413, 419 y 549, en la Plaza de las Tres Culturas ''se reunieron aproximadamente 4 mil personas, entre estudiantes y gente del pueblo en general''.

A las 17 horas comenzó el mitin y quien era el presentador de los oradores ''expuso que sobre la calle de Mosqueta se encontraba un gran contingente de soldados con tanques, lo cual sería motivo de suspensión de la manifestación''.

Luego hablarían tres oradores, uno de ellos de la Escuela Superior de Economía.

A las seis de la tarde con 10 minutos ''miembros del Ejército Mexicano empezaron a concentrarse en la Plaza de las Tres Culturas por las avenidas San Juan de Letrán Norte y Sur, y los curiosos que estaban sobre dicha avenida empezaron a dar la voz de alerta y a dispersarse de inmediato; mientras tanto, el orador en turno les pedía que guardaran calma y que no aceptaran provocaciones, ya que nada pasaría, pero en esos momentos se lanzaron dos luces de bengala de color verde al aire, mismas que cayeron entre los asistentes al mitin.

''En el edificio Chihuahua (donde estaban concentrados los oradores del CNH) empezaron a partir ráfagas de diferentes calibres y el Ejército se parapetó de inmediato generalizando posteriormente la balacera con duración aproximada de una hora.

''Durante el tiroteo, aproximadamente en el décimo piso del edificio Chihuahua, empezaron a salir llamaradas, lo cual provocó pánico entre los habitantes de la unidad.''

A las 20:30 horas, ''en la esquina de Lerdo y Nonoalco fueron incendiados dos autobuses por elementos desconocidos. Se escucharon tiros aislados que motivaron que toda la gente se parapetara entre los automóviles y en los departamentos del ISSSTE y del Banco Nacional Hipotecario''.

A las 23:30 horas, ''nuevamente se generalizó el tiroteo abarcando toda la zona, con motivo, al parecer, por la salida de las personas que habían sido detenidas''.

Cerca "de las dos horas (del 3 de octubre), la calma prácticamente fue completa. Las ambulancias de las cruces Roja y Verde estuvieron en completa actividad recogiendo a las personas heridas y a las que al parecer estaban muertas''.

Decenas de personas fueron detenidas y enviadas al Campo Militar Número Uno, y en ese lugar ''se dio fe de una gran cantidad de armas, pistolas, rifles y metralletas, así como cartuchos, binoculares, radios transmisores y receptores y otros objetos relacionados, todo ello recogido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y en diversas unidades habitacionales próximas a la mencionada plaza'', indica el informe enviado al juzgado primero de distrito como parte de las pruebas con las que se inició proceso penal a los estudiantes detenidos.

La PGR también entregó al juez Eduardo Ferrer Mac Gregor ''actas y certificados médicos y de autopsias, relativos a personas que resultaron muertas y lesionadas en los acontecimientos''; ello, como parte de la acusación por ''lesiones y homicidio contra agentes de la autoridad''.

Entre los documentos entregados destaca el siguiente informe: ''El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, y sus alrededores, fueron detenidas varias personas por miembros del Ejército Nacional, las cuales fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República en el Campo Militar Número Uno, en donde les tomaron sus respectivas declaraciones a: Sócrates Amado Campos Lemus, Gilberto Ramón Guevara Niebla, Pablo Gómez Alvarez, Luis Oscar González de Alba'' y al menos otras 27 personas, señalan las ''pruebas documentales'' aportadas por la PGR al juzgado primero de distrito para iniciar el proceso penal 272/68 en contra de los líderes del CNH.