Podrá imponer mayores sanciones a quienes incurran en actos de corrupción

Secodam, facultada para investigar evolución sospechosa del patrimonio de los funcionarios

Se publicó nueva ley que busca corregir conductas irregulares de servidores públicos

JESUS ARANDA

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) podrá realizar desde hoy investigaciones o auditorías para verificar la evolución patrimonial de servidores públicos "cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio del funcionario es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pueda tener".

Además, la dependencia que encabeza Francisco Barrio podrá imponer mayores sanciones a quienes incurran en actos de corrupción, los cuales también fueron tipificados para que la sanción corresponda a la falta cometida.

Al publicarse ayer en el Diario Oficial de la Federación el decreto de entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Secodam amplía sus facultades para aplicar la normatividad de manera "más eficiente", con el objetivo de corregir conductas irregulares de funcionarios gubernamentales, así como prevenir actos ilícitos y de corrupción en la administración pública federal, afirmaron fuentes oficiales.

La nueva ley añade que la Secodam sólo tendrá que "fundar y motivar" su acuerdo para citar al servidor público que presente inconsistencias en la evolución de su patrimonio, con el propósito de que éste manifieste lo que a su derecho convenga.

Pero si la dependencia considera que el sujeto no justifica la licitud de un incremento sustancial de su patrimonio, está facultada para hacer la consignación correspondiente ante el Ministerio Público. En este caso, la secretaría participará como coadyuvante de la autoridad en el procedimiento legal respectivo.

El artículo 42 de la citada ley precisa que para tal efecto, la dependencia "citará personalmente al servidor publico" y le hará saber las causas de la investigación, "señalándole incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio para que, en 30 días hábiles, la secretaría formule las aclaraciones pertinentes y emita una resolución en los 15 días siguientes".

Esa facultad de la Contraloría subsistirá por todo el tiempo en que el funcionario desempeñe su cargo y hasta tres años después de haberlo concluido.

Como complemento de esa disposición, la nueva ley establece que las dependencias, entidades e instituciones públicas estarán obligadas a entregar a la Secodam la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos por sí solos obtuvieron su patrimonio.

Así, cuando un funcionario reciba de una persona "algún bien o donación" que exceda diez veces el salario mínimo vigente, deberá informarlo a la Secodam en un plazo no mayor de 15 días para que "la secretaría determine, a fin de ponerlo a su disposición", además de que se llevará un registro de dichos bienes.

Por otra parte, la Secodam contará con nuevas herramientas para combatir la corrupción, entre ellas la ampliación de los plazos de prescripción para imponer sanciones administrativas, ya que en el caso de infracciones graves, tendrá hasta cinco años para aplicar la sanción, y tres años para faltas no graves.

También se prevé la obligación de los servidores públicos de abstenerse de autorizar obras o inversiones públicas que lo favorezcan a él o a sus familiares hasta de cuarto grado, o a personas con quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios.